Las Fuerzas Militares y de Policía han entregado cerca de 50 informes

Un diálogo franco entre Fuerza Pública y la Comisión de la Verdad

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A diferencia de lo ocurrido en otras comisiones de la verdad, en Colombia, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía han participado en espacios de escucha como víctimas del conflicto armado y también han aportado sus versiones para el esclarecimiento de la verdad.

Son varias las singularidades que tiene el Acuerdo de Paz colombiano. Una de ellas ha sido el aporte de las Fuerzas Militares y de Policía a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Es un hecho inédito. Ningún órgano de este tipo en el mundo había hecho esfuerzos por involucrar las versiones de las Fuerzas Armadas en su proceso de esclarecimiento. Hasta hoy, cerca de 50 informes han sido entregados por parte de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía a la CEV. En esos documentos hay cifras, testimonios y relatos de víctimas (miembros de la Fuerza Pública) que fueron desaparecidas, secuestradas o que cayeron en un campo minado.

El director de Diálogo Social de la CEV, Gerson Arias, asegura que ha sido un “diálogo franco entre las Fuerzas Militares y la Comisión, basado en una relación de confianza que se ha venido construyendo con el tiempo”. Para lograrlo ha sido primordial, según Arias, la honestidad. “La Comisión dejó claro desde un principio que toda la información recibida sería contrastada y los militares lo sabían”, explica.

Lo segundo, añade Arias, fue escuchar a las víctimas de las fuerzas. Al principio hubo dudas por parte de los altos mandos, pero se logró convocar a decenas de víctimas para que sus relatos fueran escuchados por la entidad. Algunas de ellas, incluso, decidieron asistir de manera independiente al Ejército, pues no se sentían respaldadas por la institución.

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Y, finalmente, hubo una dimensión personal, como la describe Arias. Esto quiere decir que en los últimos dos años se ha contado con personas que han facilitado este diálogo. Por ejemplo, el comisionado Carlos Ospina, mayor retirado del Ejército, abogado y profesional en ciencias militares, así como el brigadier general Óscar Tobar Soler, jefe del Departamento Jurídico Integral, quien fue víctima del conflicto armado y ha estado al frente de la integración de la institución con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).

En uno de los espacios de escucha a víctimas de minas antipersonales el general Tobar aseguró: “Los que portamos el uniforme somos amigos de la democracia y amigos de la paz, al punto que hemos ofrendado nuestra integridad para alcanzar y mantener estos objetivos. La paz no puede mantenerse por la fuerza, sino por el entendimiento. Cada una de las víctimas afrontamos de manera diferente nuestros procesos de adaptación a una nueva realidad”.

Pese a las críticas por el nivel de aceptación de responsabilidades y de contribución a la verdad que han ofrecido las Fuerzas Militares en temas como ejecuciones extrajudiciales o la vinculación de varios de sus miembros en estructuras paramilitares, el director de Diálogo Social ve con buenos ojos el avance logrado hasta ahora. “Ellos tuvieron la oportunidad de guardar silencio, pero no lo hicieron y decidieron colaborar, eso ya es un gran paso”.

Aún quedan verdades por contar y hay interrogantes que le han costado responder a los miembros de la Fuerza Pública. Por ejemplo, en julio de este año, el presidente de la Comisión, el padre Francisco de Roux, hizo un llamado al Ejército para elaborar informes sobre su participación en el fenómeno paramilitar. El pasado 26 noviembre la institución entregó el informe “Análisis sobre el fenómeno de las autodefensas en los territorios desde la perspectiva del Ejército Nacional”.

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Pese a que hay miembros de la institución que han sido condenados por la justicia ordinaria por sus nexos con el paramilitarismo como es el caso del coronel (r) Hernán Mejía, quien ahora está en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el informe entregado a la Comisión, las Fuerzas Militares negaron que hayan tenido alguna relación con el paramilitarismo.

Esta, que es la verdad desde la narrativa institucional de las Fuerzas Armadas, será contrastada por los comisionados, quienes decidirán, basándose en la evidencia, qué será parte del informe final y qué no. La esperanza está puesta en que, pese a las negativas de algunos altos mandos de entregar determinada información, se siga avanzando a partir de la confianza. Siempre pensando en las víctimas como el eje central de la paz.

Para lograrlo, en el primer trimestre de 2021 se realizarán sesiones de alto nivel, a puerta cerrada, con altos mandos y comandantes de las Fuerzas Militares para que la Comisión les presenten los hallazgos y las recomendaciones que irán en el informe final.

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