La restitución que reivindica la memoria de Zona Bananera

Calixto Miranda y Petrona Meriño, representantes de 49 familias beneficiadas con la sentencia. / Cristian Garavito

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Amenazas, intimidaciones, asesinatos y el despojo de alrededor de 127 hectáreas de tierra marcaron durante los últimos 30 años la vida de los campesinos que habitan Zona Bananera, en Magdalena. Los predios baldíos a los que llegaron a finales de los ochenta para cultivar les han significado una lucha que hasta ahora parece terminar. Con el fallo de última instancia del Tribunal Superior de Cartagena, que ordena devolverles a 49 familias campesinas víctimas del paramilitarismo los predios denominados Las Franciscas I y II, intentan emprender un nuevo camino.

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Petrona Meriño Cáceres, conocida como la señora Petra, es una de las beneficiadas de la decisión judicial. Ella tuvo que abandonar la tierra en la que había cultivado tomate, ají y corozo cuando asesinaron a su esposo, José Concepción Kelsi, uno de los líderes de la zona, el 14 de marzo de 2014. “Unos hombres armados llegaron y hablaron con él mientras yo estaba haciéndole una colada a la niña. Oí que dijeron: ‘Necesitamos que nos desocupen esto’”.

Eran paramilitares, al parecer, al servicio de compañías multinacionales que querían explotar las tierras. Mientras los demás habitantes empezaron a empacar sus cosas, José Concepción decidió quedarse. La señora Petra recuerda que él se fue en bicicleta a un comité de la región y luego llegaron los hombres que estaban preguntando por él, a bordo de una camioneta y una moto. Lo asesinaron en medio de la reunión. Este hecho marcó un éxodo masivo de campesinos de Zona Bananera.

A quienes intentaban volver por sus enseres, sacar alguna cosecha o cruzar la cerca les significaban amenazas e intimidaciones. “Nos tomaban fotos. Nadie podía entrar. A los tres meses la multinacional Dole mandó a buscar a todos los campesinos para que se presentaran en La Teresa, una finca que tenían en Orihueca. Fuimos. Nos dijeron que ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado ahí, que ellos lo que querían era que nosotros les vendiéramos las mejoras. Que iban a pagar $1’500.000 por cada hectárea. Yo dije: ‘Bueno, que me den, porque no tengo casa ni nada”. Ella no tenía un centavo. La misma comunidad había hecho una colecta para el ataúd y el funeral de José Concepción. No tuvo más opción que aceptar.

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Pero el legado de violencia es mucho más largo. Manuel Calixto Miranda llegó a esa zona hace 30 años con la esperanza de que se pusiera en marcha el intento de reforma agraria que impulsó Carlos Lleras Restrepo, para que las organizaciones campesinas ocuparan terrenos que estaban siendo inexplotados o baldíos de la nación con el fin de generar una reactivación productiva. “Las tomamos, con la pretensión de hacer gestiones para quedarnos con ellas. En ese entonces, el señor Antonio Riascos nos hizo salir de allí con gente armada. Después, ellos se fueron y las tierras quedaron en manos de una compañía que empezó a cultivar banano. Por allá a mediados de los 90 las abandonaron. Las tierras quedaron nuevamente solas. Regresamos y empezamos a cultivar”.

Calixto cuenta que en ese momento el Incora les dio el aval para cultivar guayaba, limón, yuca y plátano, además del banano. Pero los armados no tardaron en aparecer. En 2001, paramilitares del frente William Rivas asesinaron a los hermanos Gustavo, Miguel Ángel y Jorge Alberto Teherán Pérez, campesinos de la región. “Eso nos dejó desconcertados porque no habíamos recibido amenazas, no sabíamos cuál era el motivo. Pasado un tiempo, regresaron. Los paramilitares nos dijeron que debíamos desocupar las tierras, de lo contrario nos asesinaban”. En 2005, los paramilitares del mismo frente asesinaron al entonces presidente de la asociación campesina, Abel Antonio Bolaños.

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¿Nuevas trabas?

“Cuando me dijeron que íbamos a recuperar las tierras sentí una alegría inmensa, y a la vez estaba un poco preocupado, porque la gente que las reclama tiene mucho poder económico. Ahora mismo sabemos que metieron una tutela en la que piden la nulidad del proceso”, asegura Calixto, quien a la fecha tiene que seguir viendo desde lejos el predio que le corresponde, conocido como Laura Marcela. En la comunidad se asegura que la multinacional que explota la tierra en cultivos agroindustriales de banano presuntamente habría acudido a la acción de tutela para dilatar el proceso de restitución de tierras.

Jhenifer Mojica, subdirectora de litigio en tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, que acompaña a las comunidades desde 2011, ganadora del Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos por su defensa de las tierras de los campesinos, asegura que esta entidad aún no ha confirmado la existencia de acciones de tutela para dilatar el proceso. “Lo cierto es que este pleito, que según la ley debe durar cuatro meses, se prolongó por cinco años”.

Sin embargo, la sentencia reconoce los hechos victimizantes que afectaron a la comunidad: que hubo violaciones graves, como el asesinato de algunos líderes, el desplazamiento y el despojo de toda la población.

El fallo también ordena que se les conceda a las 49 familias una restitución material consistente en vivienda, proyectos productivos, asistencia técnica, acompañamiento para el desarrollo productivo, seguridad y medidas de protección para los líderes en caso de que sean amenazados.

Las familias confían en que la letra sea realidad y que los hechos violentos que marcaron su pasado no se repitan.

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