¿Caracterizar para mejorar la calidad de vida de la población campesina?

Por: Ana Jimena Bautista*

¿Cuántos campesinos y campesinas existen en Colombia? ¿Cuántos de ellos tienen tierra y vivienda? ¿Cuál es su situación económica? ¿Cuáles son sus principales fuentes de subsistencia? ¿Cuántas personas conforman sus hogares? ¿Estamos ante un proceso de descampesinización?

Estas y otras preguntas quedaron pendientes por responder tras la aplicación del Censo de Población y Vivienda de 2018. ¿Cuál fue la razón? El censo no permitió que aquellas personas que se identifican como campesinas pudieran reconocerse como tal y, en consecuencia, si bien existe información en términos generales sobre la ruralidad en el país, no se conoce en detalle cuál es la situación de esta población que históricamente ha sido discriminada.

Después de una larga lucha de las organizaciones campesinas para que el campesinado sea tenido en cuenta no solo como productor o trabajador agrario, sino como una población con unas condiciones materiales particulares, y con un proyecto de vida y cultura propia —lucha que ha contemplado procesos de movilización social, acciones judiciales, propuestas legislativas y acciones de incidencia política—, por primera vez en la historia de nuestro país el campesinado está siendo incluido como tal en un instrumento de medición por parte del DANE.

Desde la primera semana de julio hasta la última de agosto se está aplicando la Encuesta de Cultura Política, instrumento estadístico que busca obtener información sobre los mecanismos y espacios de participación ciudadana, comportamiento electoral, partidos políticos y por la confianza en las instituciones. En dicha encuesta, de manera novedosa, se incluyeron preguntas que indagan por la situación del campesinado. En este sentido la persona encuestada podrá responder si se identifica como campesina, si pertenece a organizaciones campesinas, si votaría por campesinos a cargos de elección popular y qué tanto cree que se protegen los derechos de esta población, entre otros temas.

Este primer ejercicio estadístico espera ser complementado con otras encuestas que realiza de manera periódica el DANE, institución que se ha tomado en serio el reto de incorporar a la población campesina en sus instrumentos, de tal manera que el país cuente con información confiable que le permita al Estado tomar decisiones que involucren a esta población.

La pregunta que surge es: ¿para qué sirve la información que se espera recolectar sobre el campesinado por parte del DANE?

Sobre este punto es importante recordar que la actual caracterización que adelanta el DANE es un logro de más de 1770 campesinos/as que interpusieron una acción de tutela en 2017 para ser incluidos en el Censo de Población y Vivienda, bajo el lema “Para que el campesinado cuente tiene que ser contado”. Producto de dicha acción judicial, la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional, incluyendo al DANE, para que elaboren estudios complementarios al Censo Agropecuario de 2014 y al Censo de Población y Vivienda 2018 que permitan contabilizar e identificar la situación actual de la población campesina, de tal manera que se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas que garanticen la igualdad material de esta población.

Dicho pronunciamiento que busca la intervención del Estado para transformar la vida del campesinado cobró mayor relevancia a partir de tres hechos. El primero de ellos, la aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 18 de diciembre de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales; el segundo, la aprobación en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del artículo 253, en el que el Gobierno Nacional se compromete a construir una política pública para la población campesina de manera participativa; y el tercero, la expedición de los recientes lineamientos para el reconocimiento, prevención promoción y defensa de los derechos del campesinado por parte del Procurador General de la Nación (expedidos el 11 de junio de 2019), en donde, además de reconocer al campesinado como sujetos de derecho, se insta al Gobierno Nacional y territorial a crear planes, programas, estrategias y políticas públicas a favor de esta población.

Desde la comunidad internacional, el Ministerio Público y la rama judicial se impulsa el viejo anhelo del campesinado de tener mejores condiciones de vida como consecuencia de la actuación decidida del Estado. Por ahora, el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de formular una política pública a favor de esta población. Para ello podrá contar en poco tiempo con información confiable y actualizada que le permitirá tomar mejores decisiones. Ojalá el uso de dicha información sirva para transformar la realidad adversa que vive el campesinado en nuestro país y promover sus propios proyectos de vida.

*Investigadora de Dejusticia.