Los Isaza: el Estado del terror en el Magdalena Medio

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Varios integrantes de esta familia, en cabeza del excomandante paramilitar Ramón Isaza, fueron las autoridades de municipios como Puerto Triunfo, San Luis y Sonsón. Responsables de escuelas de tortura y una isla que fue un centro de esclavitud en la región. El último informe del Centro de Memoria Histórica detalla su historia.

Quienes vivieron en Puerto Triunfo, San Luis, el oriente de Caldas, Samaná, Norcasia, Sonsón y otros municipios del oriente antioqueño y del Magdaleno Medio, al menos hasta 2006, escucharon o vieron a los hombres de Ramón Isaza. Se llamaron de diferentes formas, pero desde los 70 ese nombre y apellido ya se oían en la región. Y luego, junto a gran parte de sus familiares, fueron los responsables de actos atroces como masacres, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, trabajos forzados y entrenamientos de niños y jóvenes para la guerra. El control fue tal que la gente de Puerto Triunfo tuvo un estado paralelo que se encargaba de todo, incluso de generar castigos, como trabajos forzosos en plantaciones, para jóvenes, hombres y mujeres que fueran sospechosos de “algo”. La responsabilidad del clan Isaza en algunos hechos, sin embargo, está todavía sin esclarecer.

El último informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, llamado Isaza, el clan paramilitar: las autodefensas campesinas del Magdalena Medio, cuenta a través de entrevistas a 133 excombatientes y a 64 víctimas y testigos cómo se desarrolló este grupo. Lejos de mostrar a esta familia a su líder como unas figuras míticas, ahonda en las responsabilidades de esos hechos atroces, algunos ya investigados por la justicia y reseña otros sobre los que hay dudas.

Este es el sexto informe de la serie sobre paramilitarismo que el CNMH ha investigado y publicado, y en él queda claro que, como en Puerto Boyacá, también hubo un Estado capturado por el paramilitarismo y un Estado que delegó en estos grupos ilegales el monopolio del uso de la violencia. Así lo explica Camilo Villamizar, coordinador y relator principal de esta investigación: “Mientras en Puerto Boyacá el simbolismo está marcado en la valla de “La capital antisubversiva de Colombia”, el simbolismo de este actor ilegal en Puerto Triunfo está muy arraigado a Pablo Escobar. Por la Hacienda Nápoles, por la continuidad de los hipopótamos en la zona, pero Nápoles era un territorio muy cercano a las tierras de Ramón Isaza en Las Mercedes, entonces eso le permite al grupo vivir de cierta manera en el anonimato. El símbolo de la ilegalidad terminó siendo Pablo Escobar, pero el control total, después de la muerte de Escobar, lo hace Ramón Isaza”. Villamizar dice también que, a pesar de que Ramón Isaza siempre estuvo entre Las Mercedes, en Puerto Triunfo y Sonsón, nunca hubo una persecución en su contra.

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Ese control se evidenció, por ejemplo, en un hecho increíble que fue relato en las audiencias de Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional que se creó para juzgar a los paramilitares: una isla en medio del río Magdalena que fue centro de torturas y trabajos forzados.

“En esa isla llevaban detenidos tanto a integrantes del grupo ilegal como a civiles, en muchos casos menores, dizque porque se portaban mal en sus casas, bajo la falsa justificación de cometer delitos menores como robos. Algunos incluso por el tipo de música que escuchaban o el largo del pelo o el color de sus vestimentas. Era tanto el control territorial, según los testimonios de víctimas y testigos, que funcionaba como una cárcel en la que incluso los familiares podían visitarlos periódicamente”, explica Villamizar. Quizás la mayoría de las personas pudieron regresar a sus hogares, pero muchos otros fueron asesinados y enterrados allí. Hoy, por la variación de niveles del agua, es difícil recuperar los cuerpos de los desaparecidos.

