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Este martes se hará público el calendario de convocatoria y escogencia de los once comisionados de la verdad que tendrá el Sistema Integral de Justicia para la Paz y la terna de la que saldrá la persona encargada de la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de organizaciones criminales que dependerá de la Fiscalía. Entre el 21 y el 28 de agosto se recibirán postulaciones por parte de la sociedad civil y desde el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre todos los candidatos podrán acceder a la plataforma para registrarse y diligenciar el formulario de inscripción.
Por esta razón, en entrevista con Colombia 2020, Diego García-Sayán, integrante del Comité de Escogencia, da algunos detalles de la convocatoria y de los criterios que tendrán en cuenta para estos cargos históricos. García-Sayán es peruano y fue nominado por la ONU. Ha sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por mucho tiempo y la presidió entre 2010 y 2014. También fue ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores en Lima en el gobierno de la transición después de Alberto Fujimori, donde logró que Perú adhiriera a la Corte Penal Internacional. Hoy es relator de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados.
¿Cuáles son las cualidades más importantes que debe cumplir un candidato a comisionado de la verdad?
Se tendrá en cuenta la trayectoria de compromiso con los derechos democráticos y la promoción de la verdad. De manera que es un abanico mucho más amplio que el que se planteó para los candidatos a magistrados de la JEP.
¿Qué permite esto?
Esto facilita que sectores representativos de corrientes de opinión o de organizaciones sociales o académicas puedan postular a candidatos y que personas puedan autopostularse y recibir, si es que lo desean, el apoyo de algunas organizaciones. De manera que se pueda, al final, llegar a una composición que veremos en función de las candidaturas que se presenten, pero que seguramente tendrá una combinación de personas con trayectorias profesionales que puedan ser muy distinguidas en la academia, en el derecho o en otros escenarios.
En ese sentido, ¿cree que los comisionados de la verdad deben representar todos los sectores sociales?
Creo muy importante que haya en la Comisión personas que expresen distintos criterios de opinión. De manera que no sea una organización monocolor en donde todos piensen lo mismo sobre el proceso de paz o sobre lo que ocurrió en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado. Claro, deben tener en cuenta principios esenciales del mandato como el de la búsqueda de la verdad y, lo que es más importante (y se discutió mucho en el proceso de paz en La Habana), debe ser una comisión que haga diálogos con la población. De manera que sea una comisión preparada no solo para hacer el clásico informe, sino para producir una reflexión que apunte a la verdad y la reconciliación y tenga amplia difusión para evitar tergiversaciones o simplificaciones.
¿Cómo asegurar una representación amplia?
Es muy importante que nadie sienta que en este proceso sólo pueden participar o postularse personas de lo que diríamos, entre comillas, corrientes ONG, sino que puedan presentarse personas de otras trayectorias personales o profesionales, por ejemplo, vinculadas al Ejército. Eso asegurará que la Comisión sea representativa de la sociedad. Si no hay una postulación plural, evidentemente eso nos dificultará el trabajo.
¿Cree usted que los comisionados deben tener un mandato territorial?
Sí, eso me parece indispensable. Los miembros del comité ya hemos hecho algunas visitas al interior del país. Yo mismo he estado en Medellín, también en el Chocó.
Dentro de la elección puede haber hasta tres comisionados extranjeros, ¿qué ventajas y desventajas puede traer esto?
Yo creo que es muy importante, porque puede traer otras experiencias del mundo. Ha habido comisiones de la verdad en más de una docena de países, y más que como modelos sirven de experiencia. La elección de extranjeros solo será contemplada al final y sobre la base de la composición que resulte de los miembros nacionales, para ver cómo puedan ser elementos estrictamente complementarios del aspecto medular que, naturalmente, serán los comisionados de nacionalidad colombiana.
¿Cómo ve, en lo personal, el diseño de la comisión de la verdad en Colombia? Hay quienes creen que es un mandato muy amplio y muy ambicioso, y que por tanto no es fácil de cumplir.
Ese riesgo existe, no cabe la menor duda. Y me siento un poco cohibido de poder opinar sobre eso porque es casi como darle recetas a la futura Comisión de la Verdad, de lo que tienen que hacer, y no es nuestro papel. Nuestro papel es muy concreto: es limitarnos a escoger sus integrantes. Pero evidentemente la experiencia de otras comisiones nos ha enseñado que cuando hay un plazo definido, que no es eterno, tiene que acortarse muy bien el mandato que se recibe y encontrar que haya una o dos prioridades que la Comisión tendrá que definir para que su trabajo realmente redunde en un objetivo central. Es muy importante que desde el inicio se fijen prioridades, calendarios y responsabilidades muy claras para que al final eso no se diluya en quince tomos de un informe y que no haya nada más que eso.
