Campesinado y derecho a la alimentación

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*Por: Pablo Catatumbo

Revisando el Informe de Desarrollo Humano 2011, Colombia Rural, Razones para la Esperanza encontré la siguiente frase: “Los ciudadanos globales han comprendido que la calidad de vida en las urbes depende del bienestar de quienes habitan las zonas rurales”, ojalá en el contexto que nos ha impuesto la proliferación de la pandemia la humanidad reconozca la importancia de quienes con su trabajo nos brindan la posibilidad de alimentarnos: el campesinado y, con ello, se genere un redireccionamiento del modelo agroalimentario imperante.

En el caso local, la crisis alimentaria del país es el reflejo de un modelo económico que debilitó la estructura agropecuaria para incentivar la ganadería extensiva e improductiva para el acaparamiento de tierras y la importación de alimentos. Estructura productiva que en medio de la pandemia ha intensificado sus efectos sobre todo en el campesinado y los ciudadanos con menos posibilidades económicas que habitan en las ciudades.

A pesar de que el campesinado corresponde a la tercera parte del total de la población colombiana y produce el 70% de los alimentos que consumimos en el país, las condiciones en las que viven, sumadas a las amenazas de la proliferación del virus los ponen en eminente riesgo.

El abandono estructural del Estado ha hecho que esta población carezca de tierra suficiente, servicios públicos, inseguridad jurídica de sus predios, deficiencia en el sistema de vías, restricciones para la comercialización, limitaciones en acceso a educación pertinente. Condiciones todas que repercuten no solo en esta población sino también en la población de escasos recursos que habita en las ciudades debido a que se han generado sobrecostos en el transporte y especulación sobre los precios de los alimentos.

La profundización del modelo de desarrollo rural excluyente, de la especialización productiva hacia el mercado internacional con materias primas como café, azúcar, aguacates, palma de aceite, banano, todo en favor de los grandes productores agropecuarios y del empresario agrícola han dejado desprovisto al campesinado de posibilidades de satisfacer sus necesidades vitales que los han impulsado a migrar hacia las ciudades, produciendo un cambio drástico en la composición demográfica del país y un riesgo en el abastecimiento de alimentos.

Hacia finales de los años 80, nuestra agricultura producía los alimentos necesarios para abastecer la demanda del conjunto de la población colombiana. A casi 30 años, las compras de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron un costo de $6.908, millones de dólares para el 2018, que se traduce en más de 13 millones de toneladas, es decir, el 30% de lo que consumimos en el país es importado.

La permanencia de este modelo pretende borrar de un brochazo la existencia del campesinado, presentándolo como un modelo de vida arcaico que debe dar paso al empresario agropecuario. Es decir al capital y, con ello, al trabajador rural. Personas desprovistas de su esencia cultural, sin territorio, sin semillas nativas, sin identidad. Proliferando el desarraigo como forma de vida para la producción de mercancías.

Los aspectos que he mencionado hasta el momento permiten llegar a una conclusión: el problema alimentario del país no se debe a falta de recursos. No. Es más el resultado de la incapacidad de construir una política agraria y alimentaria coherente con la realidad del país, de abrir los caminos a las distintas formas de habitar los campos en donde quepamos todas y todos: las mismas garantías y beneficios para el campesinado como a los grandes productores.

Para pasar del verbo a la acción, que conlleve a tener un sistema agroalimentario coherente con las necesidades del país, que muchos considerarían utópico, existe ya un camino recorrido, el cual se debe impulsar para que el gobierno y los que vienen lo acojan como una decisión en la que el centro sea el bienestar general y no el enriquecimiento desmedido de unos pocos.

La Asamblea General de la ONU el 17 de diciembre del año 2018 aprobó la declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales en donde se destaca la necesidad de que los Estados respeten y protejan los derechos del campesinado, se promuevan los ajustes normativos necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos de campesinos. Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los demás partidos políticos y a la sociedad en general para exigir y trabajar en que los derechos del campesinado sean una realidad en Colombia.

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