¿Campesinos o emprendedores rurales?

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En el 2018 nació el proyecto “Colombia Rural”, una “estrella” del presidente Duque consignado en el Plan Nacional de Desarrollo para la construcción y mejoramiento de vías terciarias, que buscaba generar alrededor de cinco mil empleos directos con la inclusión del programa Emprendedores Rurales. Según la Presidencia de la República los emprendedores serían las comunidades, las juntas de acción comunal, los cabildos y demás organizaciones indígenas y civiles.

El proyecto cuenta con 5 etapas: (i) postulación de vía a intervenir por parte de alcaldes o gobernadores, (ii) calificación de corredores postulados por parte de Invías, DNP y Ministerio del Transporte, (iii) publicación de resultados de los corredores a ser intervenidos, (iv) presentación de documentos adicionales por alcaldes y gobernadores y (v) formalización del proyecto en el cual se define el alcance, se suscriben convenios y se asignan los recursos. En la primera fase del proyecto 1.018 municipios y 24 gobernaciones inscribieron sus vías terciarias para recibir recursos del Gobierno nacional. En la fase 2 escogieron 920 vías terciarias en todos los departamentos del país en los cuales se llevaría a cabo la intervención de las mismas. En noticias del Invías se reportan avances en Sucre, Nariño, Casanare, Cesar, Tolima, Cauca, Antioquia, Cundinamarca, la región del Catatumbo y 68 municipios PDET (860 Km en 124 tramos).

Más allá de los resultados, es importante pensar en la noción de emprendedores rurales que propone este proyecto, directamente asociada a muchas de las narrativas que en su momento legitimaron la firma de Tratados de Libre Comercio con países como Canadá o Estados Unidos y que ven en las comunidades rurales, en el campesinado en particular, una población despojada de su identidad política y de las luchas históricas que han dado en todo el país por la tierra y por su reconocimiento.

En el marco de los diferentes TLC los campesinos pueden llegar a ser equiparados con poblaciones con ocupaciones similares en otros países. Un ejemplo de esto son los cultivadores de algodón en Estados Unidos. Según datos del Departamento de Estado de Agricultura, este país es el tercer productor más grande y el principal exportador de algodón en el mundo. La industria del algodón en este país representa más de $21 mil millones de dólares entre productos y servicios al año y genera más de 125.000 empleos que van desde las plantaciones hasta las fábricas.

Pero veamos en detalle qué sucede en las plantaciones: para el 2013 una plantación/granja que produce el algodón suficiente para fabricar 9,4 millones de camisetas empleó a 13 personas: 8 conductores, 3 técnicos o mecánicos y 2 supervisores; y utilizó 26 máquinas. Las semillas que utilizan son genéticamente modificadas y cuentan con tres tipos de subsidios por parte del gobierno: (i) seguros a la cosecha, (ii) el “programa anticíclico” por medio del cual el gobierno le paga a los cultivadores cuando los precios promedios del algodón caen por debajo de cierto nivel y (iii) pagos directos a los cultivadores.

En Colombia, por el contrario, las condiciones de producción y venta son precarias. Un ejemplo es el de los campesinos productores de papa. En el 2020 cerraron el año vendiendo a $8.000 un bulto de papa que antes vendían en $50.000. Con estas condiciones los precios del transporte son impagables ya que tienen que asumir los costos de trabajadores e incluir animales de carga. Durante la pandemia fue usual ver a campesinos de Boyacá vendiendo papa en la carretera entre Tunja y Boyacá, sin embargo, el problema viene de antes, ya que los costos de producción de un kilo de papa en Colombia son de los más altos de América Latina y no hay créditos, asistencia técnica ni subsidios para contrarrestar las pérdidas por temporadas de invierno.

Además, en nuestro país, en el 2018 el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) por medio de una comisión de expertos, y atendiendo a un llamado de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia STP2028-2018), publicó un documento conceptual en el que proponía cuatro dimensiones del campesinado como sujeto intercultural e histórico con el fin de definirlo, incluirlo en los instrumentos censales nacionales y formular políticas públicas específicas para esta población: la dimensión territorial que hacía referencia a la imbricación del campesinado con la tierra y sus territorios. La dimensión cultural, asociada a las maneras específicas de vivir, pensar y habitar las zonas rurales. La dimensión productiva, que reconocía la existencia de relaciones de trabajo especiales con la tierra como recolectores, cultivadores, pescadores y criadores. Y, finalmente, la dimensión organizativa, que articulaba la constitución del campesinado con formas de organización social y participación ciudadana con antecedentes históricos.

¿Dónde quedan estas dimensiones en la noción de emprendedores rurales? ¿Por qué es tan importante el reconocimiento de las trayectorias organizativas que diferencian al campesinado colombiano de, por ejemplo, los cultivadores de algodón estadounidenses? Las respuestas son ineludibles: en Colombia, frente a las condiciones de exclusión, violencia y empobrecimiento los campesinos, en toda su diversidad, han establecido durante décadas vínculos sociales, económicos, culturales y políticos que además de permitir el desarrollo de sus fuerzas productivas y laborales afianzan su arraigo territorial y pretenden mejorar sus condiciones de vida como campesinos, no como emprendedores o empresarios de la ruralidad.

Este problema no es nuevo, la Constitución Política de 1991 no incluyó la categoría de campesinos o campesinado. Los reconoció como trabajadores agrarios y aunque han habido múltiples iniciativas para cambiar el articulado para que sean incluidos en los censos y haya un diseño más adecuado de políticas públicas rurales esto no ha sucedido aún. En este escenario, el programa de Emprendedores Rurales en vez de avanzar en ese reconocimiento del campesinado en todas sus dimensiones (territorial, cultural y organizativa) acentúa la idea de que esta población solo es importante para el sector rural del país en términos productivos. Un retroceso con fuertes implicaciones económicas y políticas.

*María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

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