Por: José Antequera

Amenaza de adoctrinamiento en la educación

Empezó Duque, a penas el 2 de enero, agradeciendo al director de la CIA el apoyo crucial de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia. Muchos aceptaron la invitación a “discutir”  al respecto, con la “altura y argumentación” que siempre pide José Obdulio. Pero con esa ficción de debate, asistíamos al posicionamiento del relato que ahora le da sentido a su gobierno y a sus medidas, las que han significado que Colombia le voltee la espalda a la región latinoamericana para reajustarse a la jefatura de Trump.

Del mismo relato hace parte la negación del conflicto armado, que se ha vuelto a poner sobre la mesa a propósito del proceso de nombramiento del Director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y donde se notó la dificultad de José Obdulio para encontrar un investigador serio que defienda sus “tesis”.

Contra la avalancha de las mismas investigaciones del mismo CNMH, se dice de nuevo que en Colombia lo que existió fue una amenaza terrorista contra la democracia más antigua del continente. Y ello no porque ajá, se trata de otra forma de ver las cosas, sino porque tiene consecuencias, empezando porque se reduce o elimina la obligación del Estado de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas y al país, reconociendo su responsabilidades y la de sus jefes.

Ahora, en cabeza del Representante Edward Rodríguez del Centro Democrático, se propone en el Congreso que los maestros puedan ser multados, suspendidos, despedidos, e inhabilitados, si realizan proselitismo, incitan discusiones políticas o coaccionan a los alumnos a votar por algún candidato o programa. Como obviamente usar los salones de clase para hacer proselitismo  y coaccionar para ello ya está más que prohibido hace rato, y ya existen normas que sancionan a quienes realicen esas conductas, es claro que la iniciativa quiere introducir elementos nuevos a lo existente.

De un lado, se trata de que un maestro, con el sólo señalamiento de una conducta de este tipo, pueda ser suspendido y dejar de recibir salario hasta por 24 meses, para que aprenda él y todos los demás la lección ordenada desde arriba.

Por el otro, la propuesta significa una reinterpretación de las conductas prohibidas. Si el nuevo director del CNMH le da la autorización “académica” al gobierno para tratar de izquierdismo al reconocimiento del conflicto armado, pues enseñar esa versión de la historia podrá ser proselitismo. Si un profesor quiere cuestionar la oda a la Seguridad Democrática que hoy tienen los libros de ciencias sociales de Santillana, también será señalado de promover el odio. Paradójicamente, si un profesor quiere cumplir la Ley 187 de 2017 que ordena que se enseñe la historia “que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país”, deberá hacerlo poniendo los discursos científicos de Fernando Londoño en “la hora de la verdad”.

El partido de gobierno ha acusado a la FECODE de adoctrinamiento. En realidad es desde el Centro Democrático que se ejerce esa amenaza hoy. En pleno 2019 tenemos que defender la libertad de cátedra que establece la Constitución misma, la memoria como sentido de orientación y el derecho a una educación de calidad, que no puede estar basado en otra cosa que en el pensamiento crítico.

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