Mineros de Segovia denunciaron persecución sindical y homicidios ante la JEP

Entre Segovia y Remedios hay al menos 6.000 chatarreras que, ante la falta de reconocimiento por parte de la multinacional GCG, se asientan en las minas ancestrales que les permiten extraer de la basura el oro para subsistir.

Foto: Fredy Vargas

Héctor León Cortés es el último nombre en la lista de líderes sindicales asesinados que tiene el sindicato de mineros del nordeste antioqueño, la seccional de Segovia de Sintramienergética. Ocurrió en 2015, a sus 46 años, luego de que denunciara que grupos paramilitares transitaban sin obstáculo a través de las minas de oro. Tres años antes, la historia se había repetido con Rafael Ángel Tobón, otro dueño de una mina ancestral y de quien se dice, lo asesinaron por negarse a colaborar con el antiguo bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Con ellos, son 47 líderes y trabajadores sindicales en total que han sido asesinados desde 1990 hasta 2015, según los documentos que terminó de entregar Sintramienergética a la Comisión de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 20 de agosto. Según el documento, los asesinatos han sido sistemáticos y por las mismas razones. Lo ejemplifican recordando a Jaminson Amaya y Nelson Cadavid, de 33 y 35 años respectivamente, quienes fueron asesinados luego de haber recibido amenazas por incentivar el paro minero del 2002. “Nelson me llamó porque ellos querían reactivar el sindicato en esa época. A ellos los citaron en una mina muy conocida acá, lo atendieron en unas oficinas y cuando salió, lo estaban esperando a la vuelta de la empresa. Ahí lo asesinaron”, cuenta Gustavo Castrillón, miembro actual del sindicato.

Las denuncias sobre lo que venía ocurriendo en el municipio están consignadas en por lo menos 8.000 folios judiciales. Los directivos de este sindicato dicen que tienen la esperanza en que la justicia transicional pueda frenar la violencia y hacer justicia. En julio de este año, enviaron una carta a las dos entidades de la justicia transicional preguntando en qué iba su proceso para acreditarse como víctimas y el pasado 20 de agosto se sumaron a la entrega de 14 informes del movimiento sindical del país a la Comisión de la Verdad, sobre los hechos que han vivido en el conflicto armado.

En el nordeste antioqueño, la presencia de guerrillas como las extintas Farc se fortaleció durante la década de 1980, así como también el surgimiento de grupos paramilitares diez años más tarde convirtieron el municipio en un lugar de disputa por el territorio y por la riqueza del suelo segoviano. Tras la desmovilización de las AUC, la consolidación de las Bandas Criminales (Bacrim) también comenzaron a reclamar poder sobre las tierras. Actualmente, los habitantes reconocen a “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, y dicen que están en constantes enfrentamientos entre sí por los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.

(Lea también: La realidad de la explotación del oro en el nordeste antioqueño)

De hecho, en el informe presentado por el sindicato muestran que entre 1980 y 1990, se cometieron al menos cinco masacres entre las que se encuentra la de Segovia, la masacre de Manila, la del barrio Galán, la del barrio La Paz y la del Alto de los Patios que dejaron, entre todas, unas 50 víctimas fatales. “También hubo una masacre sistemática y selectiva entre 1995 y el año 2000 cuando asesinaban en promedio a dos o tres personas por día. Montaban a las personas a una camioneta que denominaron como ‘La última Lágrima’. Todo esto lo hacían con la complacencia de las autoridades de la Policía y el Ejército que no hacían nada para detener este exterminio”, se lee en el documento.

Pero los asesinatos de líderes sindicales no fue el único flagelo que afectó a los trabajadores. En 2003, cuando el salario mínimo en Colombia apenas sobrepasaba los $300.000, el entonces bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia que operaba en la región, exigía el pago de vacuna a todos los trabajadores de la empresa Frontino Gold Mines, la compañía minera que ganó un título a perpetuidad para explotar el suelo y subsuelo de esta región del país. “Gran parte de la financiación de los paras era por las extorsiones a los trabajadores y la explotación ilegal en Segovia”, afirma Castrillón.

La situación, narran en el informe, comenzó a empeorar cuando el entonces alcalde del municipio, Alberth José Rodríguez Luján, comenzó a aparecer en los procesos judiciales de la parapolítica como posible financiador y cómplice de ese bloque y del bloque Central Bolívar. “Desde ese momento nadie se sentía protegido porque sentíamos que teníamos a los paras y a los políticos del mismo lado. Fue una época muy compleja porque además fue la época en el que más asesinaron compañeros”, cuenta el líder sindical.

Castrillón, que trabajó en el área de fundido del oro de la extinta compañía Frontino Gold Mines, dice que cada semana sacaban 10 lingotes del metal. Cada uno de 70 o 60 kilogramos y todos en su máxima pureza. En el 2003, el dólar llegó a costar unos 2.800 y el precio de la onza de oro oscilaba los US400. Es decir, cada barra de oro, en esa época, podía representar unos $ 2.800 millones aproximadamente.

