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Un día como hoy hace nueve años, 18.000 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) pudieron saldar sus deudas con la justicia colombiana. Gracias a la Ley 1424, un grupo de excombatientes cuyos delitos no eran graves violaciones de derechos humanos obtuvieron el beneficio de libertad condicionada. Los únicos compromisos que debían cumplir eran, por un lado, continuar con su proceso de reincorporación, que incluía servicios a la comunidad, y por el otro, contribuir con el esclarecimiento de la verdad sobre el fenómeno paramilitar.
Con esta ley, más de la mitad de los paramilitares se salvaron de ir hasta los tribunales de Justicia y Paz. Sin embargo, debían seguir al pie de la letra los requerimientos exigidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), la entidad encargada de certificar su aporte de verdad al país. Su contribución era fundamental, pues el Estado tenía la obligación de esclarecer la verdad para las víctimas y garantizar la no repetición de este grupo armado. Un proceso similar a lo que hoy está ocurriendo en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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En entrevista con este diario, Jenny Juliet Lopera Morales, directora de los Acuerdos de la Verdad, como se llamó a este mecanismo, cuenta cuál ha sido el balance de este proceso de esclarecimiento y sus aprendizajes. Resalta que hoy el CNMH alberga el mayor repositorio de información del paramilitarismo en Colombia y su importancia para entidades como la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Comisión de la Verdad.
¿Cuál fue el trabajo del Centro de Memoria durante estos nueve años?
Nuestra misión, de acuerdo con las leyes, era certificar a 18.306 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que aceptaron entregar sus armas. Esas personas, y esto es importante aclararlo, no estuvieron cobijadas por la Ley de Justicia y Paz. Pertenecen a otro grupo que tenía procesos por justicia ordinaria, pero que no eran graves violaciones a los derechos humanos, es decir, debían responder por concierto para delinquir, porte ilegal de armas o uso indebido de prendas privativas de la Fuerza Pública. Lo que se determinó es que ellos no entraran a Justicia y Paz, sino que siguieran sus casos en la justicia ordinaria, pero que dentro del proceso de desmovilización tuviesen unas obligaciones en materia de reparación a las víctimas y esto les trajera consecuentemente beneficios penales. Para ello debían estar en un proceso de reintegración, prestar un servicio social y contribuir a la verdad. Ese fue el reto del Centro de Memoria: diseñar el mecanismo administrativo no judicial de esclarecimiento de la verdad y construcción de la memoria. A cada desmovilizado le certificamos si contribuyó o no al esclarecimiento de la verdad. Eso requirió un diseño legal para que estas personas dieran su testimonio. Por un lado se realizó una metodología de contexto que permitió hacerles preguntas a los desmovilizados en términos de tiempo, rol, estructura y lugar, y obtener información sobre el surgimiento, las dinámicas y los impactos que esas estructuras paramilitares tuvieron en el país. Por el otro estaba la entrevista que emitía un acto administrativo y así se veían obligados a asistir. Hay que aclarar que nosotros no juzgamos si se cometió un delito o no. Solo certificamos si se contribuyó o no a la verdad.
¿Entraron al proceso los 18.000 que les notificaron?
Sí, aunque debieron entrar más. Luego supimos que hubo una cantidad de desmovilizados que no se suscribieron al acuerdo. Algunos lastimosamente han fallecido. Otros presentan discapacidades físicas o enfermedades mentales que les han impedido contribuir con su testimonio al esclarecimiento. Otras personas las hemos tenido que certificar como renuentes, es decir, no acuden al proceso. Como han pasado años, cada vez es más difícil encontrar a los últimos desmovilizados que nos faltan. Y digo últimos porque en este momento hemos certificado más de 15.000 de esos 18.306. Y de esos, hoy tenemos más de 13.000 entrevistas, que están acopiadas y conservadas en el CNMH. Hoy podemos decir que la Dirección de Acuerdos de la Verdad es el mayor repositorio de información del paramilitarismo en Colombia. De esos testimonios hay 55.000 horas de grabación, que son más de 4.000 GB de información en más de 220.000 archivos digitales. Y tenemos 17.800 expedientes de contribución.
¿Qué están haciendo con esa información?
