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No basta con la entrega de unos restos calcinados. Las investigaciones de la Fiscalía General sobre los crímenes cometidos en la toma del Palacio de Justicia y posteriormente deben asegurar que no haya impunidad y esclarecer qué fue lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Así lo indicó la Corte Constitucional en un fuerte llamado de atención al ente investigador, en el cual reiteró que es necesario cumplirles a las víctimas y garantizarles verdad, justicia y reparación integral.
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El caso específico que abordó la Corte fue el de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, quien era mesero de la cafetería del Palacio: “Esta Sala le reitera a la Fiscalía General de la Nación la obligatoriedad de seguir adelante con las investigaciones relacionadas con el caso de la toma del Palacio de Justicia de Bogotá y, en particular, frente a las circunstancias que rodearon la muerte de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, con el fin de garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de la señora María del Pilar Navarrete Urrea (viuda) como víctima de estos hechos”.
En otras palabras, hizo un llamado de atención que no se limita al caso de Beltrán, sino que abarca también los de las 11 personas en total desaparecidas del Palacio de Justicia y que fueron reconocidas como víctimas de desaparición forzada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo en el que condenó al Estado colombiano. De ellas, la Fiscalía y Medicina Legal también han dado con los restos de Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán en los últimos dos años.
¿En qué circunstancias murieron los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¿Cuánto han avanzado las investigaciones tras las entregas de sus huesos? Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán, tuvo que esperar 31 años para recibir lo que quedó de su adorado Jimmy. Fue el 18 de septiembre del año pasado, justo cuando habría cumplido 60 años. La ceremonia se realizó luego de que en junio de 2017 los restos fueran identificados en la tumba del magistrado auxiliar Julio César Andrade, en el cementerio Jardines del Recuerdo de Barranquilla.
“¿Por qué el cuerpo presentaba dos disparos? Estaríamos más tranquilos con saber cómo murieron, bajo las balas de quién, qué les hicieron (…) ¿Por qué nunca apareció su brazo donde él tenía un platino? ¿Por qué su cabeza no tiene media parte?”, se pregunta todavía Navarrete. “Sería fabuloso que se investigara, saber más allá de lo que escasamente le presentan a uno. No se asoma ni un poquito de verdad. ¿Quién es el responsable?”, le dijo a El Espectador.
Para Navarrete, aunque es reparador haber encontrado y recibido los restos de su esposo, aún quedan muchas dudas, las cuales ahora también recaen sobre el caso del magistrado auxiliar Andrade. Navarrete explicó que, luego de la identificación de los restos de su esposo en la tumba del magistrado Andrade, tuvo una reunión con la Fiscalía, Medicina Legal y la familia del jurista —que ahora empieza la búsqueda de sus restos— y desde la entrega no ha tenido más contacto con la Fiscalía.
“Me he estado enterando por periódicos de las otras entregas y todo tiene una cantidad de incógnitas que son tristes. Hubo una reunión general en la que nos dijeron que iban a entregar respuestas, pero lo que han hecho es entregar restos. El caso del Palacio de Justicia requiere una atención especial, porque eso lo pidió la Corte Interamericana y no se ha hecho. Necesitamos investigaciones con más verdades”, precisó.
René Guarín, hermano de Cristina Guarín, dijo en septiembre de 2016, al recibir algunos de sus restos, que la verdad les sigue siendo “esquiva”. “Hoy recibo algunos fragmentos óseos de Cristina y siento ese sabor dulce del resultado de la persistencia, pero ese sabor agrio de no conocer toda la verdad. Hay una deuda de verdad presente todavía de parte del Estado colombiano, no sólo con la familia Guarín, sino con todas las personas que inicialmente figuraron como desaparecidas del Palacio de Justicia”.
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El jalón de orejas de la Corte Constitucional fue el resultado de estudiar una tutela que presentó Pilar Navarrete, debido a que en la Fiscalía no le respondieron un derecho de petición que presentó el 17 de mayo de 2017, en el cual solicitaba que se nombrara un fiscal que le diera un impulso al proceso, pues el caso se había quedado huérfano. Respecto a este punto específico, la Corte dijo que ya no había sobre qué pronunciarse porque se comprobó que en junio de 2017 se conformó un grupo de trabajo en el interior de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, liderado por Jorge Hernán Díaz Soto, para este proceso.
Este grupo está conformado, además de Díaz Soto, por los fiscales Jairo Humberto Oróstegui Cala y Jorge Ricardo Sarmiento Forero y los técnicos Óscar Fernando Cuenca Ramos, Luis Fernando Tinoco Arévalo y July Alejandra Churque Melo. Las familias de Héctor Jaime Beltrán, Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Bernardo Beltrán siguen esperando que la Fiscalía haga su trabajo, como pidió la Corte Constitucional.