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En la década de los años 90, el Fondo Ganadero de Córdoba terminó aliado con el proyecto de expansión paramilitar que lideraron los hermanos Vicente, Fidel y Carlos Castaño Gil en la región de Tulapas, zona del Urabá antioqueño. Aunque los jefes de las autodefensas impulsaron el proyecto desde el argumento de que eran protectores de los campesinos, en la práctica lo que pusieron en marcha fue una estrategia para usurpar tierras en una región de su dominio. Hoy, 23 años después, con la ratificación de la condena a 16 años de prisión para uno de los directivos del aludido fondo, el tema sigue vigente en la justicia colombiana.
Esta historia se remonta a 1995, cuando se concretó el desplazamiento de 130 familias en la región de Tulapas y dos años después se produjo la adquisición irregular de sus predios para asegurar el predominio territorial de las autodefensas. Esa zona había tenido clara influencia política de la Unión Patriótica, pero también había sido golpeada por la avanzada paramilitar de los Castaño. Sin embargo, en 1990, en desarrollo de una entrega de armas concertada con las autoridades, Fidel Castaño decidió promover una supuesta reforma agraria, con apoyo de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), creada en Montería.
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Desde esta organización, la casa Castaño planteó su intermediación con los campesinos que terminó convirtiéndose en despojo. Pero tuvieron que pasar dos décadas para que la justicia desenmarañara el caso. Y este logro fue posible en 2012, a partir de la captura del exconcejal de Cereté (Córdoba) y exsecretario de Gobierno del departamento, Benito Osorio Villadiego, quien se había desempeñado también como gerente del Fondo Ganadero. Osorio terminó confesando que desde 1997 gestionó la compra de predios con Sor Teresa Gómez, cabeza de Funpazcor y cuñada de los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil.
Sor Teresa Gómez, nacida en Amalfi (Antioquia) y viuda de Ramiro Castaño, fue clave para consolidar el negocio. Cuando fue capturada en 2013, admitió que Vicente Castaño la llamó en 1997 para decirle que el Fondo Ganadero de Córdoba estaba interesado en comprar tierras y que ella debía ayudar. De acuerdo con las investigaciones, varios integrantes de la junta directiva del Fondo estrecharon contactos con Gómez y Luis Ángel Gil Zapata para que presionaran las ventas y luego las tierras adquiridas fueron transferidas a la entidad. Uno de los directivos que impulsó el negocio fue Benito Molina Laverde, conocido como el Mexicano.
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A través de un acta se concretó la compra masiva de 105 predios en Necoclí y Turbo. Ese documento, fechado el 1° de diciembre de 1997, se convirtió en punto de partida de la Fiscalía para la búsqueda y ubicación de desplazados en los cinturones de miseria de Montería y otros municipios. La historia de voz a voz entre las comunidades y las pesquisas de la justicia permitieron que saliera a la luz la verdad: que mediante engaños y presiones, varios campesinos firmaron diversos poderes para que un tercero vendiera sus predios a precios pírricos, entre $50.000 y $100.000 por hectárea, sin derecho a objetar. Detrás del negocio estaba el paramilitarismo.
En su momento, Benito Molina Laverde aceptó los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado y destrucción y apropiación de bienes protegidos. Por esa razón, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Antioquia lo condenó en septiembre de 2015 a 16 años y 8 meses de prisión. Esa pena fue ratificada por el Tribunal Superior de Antioquia en noviembre de ese año y, ahora, la Corte Suprema de Justicia acaba de dejarla en firme, a pesar de la pelea jurídica entablada por Molina para que se revirtiera la sentencia.
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Por el contrario, el alto tribunal ratificó la postura del juzgado de primera instancia que cuestionó severamente el accionar de Benito Molina Laverde, porque en su criterio tuvo pleno conocimiento de la concertación del Fondo Ganadero con los Castaño, en medio de la intimidación paramilitar y la problemática que vivía la subregión del Urabá. “Las conductas fueron ejecutadas por el señor Benito Molina mientras integró la junta directiva, y más exactamente desde el momento en que se reunió con el señor Vicente Castaño, en el año de 1997, para coordinar la compra de las primeras fincas de la región”, quedó escrito en el fallo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró que la adquisición de 105 predios por parte del Fondo Ganadero de Córdoba, en su mayoría negociados entre los años 1998 y 2000, aunque también hay registros de mayo de 2011, se hizo de manera irregular. “Cada vez que el Fondo compró terrenos a sus dueños se configuró el delito de lavado de activos, pues en ese momento no sólo los adquirieron, sino que legalizaron su fraudulento origen”, recalcó la Corte, que se negó a rebajarle la pena a Benito Molina, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos ocurridos y las consecuencias reales de su comportamiento.
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“Se afectaron claros bienes jurídicos, mediante el ejercicio de la violencia extrema y desmedida contra los habitantes de las regiones (…) a través de amenazas y homicidios, lo que generó el desplazamiento de un amplio sector de la población y la apropiación ilícita de una vasta extensión de tierra”, señaló el juzgado en su momento. La Corte Suprema ratificó esa valoración jurídica y, por ahora, a Benito Molina Laverde no le queda más remedio que cumplir su condena. Por el mismo caso, además de Molina, fue condenado Benito Osorio y Sor Teresa Gómez y está siendo procesado Luis Gallo, también integrante de la junta directiva del Fondo.