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Desde que se cerraron las puertas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado reposan en los sótanos del Archivo General de la Nación (AGN). Allí, bajo tierra, detrás de varios muros, una serie de puertas con claves de acceso, un circuito cerrado de cámaras, un anillo de seguridad del Ejército y un protocolo de acceso dictado por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), están guardados los miles de folios de 50 años de trabajo de la policía secreta en Colombia. Reposan en más de 12.000 cajas. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dice que los archivos están en riesgo? ¿Por qué este tribunal transicional pide su custodia? ¿Están completos? ¿Qué dicen?
Diez metros bajo tierra
A mediados de 2014, la amenaza constante de que iban a poner una bomba en el edificio del Archivo General de la Nación llevó a que sus directivas decidieran reforzar un sótano exclusivo para guardar los archivos secretos del DAS. Están en el piso -2, de los cinco que tiene esta infraestructura terminada en 1992, cuyo diseño es de autoría del arquitecto Rogelio Salmona.
A la entrada hay un vigilante que custodia el lugar las 24 horas y la puerta solo se abre con una orden judicial. Es inevitable sentirse vigilado en esos pasillos fríos, a diez metros bajo tierra. Hay un complejo sistema de alarmas, detectores de humo para evitar incendios, una reja de ingreso a la bodega (donde está el guarda) y una puerta pesada con dos llaves. Una la tiene la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con huella y números, y la otra es la del Archivo General: una llave metálica, gruesa y dorada. Los cinco depósitos tienen doble muro y sus puertas solo se abren cuando están presentes los delegados de estas instituciones, junto con el de la Procuraduría General de la Nación.
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El ambiente se asemeja al de una cárcel desolada, llena de historias por contar. Dentro de los salones oscuros hay hileras de andamios cargados de cajas de todos los tamaños. No se sabe qué hay ahí, dice Armando Garnica, el director del Archivo General y custodio desde julio de 2014, por mandato del Estado, de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS. Antes de que fueran resguardados en el sótano permanecieron durante casi tres años en el segundo piso de la edificación y bajo la administración del órgano de inteligencia, que para esa época estaba en proceso de liquidación.
Garnica es un historiador y se describe como un técnico que solo se encarga de conservar los archivos que son patrimonio histórico de la nación. “No soy político, ni administramos los archivos, solo los custodiamos muy bien”, dice cuando se menciona la posible pérdida de documentos reservados del DAS.
El entierro del DAS
“Solicito adelantar labores de inteligencia cubierta con el fin de conocer los movimientos y contactos realizados por Soraya Gutiérrez”, dice el cuerpo principal de una de las órdenes reservadas que recibió el director seccional del DAS en el Valle del Cauca, Carlos Armando Mejía Lobo, remitida por la Dirección Nacional de Inteligencia. La misión tenía como objeto seguir los pasos de la abogada defensora de derechos humanos y presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). Cuando se dio la orden era mayo de 2004 y Gutiérrez tenía una reunión de derechos humanos en la ciudad de Cali. Además, el documento detalló los números de los vuelos en los que viajó y regresó a Bogotá el mismo día.
En otro, que tiene el rótulo de memorando, Jaime Fernando Ovalle, del Grupo Especial de Inteligencia (G3), le ordenó al subdirector de operaciones, Hugo Daney Ortiz, “adelantar labores de inteligencia cubierta en Sogamoso (Boyacá) durante los días 16 y 17 de julio de 2004, con el fin de cubrir presuntas actividades irregulares realizadas por la doctora Soraya Gutiérrez, actual presidenta del Cajar”, dice la misiva que tenía como asunto la llamada “misión Transmilenio”. Los seguimientos a la abogada Gutiérrez incluyeron fotografías de las placas del carro en el que se movilizaba a su lugar de trabajo, de su lugar de residencia y de su ingreso a los diferentes aeropuertos del país.
Como esos hay miles de documentos, entre cientos de memorandos, informes de inteligencia, listas de líneas telefónicas (interceptadas ilegalmente), perfiles psicológicos secretos, muchos de ellos utilizados para perseguir a políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos en lo que se conoció como el escándalo de las chuzadas del DAS, revelado por la revista Semana en febrero de 2009.
Desde entonces, la entidad quedó en el abismo del desprestigio y el país empezó a conocer a cuentagotas algunas de las actividades “de guerra sucia” del organismo de inteligencia. Al menos lo que sucedió durante el período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, en el cual también se supo que el DAS escuchaba ilegalmente las conversaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia encargados de juzgar el escándalo de la parapolítica.
Tras destaparse la olla podrida llegó el escándalo político y centenares de documentos secretos del DAS los conocieron quienes fueron sus víctimas, como fue el caso de la defensora de derechos humanos Soraya Gutiérrez. Entonces, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, y fue el primero en proponer la liquidación del organismo de inteligencia. No obstante, fue desautorizado por el propio presidente Uribe, quien opinó que era mejor depurar la institución.
En esa discusión transcurrieron dos años y finalmente, en 2011, cuando Santos ya estaba al frente de la Casa de Nariño, se decidió acabar el DAS. El 11 de julio de ese año expidió el decreto y determinó que el Archivo General estaría a cargo de la custodia y conservación de todos los registros de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del organismo.
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Sin embargo, eso quedó en el papel, pues en un operativo relámpago, que se extendió por las 27 seccionales del DAS en todo el país, a mediados de 2011, varios funcionarios de esa entidad, personal del Ejército y de la Procuraduría General recogieron más de 5.000 cajas con documentos, computadores y memorias de información. De la oficina central, ubicada en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, al Archivo General llegaron más de 6.000 cajas y 8.000 de asuntos internos de la entidad. En total, más de 12.000 cajas repletas de historia desde cuando se fundó el DAS en 1960, en el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo.
