Por: Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

¿Cómo avanza la protección de defensoras y defensores de Derechos Humanos en Colombia?

Por María Eugenia Ramírez Brizneda.

Termina el año y consigo se quedan las preocupaciones e interrogantes sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN y la persistente realidad de asesinatos, amenazas y agresiones contra las defensoras y defensores de derechos humanos, que, además, vienen acompañados de un alto índice de impunidad y negación.

En este escenario, desde la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz hemos de registrar dos hechos importantes que merecen la atención del Gobierno Nacional por las implicaciones en materia de protección y garantías de quiénes legítimamente ejercen el trabajo de dignificar la vida, garantizar derechos y construir paz en los territorios.

El primero de ellos, la visita oficial de Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de Derechos humanos, realizada del 20 de noviembre al 3 de diciembre de este año. En su periplo por los territorios, pudo constatar que es cierto que en este país ser lideresa, defensora o defensor, exigir, luchar por el acceso a tierras, al agua, a una vida digna, representa un riesgo que en muchos casos cuesta la vida. Tocar la tierra, percibir el dolor, sentir las ausencias de las instituciones y las autoridades, fue lo que encontró a su paso junto a los testimonios de mujeres y hombres, de procesos organizativos y comunitarios, todos tan diversos como la geografía de este país.

En su informe, recoge las voces de mujeres defensoras sobre los riesgos y amenazas por el hecho de ser mujeres, “la diversidad y la magnitud de las amenazas, ataques y re- victimización” como lo titula en la Declaración del fin de la Misión, las múltiples violencias que enfrentan en el ejercicio de su liderazgo y defensa de sus derechos y los de su entorno social y político. En esta perspectiva, refuerza las denuncias, los pronunciamientos y las preocupaciones de las organizaciones, redes y plataformas de mujeres en los procesos de construcción de paz e implementación del Acuerdo Final.

La Cumbre considera que las recomendaciones que emanan de esta visita y de acuerdo con él, deben ser tomadas en cuenta por el gobierno para “desarrollar y fortalecer aún más una política nacional sobre los defensores y defensoras de derechos humanos”.

El otro hecho que consideramos importante, por sus implicaciones en materia de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, es la creación de la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO) de Prevención y Protección individual y colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales, y periodistas mediante el Decreto 2137 de 2018.

Con esta Comisión comenzará a funcionar el PAO, teniendo como misión hacer un diagnóstico y seguimiento sobre las amenazas contra defensores/as de derechos humanos, líderes/as sociales, comunales y periodistas. En teoría, con esta Comisión quedarán claros los presupuestos para proteger a los y las líderes sociales, así como las regiones en las que se va a intervenir. Se conformarán, dice el decreto, “Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)”, en donde se implementarán medidas de protección individual y colectiva. Pero, ¿Qué tan eficaz y pertinente será para el tratamiento de las agresiones, amenazas y asesinatos a lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos? Veamos:

Teniendo en cuenta el marco normativo e institucional que estaba establecido en el sistema jurídico colombiano previo a la expedición del PAO, no se evidencia un avance significativo en la protección de defensores y defensoras ni en la prevención de nuevas situaciones de violencia con esta nueva herramienta presentada por el Gobierno Nacional. En cambio, esta nueva política no fija estrategias acordes a los objetivos que esboza, sin embargo, interfiere con lo que se ha venido desarrollando hasta el momento y genera vacíos normativos que de seguro afectarán la implementación de lo que se venía ejecutando. Por ejemplo, estrategias de coordinación con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad o con la Unidad Especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales, teniendo en cuenta que estas fueron creadas como las más altas instancias en materia de diseño y seguimiento al desmantelamiento de las organizaciones criminales que atentan contra defensores/as de derechos humanos en el Acuerdo Final de Paz.

Excluye a defensoras, defensores y organizaciones sociales y de derechos humanos: A pesar de que desde un primer momento el Gobierno Nacional resaltó la importancia de la colaboración entre las instituciones estatales y las organizaciones sociales para la proyección de una política pública enfocada en la protección de defensores y defensoras de derechos humanos, el PAO constituye un retroceso en la integración de la sociedad civil a la formulación de este tipo de políticas. Dicho retroceso se refiere esencialmente a la falta de interlocución con las organizaciones para la elaboración del PAO y a la falta de instancias de representación o vocería directa dentro de la misma Comisión Intersectorial., incluyendo a las mujeres.

Esta situación resta eficacia y legitimidad a las medidas de prevención de la violencia en contra de defensoras y defensores dado que desconoce los aportes que pueden dar de primera mano las víctimas de este contexto de persecución sobre los riesgos y amenazas presentes en los territorios. De igual manera, limita la posibilidad de crear herramientas efectivas para la protección ya que omite las condiciones reales de las personas afectadas y basa la consolidación de la estrategia en una lectura parcial e institucional de la realidad.

Estos son algunos de los aspectos que consideramos problemáticos con la expedición del Decreto 2137 de 2018 que crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo del Plan de Acción Oportuna (PAO). Tienen que ser materia de reflexión de quienes asumimos la tarea de trabajar por la construcción de una paz estable, con garantías para las lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos.

Si bien valoramos la intención del gobierno de avanzar en una política de protección y garantías a defensoras y defensores de derechos humanos, no es suficiente si no existe la voluntad política de concretarla con medidas efectivas que incorporen las recomendaciones de las organizaciones, redes y plataformas de mujeres, las defensoras de derechos humanos que siguen asumiendo riesgos y que se encuentran en procesos de protección.

Desde este espacio, manifestamos nuestra indignación por el asesinato de la psicóloga Viviana Muñoz Marín, quien trabajaba en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y por los siete asesinatos que han enlutado este 2019. Demandamos de las autoridades competentes la investigación y sanción a los responsables.

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