Las heridas psicológicas que no han podido superar los militares que vivieron el conflicto

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Problemas de drogadicción, alcoholismo, delirios de persecución, personas que quedaron en condición de calle y hasta suicidios, son algunos de los rezagos que tienen varios exsoldados que vivieron la guerra de frente. Los relatos llegaron a la JEP y la Comisión de la Verdad hace más de un mes, pero ninguna de las dos entidades abrieron un espacio para presentarlo públicamente.

Jair Riveros tiene la voz temblorosa, algo quebrada y un poco agitada. Dice que no volvió a ser el mismo desde hace 21 años. Tiene pensamientos tormentosos que no lo dejan dormir en las noches cuando por sus recuerdos se pasean los lamentos, quejidos, llantos, el sonido de las balas y los fusiles con los que vivió durante un año y medio, cuando fue secuestrado por las extintas Farc después de la toma de Miraflores (Guaviare) el 3 de agosto de 1998.

Se reconoce a sí mismo como una persona insegura y lamenta todos los días no poder tener una vida “normal” como la que siempre soñó antes de que el Ejército se lo llevara a prestar el servicio militar en contra de su voluntad, a sus 18 años. Ha pasado la mitad de su vida tomando medicamentos para controlar la ansiedad, la depresión y los episodios violentos que se apoderan de él y lo dejan sin respiración. Eso, sin contar la cantidad de terapias y procedimientos para mermar las heridas que le dejaron los combates en su cuello, costillas, rodillas y columna.

Aunque intenta contar cronológicamente su vida, dice que se acuerda de lo que vivió por partes. Vuelve y comenta que quisiera borrar de su memoria todos los episodios que le dejó la guerra con la antigua guerrilla de las Farc, pero de lo que más quisiera olvidarse es de los siete años que estuvo como habitante de calle, con problemas de alcoholismo y drogadicción justo después de salir de la vida militar. “A mí me sacó de la calle un hermano, que me dijo que intentara superar los traumas que tuve en las filas y que quería que yo consiguiera un trabajo para comenzar de cero pero nunca he podido trabajar en una empresa. Siempre me rechazan las trabajadoras sociales porque yo quedé con estrés postraumático y delirios de persecución”, cuenta.

Su historia de vida, aunque parece particular, es más común de lo que se cree. La Corporación Mil Víctimas en su informe “Militares víctimas y sus familias en el marco del conflicto armado” reportaron la historia de 101 soldados que quedaron con rezagos psicológicos después de lo que vivieron durante la confrontación armada, pues nadie está preparado para la guerra. Sebastián Moreno, abogado de la Corporación, dice que los casos que investigaron son las tomas guerrilleras en Gutiérrez (Cundinamarca), Dabeiba (Antioquia), Las Delicias (Putumayo) y Miraflores (Guaviare).

El documento, que tiene 168 páginas, fue entregado a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 21 de julio de este año, como insumo sobre un tema tan presente pero, al parecer, invisible y silencioso: la salud mental. Sin embargo, la Corporación tiene una molestia con ambas entidades porque, aunque no es obligación, el informe no fue presentado públicamente como muchos de los otros documentos que reciben a diario. “Nos quedamos esperando que nos programaran para presentar públicamente el informe porque creemos que es muy importante para las víctimas que se interesen por sus historias y que el país las conozca”, dice Moreno.

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El Espectador se comunicó con la JEP y la Comisión de la Verdad para conocer por qué no se hizo un acto público para la recepción del informe, sin embargo, no fue posible obtener una respuesta.

La Corporación Mil Víctimas se encarga de asesorar y representar, en su mayoría, a militares y exmilitares víctimas del conflicto armado; por eso, trabajan de la mano con entes gubernamentales para lograr la consolidación de información. Sin embargo, para esta investigación el aliado fue la Fundación Hanns Seidel Stiftung. “La atención a salud mental es una deuda muy grande todavía con las víctimas y eso es un tema que al Ministerio de Defensa no le interesa tocar (…) este informe puede ser incómodo para ellos y para las Fuerzas Armadas”, mencionó el abogado Moreno.

En el informe, que además fue realizado en un lapso de seis meses en el que se aplicaron varias pruebas psicológicas a los 101 exmilitares, se evidenció que el 82 % de ellos tiene estrés postraumático diagnosticado por las secuelas del maltrato y la violencia. El 26 % tiene episodios de depresión moderados y el 22 % restante, depresión grave.

