¡Arde el Cauca!

Las alertas tempranas fueron un mecanismo creado en la década de los noventa por tecnócratas venidos de la política para lavarse las manos,  evadir las responsabilidades en las altas esferas del Estado y buscar que la cuerda se reviente por el lado más débil.

Este término cobró especial vigencia en la última semana con ocasión del ataque armado a miembros de la guardia indígena en el norte del Cauca. De hecho, el Defensor del Pueblo dijo que se incrementaron las señales de este naturaleza sobre posibles atentados contra la vida y la integridad de algunos líderes de las comunidades ancestrales del país.

Declaración que cayó como anillo al dedo en un país donde la muerte violenta de cualquier líder social se capitaliza siempre para obtener réditos políticos. De esta tesis con visos de realidad, no se excluyen las acciones de fuerza contra los líderes o integrantes de las comunidades indígenas del país y si no me creen miren el Twitter de algunos politiqueros en campaña.

Hablemos claro sobre los porqué de esta situación. Las autoridades indígenas siempre han exigido la autonomía en aquellos territorios que consideran ancestrales. De hecho, la ley  favorece tal pretensión, pues les otorga una especie de fuero jurídico y la existencia de aparatos policíacos propios (la guardia indígena).

Nuestros hermanos mayores han rechazado históricamente la presencia de los actores armados en sus territorios sagrados (léase resguardos). En su discurso  incluyen en esta categoría a los integrantes de la Fuerza Pública, equiparándolos con delincuentes de todas las calañas y pelambres: las guerrillas, las disidencias de esas guerrillas, los carteles del narcotráfico y las bandas y combos criminales.

¡Esto en teoría, porque en la praxis a los únicos que expulsan de sus territorios es a los soldados y policías! Sí, leyó bien, los mismos de los que hoy reclaman y exigen protección y que en la semana han combatido con vehemencia con las disidencias de las Farc que hacen presencia en el norte de este departamento de población mayoritariamente nativa.

Los colombianos ‒gracias a la inmediatez de WhatsApp, las redes sociales y los mass media‒ saben y conocen de lo que estoy hablando. Las vejaciones a la tropa están documentadas en videos que muestran a comandantes militares con machetes en el cuello, hordas de indígenas literalmente encuellando o arrastrando uniformados y catervas de nativos que torpedean procedimientos de captura por narcotráfico en los resguardos.

No actúan en la misma proporción con los otros actores armados. Es innegable el hecho de que algunas comunidades indígenas ‒en especial las que habitan el norte del Cauca, pues cosa bien distinta ocurre con las del sur del departamento‒ han sido históricamente permisivas frente la proliferación de cultivos y laboratorios de la millonaria industria del narcotráfico. Lo fueron con los frentes sexto y 30 de las Farc y lo son hoy con las disidencias y la delincuencia organizada.

Se envalentonan con los agentes del orden porque saben que ellos respetarán sus derechos a como dé lugar, mas se acobardan con los verdaderos culpables de que en sus tierras pululen los cultivos de hoja de coca y de marihuana y no aquellos propios de su heredad. He leído infinidad de comunicados del CRIC que cuestionan la presencia militar en los resguardos, pero ni uno solo condenando con nombre propio a los barones de la droga, bien se trate de aquellos disfrazados con pretensiones políticas como en las guerrillas o de abyectos criminales y reconocidos prontuarios.

Al fin y al cabo, tras el asesinato premonizado en la alerta temprana, será el comandante militar o policial quien, al final del día, responda y pague caro con una sanción, su destitución fulminante o un proceso penal por omisión en calidad de máximo responsable. En el entretanto, los alcaldes y gobernadores y sus respectivos secretarios de gobierno, pasarán de agache en los territorios, como lo hacen algunos ministros del despacho como el de la cartera de Gobierno.

Si todos los protagonistas de esta historia sumarán, tal y como aparece consignado en la ley 62 de 1993, que ordena a las autoridades territoriales la formulación de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana o PISCC, otra sería la suerte de los líderes sociales del país, incluidos, claro está, aquellos de las comunidades indígenas. Mientras tanto, !arde el Cauca! y la paz le es esquiva.