Por: Observatorio de Restitución y Regulación  de Derechos de Propiedad Agraria

Colombia 2030

Por Alfonso J Lozano Valcárcel*.

Siempre creí que este espacio se llama como se llama porque el 2020 era una fecha futura, un porvenir al cual apuntarle con los temas relacionados con el conflicto. Sin embargo, ese futuro llegó y, para sorpresa de nadie, el conflicto sigue estando vigente. Sólo hay que ver el informe de la ONU sobre lo ocurrido durante el 2019, en donde explícitamente señala que grupos violentos “perpetrando amenazas, homicidios y otros graves abusos a los derechos humanos y causando desplazamientos forzados” (Punto 9).

Además parece que el presidente no leyó el informe, porque salir a quejarse diciendo que no se menciona que estos grupos generan violaciones a los derechos humanos, cuando lo hace de manera explícita, es esparcir paparruchas (o para usar el término en inglés fake news). Ahora, un presidente que sale a criticar un informe sin leerlo (o peor, leyéndolo selectivamente) deja un sinsabor sobre la seriedad con la que el gobierno se toma estos temas.

Pero no nos engañemos, esa falta de seriedad viene desde los gobiernos anteriores. Empezando por los gobiernos que se hicieron los pendejos con las víctimas, tampoco se puede descartar quienes ingenuamente creyeron que el tema era fácil. Y es que toca ser ingenuo en exceso para creer que se puede lograr la restitución de tierras en Colombia en diez años. Sin embargo, así fue como se consignó en la Ley 1448 que se “vencía” el próximo año. Con el plazo venciéndose, hay datos que cobran un significado distinto, como que el 63% de las solicitudes presentadas ante la URT sean rechazadas. ¿Será que esos rechazos tienen que ver con que tocaba terminar todo este año? No lo sabemos, pero sigue siendo sospechoso.

Afortunadamente, se demandó el artículo que clausuraba la Ley de víctimas. Y el fallo de la  Corte Constitucional deja claras múltiples cosas para este y futuros gobiernos. En este, la Corte consideró que quienes equiparan la transición a un mero plazo sujeto a la voluntad del legislador se equivocan. La transición, con sus componentes de verdad, justicia y sobre todo reparación, es un elemento jurídico complejo que obliga al estado. Y es que estos componentes son derechos fundamentales de las víctimas. 

Y es que son esos derechos (muchos explícitamente en la constitución gracias al acuerdo de la Habana) los que obligan a frenar la ingenuidad del legislador. En diez años no se logró garantizar el derecho a la reparación de las víctimas del conflicto, y la Constitución exige que se garantice ese derecho junto con los demás componentes de la transición (verdad y justicia). Ahora, la Corte sí tuvo presente la libertad legislativa en el fallo. Antes de que se le acuse de extralimitarse en sus funciones, la Corte explícitamente acepta que el legislador cambie de cuerpo normativo siempre y cuando se mantengan estos derechos.

Ahora bien, en caso que el Congreso decida no cambiar la ley 1448, está estará vigente hasta el 7 de agosto de 2030. Vuelve a existir un tiempo futuro para los temas del conflicto. No obstante, sabemos que en materia de restitución ese plazo no va a alcanzar y si tenemos en cuenta lo que el presidente no leyó, que el número de víctimas sigue en aumento, queda preguntarnos si dentro de diez años estaremos como estamos hoy.

*Investigador del Observatorio. 

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