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Por: Catalina Hernández Herrera*
Los programas para impulsar la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria -ACFC- se componen de tres etapas básicas: i) planeación-formulación, ii) seguimiento y iii) evaluación.
El artículo “Los programas para la Agricultura Campesina ¿funcionan en la práctica o se quedan en la teoría?” exploró los dilemas de la etapa de planeación-formulación de las iniciativas para fortalecer la ACFC; por lo que este escrito se concentrará en las dificultades que representan las etapas restantes, a saber: seguimiento y evaluación.
Para empezar, es importante mencionar que nuestras administraciones públicas -tanto del orden nacional como territorial- tradicionalmente han considerado que el trabajo estatal termina con la entrega de las ayudas institucionales, cuando en realidad ese es el momento en donde inicia la labor más dispendiosa, pues lo cierto es que, en términos coloquiales, para garantizar la cosecha no basta con entregar la semilla. El ejercicio práctico ha demostrado que el acompañamiento a los campesinos es fundamental para asegurar que el gasto público que se hace con la entrega y distribución de insumos agrícolas o pecuarios, la construcción de infraestructura básica agropecuaria o la puesta en marcha de iniciativas de capacitación y formación para el trabajo rural, no caiga en el vacío.
Para ejemplificar este punto está el caso de la entrega de forrajes que año a año subsidia el Ministerio de Agricultura, en conjunto con algunos departamentos, con el propósito de entregar a los pequeños productores pecuarios alimento para su ganado (forrajes) y solventar así la subsistencia en época de sequía. En este evento las metas fijadas desde los planes de desarrollo se cumplen con la entrega de los forrajes, pero este cumplimiento formal de los objetivos de la administración está lejos de resolver las preguntas estructurales que deberían preocuparnos: ¿es la entrega de forrajes subsidiados la manera más eficiente para atender las consecuencias de la sequía en el territorio?, ¿cuál es el impacto que tienen estas entregas en la productividad de los pequeños campesinos?, ¿es este programa eficiente cuando se evalúa la relación costo-beneficio?, etc.
La información para responder las cuestiones planteadas debería provenir del seguimiento que el gobierno local hiciera a los beneficiarios de las entregas, lo que serviría para identificar sus condiciones, así como las de los predios en que se ubican, y el resultado de los programas en las economías campesinas. Esta data es además indispensable para la construcción de las bases de información que alimentarán sistemas integrados de datos como el catastro multipropósito. El seguimiento y la evaluación de impacto que tiene en el territorio el gasto público también contribuiría para definir si vale la pena replicar los programas cada anualidad o sí deben introducirse cambios para lograr mayor eficiencia y mejores resultados.
Sin embargo, buena parte de los gobiernos departamentales y municipales se conforman con repetir año a año los mismos programas cofinanciados con el gobierno nacional, sin hacerse preguntas, formular nuevos modelos y muchos menos medir, así sea imperfectamente, los impactos de los programas ejecutados. Ante esta situación es crucial recordar que el principio de la autonomía territorial, que es uno de los pilares fundamentales de la Constitución Política de 1991, establece como una de las responsabilidades principales de los municipios y departamentos el conocimiento de las dinámicas de su territorio, para guiar así los esfuerzos fiscales –tanto del sector central como descentralizado- dirigidos a fortalecer las economías locales y la calidad de vida de los habitantes.
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En este sentido y volviendo al ámbito de los programas de la ACFC, se puede culpar al sector central por no asegurar que las entidades territoriales cuenten con los recursos o capacidad para actuar ante ciertas problemáticas, pero no es menos cierto que en esta ecuación las administraciones municipales y departamentales tienen también un papel que cumplir, que se concreta en la práctica en el seguimiento que debe hacerse en el territorio a la ejecución de los programas públicos y que implica sobre todo voluntad por parte de los funcionarios para visitar a los beneficiarios, recoger información en campo, escuchar a la gente y, en general, llevar registros de resultados.
En otras palabras, no todas las dificultades que afronta la agricultura campesina encuentran respuesta en la inversión de recursos, pues hace falta la intervención de las autoridades locales para supervisar y evaluar el impacto que tienen en el territorio los programas públicos, lo que permitirá moldearlos paulatinamente hasta convertirlos en instrumentos que realmente se ajusten al contexto de los territorios y generen procesos de evolución y progreso de la economía rural. Esfuerzos de este tipo no producirán resultados instantáneos, pero sí avances en la solidez de los procesos de adopción de decisiones públicas a los que debemos apuntar como país, pues el problema en el campo no se limita a entregar la semilla, sino a asegurarse que caiga en terreno fértil.
*Catalina Hernández Herrera es Columnista invitada