#YoHagoPaz reconstruyendo la verdad de la guerra en el Pacífico

Noticias destacadas de Verdad y Memoria

Son once comisionados los responsables de construir el capítulo étnico de la memoria de una región que ha vivido conflictos por la tierra y por economías ilegales, como la minería y el narcotráfico.

La foto principal de este artículo tiene mucho significado para el proceso de paz en 2019. Quienes posan en un salón de reuniones en un territorio rural del Chocó, son los representantes de la Comisión Interétnica por la Verdad del Pacífico, que surgió durante los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, en 2014, justo cuando las partes alcanzaron acuerdos en La Habana en los puntos de desarrollo agrario y participación política y, al final de ese año, un acuerdo parcial sobre el problema de las drogas ilícitas.

El 2014 también fue un año crítico para el proceso. Las tierras del Chocó fueron el escenario donde la entonces guerrilla de las Farc secuestró al general Rubén Darío Alzate, lo que ocasionó una crisis profunda en la mesa de negociación. Ese mismo hecho, impulsó a líderes negros e indígenas para constituir esta comisión autónoma, con la idea de no olvidar los hechos de guerra que impactaron el territorio.

De ahí que el centro de atención de esta comisión es el territorio, considerado por las comunidades indígenas y negras como la víctima de mayor trascendencia, porque es el lugar donde habitan seres vivos de todo tipo, y porque desde su ancestralidad consideran que este se ha ido desarmonizando por la rabia, el rencor y la venganza de los actores armados y de quienes los financiaron.

También lea: #YoHagoPaz rompiendo el silencio sobre la violencia sexual

Para esta comisión, que entregará su informe en noviembre de 2020 a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, cuyo presidente es el padre Francisco de Roux, el Chocó ha sufrido seis tipos de afectación por cuenta de la guerra: daño espiritual, al uso tradicional del territorio, al control territorial, a las relaciones sociales y a la integridad física de los pobladores. “Esos seis daños son los que dan cuenta de lo que significa para nosotros el territorio como víctima”, dice  Jesús Alfonso Florez, asesor de la Comisión Interétnica por la Verdad.

No es una comisión paralela, sino complementaria a la que se creó con el Acuerdo de Paz. Por eso, en mayo de este año firmaron un convenio para que dicho informe sea incluido en el gran documento que emitirá la Comisión de la Verdad al final de su mandato, en el 2021. Los cimientos de la Comisión Interétnica están en 35 organizaciones sociales del Chocó, cuya misión, entre otras, ha sido la de registrar las violaciones a los derechos humanos en la región cometidas por todos los actores armados. En 2014, cuando varios de estos voceros participaron en las negociaciones de La Habana como víctimas, descubrieron que la mesa ya había identificado 5.700 iniciativas de paz en el país que también buscan la verdad.

También lea:  #YoHagoPaz: Movice y la JEP, impartiendo justicia con las víctimas

El trabajo fuerte de esta Comisión viene desde mayo de este año y una de las tareas iniciales ha sido indagar sobre la transformación del territorio ancestral de los negros e indígenas, luego de la llegada de economías externas a esa región. Por ejemplo, están documentando cómo la penetración de proyectos agroindustriales de palma aceitera en el Bajo Atrato generó desplazamiento forzado, despojo de tierras y asesinatos selectivos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Lo mismo que las extensivas plantaciones de banano en la misma zona, que generaron daños ambientales irreversibles.

Según Hoyos, eso ocasionó que el bosque húmedo tropical, que es diverso, se deteriorara ante la implantación del monocultivo. Otra afectación que están documentando es la que causan las economías ilegales, que han acabado con ríos y bosques en busca del oro de la región, como los cultivos para el procesamiento de drogas ilícitas y la minería criminal, que ha utilizado grandes máquinas en busca del metal dorado.

Quieren mostrar cómo sus ríos, caminos de herradura y trochas han sido utilizadas por los grupos armados al margen de la ley, y a veces por los legales, como rutas de conexión internacional para fortalecer las finanzas de la guerra. “Otras economías llamadas legales, como la instalación de megaproyectos en Buenaventura y Tumaco, a través de obras de grandes puertos o carreteras, crecieron al ritmo de la violencia que generó impacto en las poblaciones de esos lugares. Es en eso donde queremos detenernos para hacer el análisis”, resaltó Hoyos.

También lea: #YoHagoPaz impulsando empresas para excombatientes y víctimas

El territorio para la investigación en terreno está dividido en diez subregiones: cinco en el Chocó, que son Alto y Medio Atrato, el Bajo Atrato y el Darién, el San Juan, el Baudó y la costa Pacífica chocoana; la región del Valle tendrá su protagonismo con los territorios que circundan al puerto de Buenaventura; mientras que la región del Cauca abarcará los tres municipios costeros (Timbiquí, Guapi y López de Micay); y, finalmente, Nariño que tiene tres subregiones: el Pacífico sur, Telembí e Iscuandé. Cada una tiene un comisionado de la verdad, y existe la figura de una comisionada en representación de las mujeres, así haya comisionadas en entre las diez subregiones.

Esta Comisión no tiene límite en el tiempo. “La búsqueda de la verdad para nosotros es una apuesta de construcción de paz que va más allá del mismo Acuerdo firmado en La Habana”, dice el antropólogo Hoyos. Por eso, en el segundo año de vigencia, la Comisión se dedicará a realizar actos de armonización para que los actores que generaron ese daño se reencuentren con el territorio. Y en un tercer momento, la Comisión realizará pactos de convivencia en dichas comunidades. También le apuesta a hacer aportes de fondo a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el fin de contribuir a la construcción de esa verdad judicial que buscará responsables.

Por ahora, el producto más inmediato es el informe que entregarán en noviembre de 2020; sin embargo, ya han avanzado en la elaboración de dos insumos para su construcción: un documental sobre los hechos luctuosos del 2 de mayo de 2002 en Bojayá (Chocó), en los que murieron más de setenta personas tras la detonación de un cilindro bomba lanzado por las Farc en un enfrentamiento con los paramilitares. En él aparecen los testimonios de cinco de las víctimas que dan cuenta de lo que significó para ellos ese drama y lo que fue el reconocimiento de los cuerpos el 18 de noviembre pasado. Y el otro, un texto sobre las cinco subregiones de Chocó llamado “Memorias para la paz, relatos desde el Chocó”.
Con este avance, comenta Hoyos, sin duda el Acuerdo de Paz avanza hacia el reconocimiento de los pueblos ancestrales, especialmente, para hacer cumplir ese capítulo étnico que se creó en La Habana y así la paz no solo será responsabilidad del Estado y la exguerrilla, sino también de la sociedad civil.

También lea: #YoHagoPaz: Buscando a los desaparecidos a través del arte

Comparte en redes: