Bojayá: entre la fama y el olvido

Por Daniel Ospina Celis*

Así comenzó el 2020 en Colombia: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), un grupo paramilitar, hicieron presencia en Bojayá (Chocó), amenazaron a los habitantes de uno de sus corregimientos y confinaron al menos a cien personas durante las celebraciones de año nuevo. En respuesta a este hecho, las Fuerzas Armadas hicieron presencia en la zona; enviaron al menos a 150 soldados, realizaron un consejo de seguridad y garantizaron la seguridad de los ciudadanos al ordenar la presencia permanente de uniformados en el municipio. Este lamentable suceso dice mucho de la realidad de las comunidades más apartadas en Colombia y de los inmensos retos que tiene el país para consolidar la paz.

Bojayá es, lastimosamente, uno de los municipios del Chocó más recordados por la opinión pública. No lo es por su banda musical que interpreta bambucos, pasillos al sonido de un saxofón, un par de trompetas y un clarinete ni por una de sus artistas más reconocidas: Nohency Martínez “La Reina del Bongó”. Tampoco lo es por la entereza de sus habitantes, por su vista imperdible del río Atrato o por sus prácticas tradicionales de pesca y lavado. La fama de Bojayá se debe a su trágica relación con el conflicto armado y, en especial, a la masacre que tuvo lugar el 2 de mayo de 2002.

A pesar de su relativa fama y de los esfuerzos del gobierno por reparar a esta comunidad de víctimas —con la construcción de Bellavista, una cabecera municipal sin riesgo de inundación, por ejemplo—, Bojayá sigue en el olvido. La presencia de grupos paramilitares y guerrilleros en la zona no es una novedad. Desde hace meses, distintas personas y organizaciones internacionales han advertido la vulnerabilidad de Bojayá y el alto riesgo que tienen los líderes sociales de la zona. Sin embargo, no fue hasta lo sucedido esta semana que el ejército hizo presencia permanente en el municipio.

Como se vio durante la primera semana de 2020, los líderes sociales de Bojayá también se han visto amenazados por los grupos ilegales que operan en la región. En esta ocasión, Leyner Palacios, vocero de la comunidad de víctimas y sobreviviente de la masacre de 2002, fue amenazado e instado a abandonar Chocó. Este hecho llevó a que el Ministerio del Interior hiciera presencia y ordenara protección para Leyner. Ahora bien, las amenazas en su contra tampoco son una novedad. Al igual que numerosos líderes sociales en Colombia, Leyner lleva años arriesgando su seguridad personal por defender a la comunidad en la que nació. Precisamente por eso, líderes de todo el país presentaron una tutela para que se reconozca que defender derechos es un derecho y para que el Gobierno Nacional cumpla con las garantías de seguridad que creó el Acuerdo Final.

Y es que el Estado no ha hecho presencia integralmente para garantizar los derechos de esta comunidad apartada, que además es una comunidad de víctimas. Por ejemplo, Bojayá tiene un puesto de salud en su cabecera municipal, Bellavista, en el que únicamente hace presencia un médico cada dos o tres semanas. Esto quiere decir que para cualquier atención médica sus habitantes tienen que desplazarse cuatro horas en lancha hasta Quibdó. Y esto sin contar el tiempo de desplazamiento hasta Bellavista, que desde algunos corregimientos es mayor a tres horas.

Si el derecho a la salud parece no materializarse en Bojayá, la misma suerte corre el derecho al voto. Para poder ejercer este derecho —que supuestamente hace parte de los llamados derechos de primera generación— quienes viven en corregimientos como Pogue o Mojaudó deben llegar a Bellavista. Más allá de las cinco horas en lancha que separan a Bellavista de estos corregimientos, quienes deseen votar deben costear sus costos de viaje, que según Leyner pueden ascender hasta los tres millones de pesos. ¿Qué materialización del derecho al voto es esa? Por eso, en este momento, una acción de tutela que busca la instalación de puestos de votación para las comunidades indígenas en Bojayá se encuentra en curso ante la Corte Constitucional.

Esta situación no es nueva en el contexto colombiano, lo cual ha permitido construir una amplia literatura sobre el abandono institucional. Lo curioso, o más bien preocupante, es que Bojayá se encuentra en una dualidad perversa: estar entre la fama y el olvido. A Bojayá lo recordamos cuando se habla del conflicto armado, pero las instituciones no han logrado hacer presencia integral para proteger la dignidad y los derechos de sus habitantes. Resta ver si los sucesos recientes permiten que el Estado retome el control sobre el Bajo Atrato y haga presencia real en municipios olvidados como Bojayá.

*Investigador de Dejusticia