Víctimas de reclutamiento forzado luchan para que el Estado las repare

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Aunque 19 personas, reclutadas por las Farc y desvinculadas en la Operación Berlín del Ejército, han interpuesto varias acciones legales ante la Unidad de Víctimas para que se les dé su indemnización, hasta ahora no han recibido siquiera una respuesta para saber cómo va su proceso.

Desde el pasado 23 de octubre, Jhon Fredy Triana no puede trabajar debido a que se fracturó el calcáneo, un hueso del pie, por lo que dejó de recibir los $35.000 o $40.000 que se ganaba en “oficios varios”, como les dice a las labores de construcción y agrícolas de las cuales dependía. “Debo dos meses de arriendo, mes y medio de comida y estoy debiéndole a más de uno de a $100.000, de a $50.000, de a $20.000, entonces hay gente que no me presta para ir al pueblo a las curaciones y las citas”, puntualiza. Su esperanza está puesta en que la Unidad para las Víctimas le pague la reparación por haber sido reclutado forzosamente. Lo preocupante es que está en esa lucha desde 2015.

Triana fue reclutado por el frente 44 de las Farc, cuando apenas tenía diez años. No conoce un colegio, porque su familia era pobre y nunca lo pudo enviar a la escuela, que quedaba a más de una hora de camino de su casa. Estuvo tres años en la guerrilla y se desvinculó en el marco de la Operación Berlín, ejecutada por las Fuerzas Militares entre el 19 de noviembre de 2000 y el 5 de enero de 2001 en los departamentos de Santander y Norte de Santander. Hacía parte de la columna móvil Arturo Ruiz, estructura armada creada por las Farc en la cual había unos cien menores de 18 años.

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Por este hecho, siete excomandantes de las Farc fueron condenados en 2010 por el reclutamiento forzado de menores, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverry, Jorge Briceño Suárez y Luciano Marín, conocidos como Timochenko, el Mono Jojoy e Iván Márquez. Hoy once exaltos cargos de esa guerrilla comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para esclarecer lo sucedido. Las víctimas entregaron un informe al mismo tribunal en el cual también aseguran que hubo ejecuciones fuera de combate por parte del Ejército. Triana dice que a pesar de que el Estado condenó a algunos responsables y les prometió a los niños que salieron de las filas de la guerrilla que los educarían, en el programa de reinserción ni siquiera aprendió a leer.

El 14 de diciembre de 2020 obtuvo una pequeña victoria en el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, cuando este falló a favor de Triana una tutela que había interpuesto. La acción legal se fundamentó en que la Unidad de Víctimas no respondió un derecho de petición, que su abogado interpuso el 13 de diciembre de 2019, en el cual pedía información de cómo iba su proceso de reparación. “Esa solicitud debería ser algo muy simple, pero el trámite lleva más de un año y la Unidad no ha respondido”, enfatiza Manuel Castro, apoderado de Triana. La jueza Yelitza Moreno Córdoba concluyó que la entidad vulneró “el derecho fundamental de petición del accionante” y ordenó dar una respuesta de fondo.

“Nosotros esperamos que durante esta semana respondan”, asegura Castro. La orden de la jueza debe cumplirse 48 horas después de su notificación a la Unidad para las Víctimas.

Como Triana hay otros tres casos en los cuales la Unidad de Víctimas no ha respondido a derechos de petición que fueron interpuestos en diciembre de 2019. “Con la pandemia el asunto se puso más difícil, porque ha servido como excusa para no tramitar las solicitudes; por eso nos vimos en la obligación, en diciembre del año pasado, de presentar acciones de tutela por violación al derecho de petición”, denuncia Castro, director de la ONG IusDigna, que representa a las víctimas.

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Otras personas tienen casos más complejos. Por ejemplo, algunas ni siquiera han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (uno de los requisitos para ser reparadas), debido a que no hicieron las declaraciones ante la Unidad de Víctimas en los tiempos estipulados por la ley. “Para esa época (en 2000) la ruta de reinserción era muy débil y los niños no tuvieron la asesoría suficiente para decirles que después de hacer una declaración ante el ICBF tenían que hacer otra ante la Unidad de Víctimas”, explica Laura*, otra de las jóvenes que se desvinculó a finales de 2000 y no ha sido reparada.

“Al no tener acceso a la reparación tampoco tienen acceso a otros derechos como el mínimo vital, la vivienda, la posibilidad de empezar un proyecto productivo nuevo, una nueva vida; eso es muy difícil”, recalca Castro. Contactamos a la oficina de prensa de la Unidad de Víctimas para hablar sobre los casos de las 19 personas mencionadas, pero nos dijeron que por protección al habeas data no le pueden dar información sobre procesos particulares a terceros.

Laura y Triana coinciden en que para ambos es muy difícil conseguir trabajo porque son desvinculados de las Farc. “Cuando recién llegué al pueblo del cual soy oriunda me dio trabajo un señor que no me conocía, era nuevo en el municipio, cuando se enteró me dijo que si hubiera sabido antes que yo había sido guerrillera no me hubiera contratado”, relata Laura, quien tampoco pudo ir a la universidad porque tras su salida de las filas del grupo armado tuvo que estar durante varios años en tratamiento por las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el reclutamiento forzado.

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El ortopedista le dijo a Triana que su incapacidad iba a durar entre siete y ocho meses, tiempo durante el cual tiene que buscar lo de su sustento, el de su mamá (de la tercera edad) y sus dos hijos. Su situación cambiaría si en ese lapso recibiera la reparación, pero Castro ilustra la lucha de las 19 personas con una alusión a la obra de Gabriel García Márquez: “Es como la novela de El coronel no tiene quién le escriba, esperar y esperar a que les llegue esa reparación”.

*Nombre modificado por razones de seguridad.

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