Otro de los hechos victimizantes que han documentado fue el genocidio a miembros de la Unión Patriótica. “Durante este periodo se presentaron toda clase de atropellos contra la dignidad humana como desplazamientos forzados, amenazas, atentados, intimidaciones de las que estuvieron exentos los trabajadores, jubilados y sindicalistas; como también líderes sociales y defensores de derechos humanos”, dice el informe que presentó el sindicato ante la Comisión de la Verdad y la Sala de Reconocimiento de la JEP. Con este relato, buscan abrirse espacio en la justicia transicional como víctimas del caso 006 que investiga la victimización de los miembros del partido de izquierda Unión Patriótica.

Mario Piedrahita, vocero de los pensionados de la compañía en el sindicato, dice que hay registro de 347 casos de extrabajadores que afirman haber sido desplazados de sus tierras. Leonel Carvalho es uno de los que más ha dado la liderado la pelea contra la empresa Gran Colombia Gold. “Cuando nosotros trabajábamos en la Frontino Gold Mines la empresa nos dio unas viviendas y nos cobraba un peso mensual por vivir allí. Luego, nos dijeron que podíamos formalizar nuestras viviendas pero en ese momento la empresa liquidó y no todos pudimos terminar ese proceso, pero tenemos los soportes de que esto nos pertenece”, dice.

(Vea: Informes sobre violencia antisindical fueron entregados a la Comisión de la Verdad)

Sin embargo, cuenta que aunque en varias ocasiones ha llegado la Policía con órdenes judiciales en mano de desalojo, no han podido hacerlo porque “siempre tengo todos mis papeles al día”, cuenta. Pero lo que lo atemoriza es no solo la Fuerza Pública es la que no ha intentado sacar del territorio. “También me han intimidado y por eso tengo varias denuncias en la Fiscalía por amenazas anónimas que me han llegado al WhatsApp, que por ‘sapo’, como me denominan”. (Ver Imagen).

Según él, de las más de 300 familias que comenzaron a pedirles los predios que la extinta compañía les había dado como forma de pago, apenas unos cinco siguen dando la batalla desde esos mismos terrenos. El resto han salido desplazados de sus territorios “para no buscar más problemas”, afirma Piedrahita.

El Espectador, en entrevista con el vicepresidente de Gran Colombia Gold, José Noguera, a finales de febrero de este año, le preguntó por este caso específico y por las denuncias por despojo de tierras que hacen los extrabajadores de la compañía. Sin embargo, el funcionario dijo que no podía hablar de casos particulares y que todas las denuncias estaban en el área jurídica de la empresa. Aseguró que la multinacional había tenido que lidiar con todos los pendientes que dejó la antigua Frontino Gold Mines y que este era uno de esos casos.

A esta inconformidad, se suma la lucha que ha dado la mesa minera desde hace más de 10 años con el fin de erradicar la estigmatización que han recibido al llamarlos ‘ilegales’ cuando alegan ser ’ancestrales’. “Acá sí hay ilegalidad, que es cuando hacen alianzas con grupos armados para explotar la tierra, pero no todos somos así. Hay muchos que no estamos formalizados pero trabajamos desde la ancestralidad, no como quieren hacernos ver: como unos criminales”, relata Jaime Gallego, líder de la Mesa Minera.

(Lea: Los índices de impunidad que involucran empresarios con el conflicto son altos)

Otra de las confrontaciones que denunciaron y por la que más reclaman es por el título de propiedad de la hoy multinacional. Según cuentan, en 1979 que la compañía Frontino Gold Mines decidió liquidar la compañía, dejaron escrito un documento, firmado en la ciudad de New York, en el que especifican que los bienes de la empresa debían ser entregados a los trabajadores y pensionados de la empresa. Así lo sostienen ellos y se basan en el documentos que guardan con más valor que el mismo oro con el que trabajan, dicen. (Ver imagen).

De hecho, en 2003, en la Notaría Novena de Medellín se formalizó el documento y la empresa estuvo al mando de los trabajadores y pensionados por tres años, hasta que el 2006 la Superintendencia de Sociedades liquidó por segunda vez la empresa y se convirtió en lo que hoy es Gran Colombia Gold, una compañía canadiense. Desde entonces, el sindicato y la mesa minera tienen una pelea jurídica contra la multinacional porque alegan que “esa empresa nos pertenece, esa fue la voluntad de los antiguos dueños” y porque señalan que “la segunda liquidación fue ilegal”.

Aunque las recientes amenazas contra los miembros del sindicato no se han materializado, las intimidaciones continúan. Gustavo Castrillón salió de Segovia en 2012 y desde entonces no ha retornado. “Yo todos los días trabajo para que en algún momento nos reparen, nos indemnicen y reconozcan lo que nos pertenece, pero yo no he podido volver a Segovia porque mi vida corre peligro”, señala. Trabaja como vocero de los extrabajadores de Sintramienergética desde otro municipio y dice que no quiere ser el número 48 en la lista de sus compañeros asesinados por el paramilitarismo en la región.