Pero el tema es mucho más grave si se piensa que por el estrés, los traumas, los miedos, las reacciones involuntarias y los episodios de terror y de agresividad, la mayoría de ellos no pueden llevar una vida “normal” ni estable, tanto en lo personal como en el trabajo. El informe de la Corporación revela que además de los problemas de ánimo, la mayoría de ellos han tenido problemas para encontrar un trabajo luego de que salieron del Ejército y para establecer relaciones personales y amorosas sanas.

Riveros, por ejemplo, luego de rehabilitarse por el consumo de sustancias psicoactivas, tuvo la intención de tener una familia. “Yo quería tener un hogar y ser papá pero yo sé que lidiar conmigo es muy difícil y mi expareja me dejó con las tres hijas que tenemos de 13, 10 y ocho años. Su situación es aún más compleja cuando se conocen sus constantes episodios de rabia, que lo han llevado a desesperarse, romper cosas en su casa y actuar de manera violenta. Aún así, dice, intenta llevar las riendas de su hogar y garantizarles la mejor vida posible a sus tres hijas menores. “Ellas son mi razón de vivir porque sino yo ya habría atentado contra mi vida”, susurra.

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Ahora lucha contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familias (ICBF) y ruega para no perder la custodia de sus niñas. Pero, reitera que más que una oportunidad laboral estable, necesita que el Ejército cumpla con su deber: “Yo quedé con estrés postraumático y con todas las secuelas que tengo cuando estaba dentro del Ejército, cuando trabajaba para ellos y siendo un actor armado, pero dicen que como estoy relativamente bien físicamente eso no es impedimento para trabajar, pero los diagnósticos dicen lo contrario”.

La última tutela que recuerda que interpuso fue en mayo de este año. El fallo fue a su favor y le exigió al Ejército que le volvieran a realizar la prueba para conocer el nivel de discapacidad y así saber si hay alguna posibilidad de que las Fuerzas Militares lo pensionen por su incapacidad para conseguir un empleo distinto al que sabe hacer: trabajos con soldadura cada que le sale la oportunidad.

“Cuando hay ruidos muy fuertes o se cae algo muy duro o suenan cosas como la pólvora, yo lo relaciono con balas y con los sonidos de la guerra y me descontrolo, me descompenso, me da muchísimo miedo y me siento en peligro. No puedo trabajar así, no puedo escuchar sonidos fuertes ni gritos, todo me atormenta y me acuerdo de cada detalle del día de la toma, de nuestros días del secuestro, eso me mata lentamente”, dice. Siente miedo hasta de recordar de nuevo.

El acompañamiento psicológico que han recibido todos los militares ha provenido de organizaciones sociales, de sus EPS o, incluso, de servicios particulares, porque no hay una política de atención psicosocial para los exmilitares que vivieron afectaciones fuertes por la crueldad del conflicto. Ni el Ejército, ni la Defensoría tienen una ruta de atención para ello. La deuda sigue creciendo.

Y ante otras entidades gubernamentales la situación es similar. La Unidad de Víctimas no ha reconocido a Riveros, por ejemplo, por ser un actor del conflicto armado. Su situación se repitió de manera unánime, en los casos estudiados para esta investigación. No son reconocidos víctimas del conflicto armado por portar un uniforme que muchos comenzaron a usar de manera obligada. Por eso ahora buscan abrirse paso en la justicia transicional. La JEP, por ejemplo, acreditó en mayo del 2019 a 22 exmilitares como víctimas del conflicto en el caso de secuestro por la toma de Miraflores (Guaviare).

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Pero las otras 22 personas, entre civiles y militares que se documentaron como víctimas en el caso de Dabeiba (Antioquia), por ejemplo, ni siquiera sabían de la existencia y funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, según se indica en el informe. No sabían que podían ser reconocidos como víctimas en la JEP, ni que podían ser reparadas simbólicamente por lo que les hicieron. Para Moreno, la lucha es clara y sencilla: “Nuestra labor principal es darles a conocer que ellos tienen derechos y deben luchar por ellos. Y que el país sepa que hay militares que también sufrieron el conflicto en carne propia, contra su voluntad y con ellos la ley es injusta”.

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