Los desprotegidos

La noticia de que en un bombardeo en el Guaviare, el pasado 2 de marzo, se habría dado muerte a, al menos, una menor de edad, y que varios jóvenes siguen desaparecidos, indica que en esa zona se estaría produciendo reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Esto ante la impotencia de sus familias, llenas de carencias y sin posibilidades de ofrecer otras alternativas de vida.

En el mes de agosto de 2019, se llevó a cabo también una operación militar que incluyó un bombardeo a un campamento de un grupo ilegal. A fines de ese año se reveló al país que el Gobierno conocía que en ese acto habían muerto varios menores de edad y que se había ocultado deliberadamente esa información al público. Estos hechos llevaron a la renuncia del entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero. Luego, gracias a una investigación adelantada por DeJusticia y Cuestión Pública, en el segundo semestre de 2020, se conoció que el Ejército tenía conocimiento previo de la presencia de menores de edad en el campamento que se planeaba atacar, y que ello no le impidió proceder como se hizo.

Los hechos de la semana pasada llevaron a que el nuevo ministro de Defensa, Diego Molano, señalara que cuando se trata de menores reclutados por fuerzas ilegales son ellas las responsables de que aquéllos sufran los ataques legítimos que adelanta la fuerza pública contra esos grupos. El indolente exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de proteger a la niñez en Colombia, manifestó que al reclutarlos, los niños se vuelven máquinas de guerra y que dejan de ser víctimas cuando cometen delitos y se convierten en objetivos militares, sin importar su edad.

En efecto, el reclutamiento forzado de cualquier persona menor de 18 años es un delito en Colombia. A pesar de que el estándar internacional habla de 15 años como la edad mínima, Colombia adhirió al protocolo de la Convención de los Derechos del Niño que establece la mayoría de edad como la mínima para el reclutamiento. Esto es una buena noticia, pues las fuerzas regulares se rigen bajo ese presupuesto y no reclutan menores de edad. No obstante, los grupos ilegales en Colombia siguen acudiendo a esa práctica consistentemente. Esto les permite contar con fuerza de trabajo joven que, además por la edad, recibe beneficios legales en caso de ser perseguidas legalmente por la comisión de delitos. Este reclutamiento ilegal, sin duda alguna, es responsabilidad de esos grupos que desconocen las normas mínimas de la guerra.

Sin embargo, las normas humanitarias también señalan que las fuerzas enfrentadas deben evitar adelantar ataques indiscriminados que desconozcan los principios de proporcionalidad, distinción, protección y precaución que deben orientar las operaciones militares, lo cual significa que los ataques que se planeen deben buscar que se produzca el menor daño posible, deben tener un propósito específico y blancos enfocados y deben evitar sufrimientos y pérdidas innecesarias.

Por su parte, las normas internacionales y nacionales, incluyendo la Constitución, establecen que los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman sobre los de los demás y que el interés superior de esa población es el “imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes” (Código de Infancia y Adolescencia, artículo 8). Es así como, sabiendo que las operaciones militares en cualquier ejército del mundo siempre están antecedidas de una labor de inteligencia para conocer a fondo a la contraparte, los integrantes de los respectivos grupos de combatientes, la forma en que operan, los métodos que utilizan, no existe ninguna razón para que se bombardee un grupo ilegal que tiene niños, niñas y/o adolescentes como parte de sus filas, incluso, en caso de duda. El primer y primordial deber del Estado con los niños es protegerlos y rescatarlos de esa condición de la que son víctimas.

El drama recurrente de los niños y la guerra en Colombia es el resultado de años de abandono por parte de un Estado que no hace presencia en los territorios de maneras distintas a la violenta, que no les ofrece oportunidades ni a ellos ni a sus familias y que, al desprotegerlos, los hace vulnerables al reclutamiento que en muchos casos resulta la única opción que tienen. El Estado, entonces, es responsable, no solo de las muertes de menores de edad por las operaciones que ejecuta, sino también del reclutamiento. Uno por acción, el otro por omisión pero, al final, ambos son muestra del desprecio y poca importancia que se le otorga a la niñez en Colombia y a las poblaciones en zonas remotas, en manos de otros poderes, a falta del que debería protegerlos y garantizarles sus derechos, empezando por la vida.

@julibustamanter