Se organizaron en el segundo piso y entonces se conocieron los rumores del carro bomba contra el edificio. Hasta ahí, el Archivo General solo alquiló varias bodegas del bloque sur para que el DAS en liquidación, junto con la entidad que fue creada para hacer las veces de policía secreta, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), los administrara. Según el mismo decreto, esta última era la encargada de autorizar el ingreso y acceso a la información, siempre y cuando existiera una orden judicial. Garnica precisa: “Son documentos reservados que solo podrán conocerse una vez el presidente de la República levante su reserva, para lo cual faltan cerca de 23 años”.
Inspección a los archivos
Frente a la reja donde está el vigilante, le insisto a Garnica que nos permita recorrer los pasillos de las bodegas de doble muro. “Así venga el presidente y me diga que le abra esa bodega, tengo que decir que no”, responde enfático.
Luego del escándalo de principios de 2009 nadie supo qué pasó con los archivos del DAS. El 10 de junio de 2014 se realizó la primera inspección judicial de la Fiscalía General de la Nación. El director del organismo en liquidación era el abogado caldense Ricardo Fabio Giraldo Villegas, pero quien acompañó esa primera inspección fue el director general de inteligencia del DAS, Arnulfo Cristancho. También asistieron ingenieros, abogados y periodistas del organismo de inteligencia. Etna Yasmine Niño, fiscal 37 especializada de la Dirección Nacional de Análisis y Contextos (Dinac), lideró la diligencia. También participaron la periodista Claudia Julieta Duque, en calidad de víctima, y el delegado del Ministerio Público, David Leonardo Molina.
En el acta que ese día escribió la Fiscalía quedó claro que los investigadores e informáticos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) no pudieron acceder al computador donde fue migrado el módulo de inteligencia. Según el documento, las claves de acceso estaban en un sobre sellado y marcado como “Contraseñas del equipo donde fue migrado el módulo de inteligencia (Sifdas)”, no obstante, una vez intentaron el ingreso las claves no funcionaron. “Están escritas a mano y se dificultó su legibilidad”, dice el acta. Ni siquiera personal del mismo DAS, que participó en la migración de esos archivos, pudo desbloquear el sistema para acceder al disco duro de la información. Por lo tanto, el acceso a los archivos quedó aplazado.
Ese 10 de junio de 2014, la Fiscalía hizo énfasis en que era urgente el acceso a esos documentos, pues se acercaba el plazo para que el Gobierno designara a la entidad que se iba a hacer cargo de los archivos del DAS. En la segunda inspección, que fue días después, el 18 de junio de 2014, la fiscal 9 especializada del Dinac, Gloria Amparo Duarte, decidió interrogar al coordinador de archivo operacional de la Dirección de Inteligencia del DAS, Jesús Antonio Cuervo Moreno. A Cuervo le preguntaron si sabía de la existencia de un acta de entrega por parte del director de sistemas del extinto DAS a los nuevos funcionarios de la entidad en liquidación y él respondió que no tenía conocimiento de eso.
El resultado de esta inspección también fue fallido. José Edwin Hinestroza, el procurador judicial que acompañó la visita, dejó constancia de que se necesitaba programar una nueva fecha para inspeccionar “la información integral de inteligencia, contrainteligencia, análisis del extinto DAS, toda vez que la información que reposa en el Sifdas no solamente es insuficiente sino que constituye casi una afrenta para lo que se pretendía en esta investigación”, dijo Hinestroza.
Según el acta, una vez ingresaron al computador, los ingenieros informáticos de la Fiscalía encontraron información básica, como nombres de las personas consultadas “y si acaso el teléfono”, relató el procurador Hinestroza, y concluyó: “Eso no puede llamarse anotaciones de un organismo de inteligencia de un Estado”.
Archivos, ¿la herencia de las víctimas?
Por ahora, no se sabe qué tanta información secreta y sensible utilizada por el DAS durante casi 51 años de vigencia está depositada en esas cajas. La JEP, a través de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, confirmó a finales de octubre pasado que los archivos deberán ser puestos a disposición de esa jurisdicción con el fin de preservar todos los documentos relacionados con el conflicto armado colombiano.
Además dispuso que las inspecciones de las autoridades judiciales se deberán realizar con la autorización de esta sala. Desde el 22 de septiembre de 2014 (fecha en que se inició la atención de órdenes judiciales) a marzo de este año, el Archivo General atendió 118 inspecciones de este tipo.
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La JEP, asimismo, dio plazo hasta el próximo 3 de diciembre para que la Dirección Nacional de Inteligencia entregue un informe detallado, entre otras cosas, de cómo ha sido su proceder desde un principio con las cadenas de custodia para salvaguardar la información. La historia de lo que pasó desde julio de 2014 hasta la fecha la cuenta el historiador Garnica y asegura además que tiene todos los accesos a las inspecciones judiciales filmadas. Sin embargo, falta esclarecer con precisión qué sucedió en los tres años muertos en los que el DAS en liquidación administró estos archivos, cuando estaban en las bodegas del Archivo General.
Sobre esa inquietud recaban las víctimas de los seguimientos ilegales por parte del extinto DAS, como la periodista Claudia Julieta Duque o Soraya Gutiérrez, la presidenta del Cajar, quien espera conocer toda la verdad de lo que hizo el organismo de inteligencia con su información íntima y la de sus compañeros, a propósito de la guerra sucia que esa entidad emprendió en contra de cientos de colombianos, mientras se libraba el conflicto armado contra las insurgencias.