El decreto que le dio vida también a la Comisión de la Verdad está en este momento en estudio en la Corte Constitucional Colombiana. ¿Cómo ve el escenario de que se llegara a caer a la luz de este proceso de escogencia que están realizando?
Hay un dicho colombiano que aprendí: amanecerá y veremos. Si se presenta una circunstancia como esa habrá que ver qué se hace, cómo se define o redefine el mandato de nuestro comité.
Más información aquí: Comisión de la Verdad, ¿en riesgo?
Hablando de comisiones de la verdad, la peruana ya cumple catorce años. Usted estuvo en ese proceso de transición, ¿cuáles son los principales aportes de esa experiencia de comisión de la verdad para Colombia?
Me correspondió ser un actor importante en su conformación como Ministro de Justicia del Gobierno de transición que presidió Valentín Paniagua, en el diseño normativo y en la conformación de la Comisión de la Verdad que se dio en el año 2001 en el perú. Y le puedo decir que la Comisión de la Verdad fue la llave que le abrió a miles de peruanas y peruanos la oportunidad de poder, al fin, expresar lo que había pasado durante 20 años de violencia interna en el Perú. Eso fue un espacio de oxigenación y de reparación per sé. Y si bien todavía en la sociedad peruana hay pendientes capítulos en materia de reparaciones materiales y de justicia, ese fue, creo, uno de los aportes más importantes.
¿Qué criterios de escogencia tendrán en cuenta para la terna de donde saldrá la persona encargada de la Unidad de Desmantelamiento de organizaciones criminales?
Debe ser alguien que conozca el derecho penal y procesal y que tenga una trayectoria de defensa firme del Estado de derecho. No tiene que ser una persona que haya sido fiscal o juez, puede haber sido una abogada o un abogado con trayectoria profesional o académica relevante. El Comité le presentará esta terna al fiscal general del país para que sea él quien escoja. Pero este cargo es absolutamente fundamental, sobre todo en Colombia con su historia política.
Hay quienes creen que será un cargo de suma importancia sobre todo ahora que se siguen denunciando asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc...
Absolutamente. Yo estuve, en nombre del Secretario General de Naciones Unidas, encargado de la verificación de los acuerdos de paz en El Salvador a partir del año 92, y ese problema se presentó ahí como en otros procesos de paz en el mundo. En El Salvador, en el año 94, cuando se empezaron a producir esos problemas, se creó una comisión de alto nivel que investigó y tipificó algunas responsabilidades y permitió cortar de raíz la reproducción de ese fenómeno en ese país. Por eso en este caso esa unidad es absolutamente fundamental. Hay experiencias lamentables de lo que pudo haber ocurrido con otros procesos de paz en Colombia, como el caso de la Unión Patriótica. Y es importante que esta unidad esté relacionada a la Fiscalía en Colombia para que no sea una especie de marciano en el espacio institucional de la sociedad jurídica del país, y pueda articular el trabajo de la Fiscalía en todo el territorio nacional.
Para terminar, ¿cuál es el calendario de esta convocatoria que se conoce este martes?
Las inscripciones se realizarán a partir del 28 de agosto. De ahí empieza un proceso de selección, publicación de candidaturas, entrevistas y resultados que, en el caso de la Comisión, se anunciarían el 30 de octubre. Lo mismo pasaría con la terna de la Unidad de investigación y desmantelamiento. En los dos casos las listas de candidatos se publicarán con hoja de vida, para que los ciudadanos puedan enviar al Comité sus comentarios, a favor o en contra. Estos no serán públicos ni se deberán prestar para hacer campañas públicas a favor de nadie. De manera que para el mes de noviembre se conozcan los nombres de los comisionados y la terna.
Esto si la Corte Constitucional no tumba el decreto que les da vida a estas figuras...
Naturalmente. Si se hacen notificaciones a partir de decisiones de la Corte Constitucional, habrá que sentarse a revisar cuáles serían las consecuencias que ello implica en nuestro calendario.
Toda la información de los procesos se podrá consultar en www.comitedeescogencia.com.