Las 180 leyes anticomunistas en Colombia que habrían azuzado el conflicto armado

Jaime Caycedo, secretario del Partido Comunista, denunció ante la Comisión de la Verdad, que les siguen llegando amenazas. / Comisión de la Verdad.

En 1888 el gobierno del presidente conservador Carlos Holguín promulgó la ley 61 que le daba facultades al Estado para que, "en defensa del orden público y la propiedad privada, inspeccione, vigile y clausure las asociaciones científicas e instituciones docentes que, bajo pretexto científico o doctrinal, sean foco de propaganda revolucionaria o de enseñanzas subversivas”, sin especificar a qué se referían con esto, pero en un tiempo en que el gobierno conservador no aceptaba otras formas políticas y ya se difundía en Colombia el Manifiesto comunista, uno de los tratados políticos más influyentes de la historia, escrito pr Karl Marx y Friedrich Engels. 

Las expresiones usadas en esta ley, para el Partido Comunista Colombiano (PCC), han sido comunes en 130 años de legislación que creen “restrictiva, excepcional y autoritaria”. Esta ley configura el inicio de la investigación que adelanta el PCC y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) sobre cómo se ha legislado en Colombia en contra del comunismo. En este rastreo, que inicialmente contemplaba los años del conflicto que reconoce el acuerdo de paz firmado entre el Estado y la guerrilla de las Farc en 2016 (1954-2016), decidieron mirar antecedentes que podrían explicar la aversión que llevó, incluso, a declarar el comunismo como ilegal y que justificó el alzamiento armado de la guerilla de las Farc.

Esta investigación les ha arrojado, hasta el momento, un total de 180 leyes y decretos que consideran anticomunistas. Unas leyes son más directas que otras, especialmente cuando se crea el Partido Comunista en 1930, y, además, explican momentos como la Guerra Fría y el exterminio que ha sufrido la izquierda en Colombia, como en los años 70, 80 y 2000.

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Jaime Caycedo, secretario del Partido Comunista, quien asistió a la Comisión de la Verdad el pasado 11 de febrero para hablar del anticomunismo en Colombia, explica que después de la creación del PCC hay un “punto de viraje, de los años 48 y siguientes. Que es el periodo en el que se instaura un anticomunismo de la Guerra Fría específico para Colombia y para América Latina. Se hace a través de la resolución 032 de la OEA, de la conferencia panamericana de ese año, que por primera vez comprometió al conjunto de los Estados integrantes a desarrollar acciones de prevención y represión al comunismo como una amenaza extracontinental. Ahí se comienza a prefigurar la noción del enemigo interno”.

Luego, dice Caycedo, “vienen todas las normas que autorizaron la participación de Colombia en la guerra de Corea y la legislación del gobierno de Laureano Gómez, que es fundamentalmente represiva, la reorganización del Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), que fue tenebroso en su momento. Y luego el golpe de estado del 13 de junio de 1953 y la llegada al gobierno de Rojas Pinilla”. Entonces, en 1954, se expide el Acto Legislativo 6 de 1954. “Por el cual se decreta la prohibición del comunismo internacional”. En ese momento el PCC pierde la personería jurídica.

Viene entonces el Decreto 434 de 1956, que dice que el comunismo “atenta contra la tradición y las instituciones cristianas y democráticas de la República, y perturba la tranquilidad y el sosiego públicos”. Después de esto, explica José Rubiel Vargas, secretario ejecutivo del CPDH, sobrevienen unas consecuencias para los ciudadanos que estaban alineados con el comunismo, tanto en sectores rurales como urbanos.

El desplazamiento y las masacres

El Estado continuó promulgando leyes que le permitían actuar contra el que consideraban que era el “enemigo interno”: el comunismo. Se declaró Estado de sitio en decenas de ocasiones, decretos que también están contados dentro de las 180 leyes anticomunistas, y vino la persecución. En pleno Frente Nacional, familias comunistas y liberales tuvieron que desplazarse desde finales de los años 50. Salieron de Tolima y Huila, pasando por el páramo de Sumapaz y llegando hasta el Meta, donde colonizaron lugares como El Castillo y El Dorado. Y en 1964 se funda la guerrilla de las Farc, lo que sigue configurando la idea el enemigo interno. El Partido Comunista para entonces apoyaba "todas las formas de lucha", es decir, también la lucha armada de las guerrillas.

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Esta, la región del Alto Ariari, y otras como el Madgalena Medio y el Urabá, tuvieron una amplia influencia comunista, y a partir de 1972, cuando se levantó el Frente Nacional y los comunistas pudieron volver a participar en política y se eligieron candidatos a concejos y asambleas. Sin embargo, en los años siguientes se expidieron decretos que, como el 2578 de 1976, les daba facultades a las autoridades para detener personas simplemente por sospecha, y decían cosas como: “Los que, por sus antecedentes, actividades, hábitos o formas de vivir, estén en situación que haga temer que van a incurrir en delito o contravención”.

Para estos años, han documentado, se detuvieron direcciones sindicales enteras, especialmente después de la expedición del llamado Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978), que, diciendo que iban a enfrentar ese “enemigo interno subversivo”, las Fuerzas Armadas tuvieron la potestad de, de nuevo, arrestar a civiles por sospecha, así como de poder juzgarlos en consejos de guerra verbales.

“Comenzó a haber el exterminio de los concejales en distintas partes del país. Ese fue un periodo muy duro. Hay medidas restrictivas, pero fundamentalmente es el Ejército el principal factor de persecución política. Por una parte, asesinatos y desapariciones, pero por otra parte consejos de guerra contra compañeros, sobre todo dirigentes sindicales. Yo me acuerdo del consejo de guerra de Yacopí contra dirigentes agrarios de este municipio de Cundinamarca, que fue una cosa escandalosa. Entre otros, porque estábamos bajo Estado de sitio, pero además la Justicia Penal Militar todavía podía funcionar para civiles y eso solo lo acabó la constituyente del 91”, dice Caycedo.

Luego, entre 1985, con la conformación del partido Unión Patriótica (resultado de un proceso de paz entre el Estado y las Farc), y 1988, con la primera elección popular de alcaldes, viene otro momento de exterminio, esta vez por medio de masacres paramilitares que, precisamente, suceden en el Alto Ariari, el Magdalena Medio y el Urabá.

Con la Constituyente de 1991 desaparece el Estado de sitio permanente, con lo que la legislación ya no puede ser tan libre, y el Estado de conmoción interna es temporal. “Hubo respiros”, dice Jaime Caycedo. Sin embargo, recalca otro periodo duro para los comunistas, y es la llamada Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe en 2002. Aparece, por ejemplo, el Decreto 3222 de 2002, por el que se reglamenta parcialmente el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto-ley 356 del 11 de febrero de 1994. En este se crean las Redes de Apoyo y Solidaridad Ciudadana, que describe la ley de 1994, llamadas también Convivir, que podían portar armas y en las que se camufló el paramilitarismo.

José Rubiel Vargas dice que, con esta investigación, que esperan presentar pronto a la sociedad civil y a la Comisión de la Verdad, quieren dar cuenta del “genocidio continuado contra la izquierda colombiana”, y que estas leyes han sido el piso jurídico que lo ha permitido. Quieren que la Comisión de la Verdad indague por la responsabilidad estatal en la estigmatización, el desplazamiento y el asesinato de los comunistas colombianos.