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COVID-19: Acceso a la información y transparencia 

Kenneth Burbano Villamarín
07 de mayo de 2020 - 01:30 p. m.

Estos meses de pandemia ha enseñado lo valiosa que es la interacción humana despojada de distinciones odiosas, mediada por el respeto y el reconocimiento del otro; se afianza la protección de la vida, la salud y resulta inaplazable la reconciliación con la naturaleza. Algunos derechos son reclamados con vehemencia dado su carácter inmediato y esencial: comida, trabajo, techo, medicamentos,  elementos de protección y seguridad para la atención médica y hospitalaria; otros, dentro de la diaria supervivencia resultan “menos tangibles”  aunque trascendentales para la democracia, como el derecho a la información.  

En un artículo que trabajamos con la investigadora de la Universidad Libre, Carolina Rodríguez Bejarano, coincidimos en que esta pandemia constituye uno de los retos más grandes para la protección efectiva de los derechos humanos (DH); supone la posibilidad de suspender y limitar el ejercicio de ciertos derechos bajo estrictas condiciones a la luz de las obligaciones estipuladas en tratados de DH;  implica maximizar esfuerzos de protección a su núcleo esencial, esto es, evitar que la limitación del derecho se convierta en su anulación o impedir que se despoje de su necesaria protección,  aún en las actuales circunstancias.

En algunos países los constantes rumores de censura a publicaciones de estudios sobre el origen del coronavirus o el presunto ocultamiento de cifras reales de muertes o contagios, permite inferir que se está faltando a la verdad; que no se hace lo suficiente para informar con transparencia y que los ciudadanos están inmersos en un universo de desinformación, de información masiva falsa y que los funcionarios no actúan con prontitud y acierto ni los particulares cumplen con su deber de solidaridad.

Con la ocurrencia de la censura, la ciber-censura, el ocultamiento o la tergiversación de la información, no se podrá contrarrestar eficientemente la propagación del virus ni controlar el uso inadecuado de los recursos públicos; sin una efectiva garantía a la libertad de expresión, dice la Corte interamericana, la democracia se desvanece, los mecanismos de control y denuncia se tornan inoperantes y se crea un escenario propicio para que los sistemas autoritarios se arraiguen a la sociedad.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en la Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los DESC, evidenció que el acceso al internet en igualdad de condiciones es una forma de garantizar el derecho a la información y  amparar otros derechos, como la salud y la educación; es indispensable disponer de información precisa y accesible para reducir el riesgo de transmisión del virus y proteger a la población del peligro que supone la desinformación; esto implica que los Estados deben abstenerse de desinformar deliberadamente a los ciudadanos o imponer obstáculos a la colaboración científica y asegurar que los actores privados no difundan información falsa o engañosa. 

Según la Corte Interamericana las medidas que los Estados adopten para hacer frente a esta pandemia y puedan afectar los DH, deben cumplir con varios requisitos: ser limitadas temporalmente; legales; ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos; razonables; y estrictamente necesarias y proporcionales. Sobre la importancia del principio de transparencia, la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de DH hace un llamado a que los Estados proporcionen información veraz sobre la naturaleza de la amenaza que supone el coronavirus, esto resulta muy pertinente, dado que algunos gobiernos han desestimado la gravedad de este mortal virus que por ahora no cuenta con una vacuna.

Las anteriores consideraciones son vinculantes para Colombia, donde las estadísticas más que certeza, generan interrogante sobre el total de personas realmente infectadas. Por otro lado, el protagonismo parece marcar la ruta entre el presidente de la República, los gobernadores y alcaldes; los “pulsos de poder”, las riesgosas fechas y las condiciones sobre el levantamiento del confinamiento, las normas contradictorias; todo esto desinforma, lesiona los derechos de las personas y genera zozobra. 

Como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo,  todos los países deben encontrar un delicado equilibrio entre la protección de la salud, la minimización de los trastornos sociales y económicos, y el respeto de los DH.

 

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