El control se extendió más allá de la esclavitud en la isla. Las autodefensas intervenían en conflictos entre vecinos, determinaban sanciones o castigos a la gente y decretaban toques de queda. Incluso, Luis Eduardo Zuluaga, yerno de Ramón Isaza y comandante del Frente José Luis Zuluaga, conocido como MacGyver, hizo juicios públicos a la población civil, por ejemplo, en el corregimiento de La Danta, en Sonsón.

"Al otro día citaron a reunión a todo el pueblo (…) [Dije]: “La razón por la cual los cité es de que tenemos los ladrones de la plata de la luz y los vamos a sacar al público para que ustedes se den cuenta quiénes son” y los tenían en un carro ahí, los pasaron a todos, pasaron en fila. “Estos señores fueron los que hicieron y cada uno de ellos deberá de reconocer de que si es cierto frente a ustedes y si cada uno bendiciendo si, efectivamente yo hice esto, estoy arrepentido. Es la norma nuestra interna, eso está contemplado de que estas personas hay que darles muerte pero yo esa decisión no la voy a tomar, yo la dejo en el pueblo”, le dijo Zuluaga a los investigadores del CNMH. En esa ocasión el castigo fue un año de trabajos comunitarios.

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Otra de los crímenes de este grupo paramilitar es el reclutamiento de menores de edad. “Era común este delito en la zona, esto también obedece al carácter más endógeno de esta estructura. En los lugares donde había control y presencia durante muchos años, por ejemplo, hacia el año 2005 que estas personas venían operando durante más de 25 años en la zona, pues muchos muchachos se acostumbraron a ver a los paramilitares y no eran conscientes de cuál era la diferencia de pertenecer a este grupo o al Ejército”. Esto no implica que el reclutamiento no fuera forzado.

El informe también habla sobre el uso de escuelas para que los nuevos reclutas, no necesariamente menores de edad, “aprendieran a desmembrar”. Esta es una conversación entre un investigador del informe y un exparamilitar.

—"En cualquier parte se veía eso, una tortura; matar a alguien, en cualquier lado se hacía: se llevaba para allá, pa' esos montes, y ahí sí, se hacía el hueco y los tapaban.

¿Dónde aprendían a desmembrar?

—En la escuela. Sí, porque le enseña, igual eso, pues no tiene ciencia. Yo miré mucho de eso, igual a mí me tocó ayudar, pues, a tener, pues ya uno muerto, y hacer huecos y tapar. Eso es muy duro.

¿Cómo así que a tener?

—No, que yo cogerle la mano, y otro cortaba e iba echando al hueco…

¿Y con qué lo cortaba?

—Con unos macheticos que uno carga o navajas grandes. ¿Y ese caso fue por qué? Eran manes que los traían ahí, ya ladrones moridos [muertos]. Y ya uno los enterraba por allá. Había otros, que eran solo matarlo y dejarlos ahí pa' que los vieran; había otros que había que desaparecerlos.

¿Y por qué la diferencia?

—Yo no entiendo; unos eran como pa' que cogiera el escarmiento".

Este informe reconstruye esta historia, pero no necesariamente aporta verdades sin esclarecer. Ramón Isaza, quien desde algunos años sufre del Mal de Parkinson, ha dicho que no recuerda muchas cosas, también por su edad. Este es también un reclamo de las víctimas que le exigen que cuente lo que sabe. Los investigadores del CNMH también recibieron solo información ya conocida. “Algunas veces estas verdades fueron parciales y no desconocemos que nos pudieron haber mentido o que su discurso esté inundado de justificaciones o de falsas justificaciones”, manifiesta Villamizar.

Sin embargo, las víctimas siguen esperando la verdad sobre hechos como un combate o masacre que sucedió el 13 de junio de 2002 en un sitio conocido como La Pinera, en Sonsón. Participaron paramilitares y militares del Batallón Juan del Corral, y resultaron muertos 18 paramilitares y 11 más capturados. Familiares de los fallecidos todavía no saben a ciencia cierta qué pasó.

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