Informe a la Comisión de la Verdad

Por el reconocimiento de las violencias reproductivas en el conflicto

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Decenas de niñas, mujeres y personas LGBT fueron forzadas a llevar a término embarazos producto de violaciones, a ejercer maternidades que no deseaban, a tomar anticonceptivos e incluso fueron esterilizadas sin su consentimiento. El Centro de Derechos Reproductivos lo documentó.

Mónica* tenía 14 años cuando quedó embarazada producto de una violación sexual cometida por un actor armado. Vivía en Buenaventura y junto a sus padres, que la apoyaron en todo el proceso, interpuso una denuncia, fue al Instituto de Medicina Legal para la toma del examen médico-legal que dejó claro que había sufrido violencia sexual, y también se acercaron al Instituto de Bienestar Familiar.

Después de ese recorrido por las instituciones competentes decidieron que la mejor opción era interrumpir el embarazo. Sin embargo, ese derecho le fue negado: “Ahí íbamos a interrumpir el embarazo, pero ya no se podía porque tenía cuatro meses (a pesar de que en Colombia no hay límite de tiempo para abortar en las tres causales legales: violación, malformación no apta para la vida o peligro de vida de la madre). Entonces el doctor dijo que no, porque era muy riesgoso y podía perder la vida. Entonces no lo intervenimos”.

El relato de Mónica quedó consignado en el informe La guerra inscrita en el cuerpo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que documenta que esta niña no solo fue víctima de violencia sexual, sino también de violencia reproductiva, pues no se le respetó su autonomía para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a pesar de que es un derecho, y además se le obligó a ejercer una maternidad que no deseaba. “Y de ahí nosotros íbamos a dar el niño en adopción y ya cuando nació, no (…) Pero al principio yo no lo quería. O sea, yo dije que no porque los niños son como tan lindos, pero ya cuando pasaron los días ya no lo quería más. De ahí me he ido encariñando con él”, relató Mónica al CNMH.

Su testimonio deja en evidencia la ruptura en el proyecto de vida que sufren las niñas, mujeres y personas LGBT tras la violación a sus derechos reproductivos, es decir, a la facultad que tienen de escoger si desean ser o no madres o padres y cuando desean ejercer esa posibilidad. Ella, por ejemplo, no pudo celebrar su cumpleaños número 15 y en su colegio le impidieron graduarse públicamente. “Yo no era digna de sentarme junto a las demás estudiantes porque eso era como un mal ejemplo para ellas. Yo ese día lloré, yo lloraba; me hicieron comprar la ropa porque yo me iba a graduar”.

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El informe que documentó el caso de Mónica y de otras niñas, y al menos 67 documentos más que hablan sobre violencias reproductivas, fueron analizados por el Centro de Derechos Reproductivos, porque se dieron cuenta de que, a pesar de que el movimiento de mujeres ha trabajado fuertemente por mostrar las violencias desproporcionadas contra mujeres en niñas en el marco del conflicto, las violencias relacionadas con la reproducción todavía son invisibles.

El documento Una radiografía sobre la violencia reproductiva contra mujeres y niñas durante el conflicto armado en Colombia, del CDR, presentado ayer en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, aborda violencias como la anticoncepción forzada, esterilización forzada, embarazos por violación, maternidades forzadas o coaccionadas, abortos forzados y violencias dirigidas a la capacidad reproductiva. Además, identifica la negación de la IVE y casos de abortos posiblemente causados por fumigaciones con glifosato como una violencia institucional. Por ejemplo, el caso de Mónica en Buenaventura.

Cristina Rosero, asesora legal del CDR, explica que “a partir de ese análisis pudimos concluir que la violencia reproductiva ha estado presente en todos los escenarios, en el conflicto armado fue perpetrada por todas las guerrillas, paramilitares y por miembros de la Fuerza Pública. Hay una tendencia generalizada a intervenir en las decisiones de las mujeres e intentar coartar su capacidad para decidir frente a la maternidad y que esto se exacerba en los casos relacionados con el conflicto armado”.

Explica, por ejemplo, que si bien la anticoncepción forzada afectó principalmente a las mujeres y niñas (víctimas de reclutamiento forzado) combatientes, las mujeres civiles también sufrieron violencias enfocadas a lo mismo, pero por medio de esterilizaciones forzadas. Esto fue documentado en Magdalena: “Nosotros aquí en nuestro departamento tuvimos el tema de esterilización, nos mandaban a capar para que no tuviéramos hijos y eso lo hicieron en el hospital (…) Se llegaba y se pedía a las mujeres que iban a una jornada, ¿ya?, de “desconectación”, porque era que nosotras éramos unas “burras” y unas “perras” pariendo, saben que somos de pueblo y las mujeres de pueblo teníamos que tener nuestros hijos. Llegaban los buses al pueblo y las llevaban hasta el municipio de Fundación. En el municipio trabajaba una mujer (…) entonces uno dice ¿cómo esta misma mujer se prestaba para todo esto? (…) Era algo tan inhumano llegar con lista en mano, porque allá en el pueblo todo el mundo nos conocemos”, relataron mujeres al CNMH.

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Rosero dice que “llama la atención que los procedimientos fueron hechos en hospitales, lo que significa que pudo haber colaboración por parte de las autoridades a cargo de los hospitales o que estas estaban bajo la influencia y dominación violenta de los grupos paramilitares”.

Ese control de los armados se extendió de manera específica sobre miembros de la población LGBT. Mujeres lesbianas y hombres trans sufrieron violaciones por prejuicio, o mal llamadas “violaciones correctivas”, y varias de estas personas quedaron en embarazo y se vieron obligadas a terminarlos, como un mensaje claro de discriminación y dominación.

En todas esas violencias se ven, además, claros prejuicios racistas y clasistas al determinar quénes podían o no ejercer la maternidad. El informe también habla de prejuicios que motivaron ciertas violencias, por ejemplo, hacia mujeres afros o indígenas, como el considerar a las primeras como “fogosas” y a las segundas como “inferiores”. A esto se suma la culpabilización de la sociedad a la mujer o niña por “enamorarse” de un guerrero, a pesar de que este era quien ostentaba un poder, en este caso armado o económico, como en el de miembros de la Fuerza Pública. “Hay muchos reportes en los que se referencia que cuando hay militarización de zonas rurales, hay reportes de embarazos infantiles y adolescentes, básicamente porque los soldados ejercen prácticas que son abusivas y se afecta a niñas afros e indígenas. No se entiende que las niñas y adolescentes con la diferencia en las posiciones de poder no podrían consentir esas relaciones. Y hay varios reportes que dicen que el soldado que embarazaba a una niña era trasladado rápidamente y no se proveía ningún tipo de información, lo que implica que las niñas y adolescentes debieron asumir la crianza solas”, dice Rosero.

Este nuevo informe busca que el Estado reconozca e investigue que sucedieron unas violencias reproductivas, distintas, aunque conectadas a la violencia sexual. También que asuma la obligación de prevenir futuros hechos como los descritos por las mujeres y, junto a las víctimas, se mejore el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductivas que les permitan decidir, por fin, sobre sus cuerpos.

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