La Dirección de Acuerdos tiene dos grandes procesos. El primero es el de certificación. El segundo es que con la información que tenemos debemos producir informes que den cuenta de esas estructuras paramilitares: cómo se crearon, dónde operaron y cuáles fueron sus impactos y sus daños en el territorio y en las víctimas. Entonces hemos entregado varios documentos, como el de las Autodefensas Campesinas de Neiva y Vichada o el informe del los bloques Calima y Tolima. Estamos terminando los de Magdalena Medio, Central Bolívar, Centauros y Cundinamarca. Y nos falta avanzar en uno del bloque Mineros. Finalmente, haremos un documento adicional sobre las sentencias de Justicia y Paz de diferentes estructuras que operaron en Darién, Urabá antioqueño y el sur de Córdoba.
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¿Quién tiene esa información?
Nosotros y el nuevo sistema. Todo se lo entregamos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), las nuevas entidades creadas con el Acuerdo de Paz. También les dimos 100 objetos de los desmovilizados que para ellos fueron emblemáticos: un diario, una camiseta, una medalla. Uno piensa: ¿para qué sirve esto? Eso es el esclarecimiento. Si un desmovilizado nos entregó una medalla, pues eso da cuenta de que había unas formas de entrenamiento dentro de las estructuras que eran premiadas, por ejemplo. Esto nos ayuda a hacer lecturas contextuales. Tenemos también un diario en el que un excombatiente cuenta cómo entró a la estructura, por qué se retiró, por qué ingresó. Esos son elementos muy importantes.
¿Cómo vienen trabajando con estas entidades?
Con la Unidad, por ejemplo, ha sido importante porque dentro de los relatos de los desmovilizados se encuentra información que puede ayudar a la búsqueda de personas desaparecidas. Tenemos cartografías donde se señalan los campamentos, los caminos de controles territoriales, los espacios de combates y donde se encontrarían fosas. Y a la Comisión le hemos compartido los informes analíticos del paramilitarismo que podrían servirles para el informe final.
Este ejercicio recuerda que el país ha dado beneficios penales a cambio de verdad, como lo hace la JEP...
Sí. Y esto es muy importante. Una de las cosas que más exponemos en el diálogo es que Colombia ya tiene un antecedente en el proceso de esclarecimiento de la verdad. Esto es importante porque dentro de los procesos de justicia transicional en otros países hubo ejemplos, pero tener un mecanismo administrativo de contribución a la verdad es único en el mundo.
Usted habló de los informes y esta semana se lanzará uno nuevo sobre el análisis cuantitativo del paramilitarismo. ¿Cuáles fueron sus principales hallazgos?
Dentro de este proceso hemos identificado en estas entrevistas que en Colombia operaron 39 estructuras paramilitares. En el marco de la Semana de la Memoria vamos a tener el lanzamiento del informe. Pero como abrebocas puedo decir que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que un alto porcentaje de las personas entrevistadas se vincularon a las estructuras paramilitares en los años de la desmovilización, entre el 2003 y el 2006. Una paradoja que debemos analizar en profundidad. Otra de las cosas que hemos hallado es que muchas de las estructuras surgieron por disputas internas. También notamos que las masacres fueron determinantes para la entrada y apertura de los procesos de control territorial.
¿Qué hallaron entre las características de los excombatientes de las autodefensas?
Aquí hay un panorama importante y es el de víctima-victimario. La mitad de ellos señalan haber sido víctimas del conflicto armado antes de ingresar a la estructura. Por otro lado, la mayoría de estos victimarios solo hicieron básica primaria y su ingreso a los grupos estuvo motivado por las carencias económicas. Y claro, la mayoría ingresó cuando era joven. Esta información tiene que servirle al país. Aquí hay lecciones aprendidas sobre la prevención de las violaciones de derechos humanos y las garantías de no repetición. Las políticas de los derechos humanos e igualdad deben estar enfocadas en esos lugares donde confluyen los actores armados, donde hay pobreza. Los más vulnerables son los jóvenes que no tienen oportunidades. El asunto aquí no es llenarnos de un montón de datos sino que como sociedad reflexionemos cómo esto nos ayuda para que no se vuelva a repetir.
A veces los informes se quedan en anaqueles y no inciden en lo social. ¿Cómo cambiar esto?
Estamos en el proceso de producción, pero sin duda uno de los retos es pensar para el año entrante, cuando lleguen los nuevos alcaldes y gobernadores, cómo articulamos con las entidades territoriales para socializar los informes y tener incidencia en la construcción de planes de desarrollo, porque allí es donde se pueden establecer los indicadores y los presupuestos para poderle apuntar a estas acciones de pedagogía, prevención y promoción. Sin embargo, ya hemos hecho socializaciones en diferentes territorios, donde buscamos a las víctimas, quienes quieren conocer la verdad de lo que sucedió.
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