COVID-19: posible aliado de las personas privadas de la libertad

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Las dificultades para contener un gran brote del COVID-19 en centros de reclusión son evidentes. Esta crisis sanitaria ha despertado la preocupación de las autoridades y expertos en salud, así como de las familias de quienes permanecen recluidos en China, Italia, Irán e incluso en el Estado de Nueva York, en Estado Unidos, en donde los primeros casos fueron confirmados en la prisión de Rikers Island hace pocos días. Sin embargo, en Colombia, desde la noche del 21 de marzo y la declaración de la emergencia carcelaria, dicha preocupación se hizo realidad.

Desde una perspectiva jurídica, el Estado se encuentra en una posición especial de garante que acarrea la obligación de asegurar que toda persona privada de libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana. Esto ha sido traducido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Montero Aranguren y otros c. Venezuela, en medidas concretas como: el garantizar espacios suficientemente amplios para pasar la noche, celdas ventiladas y con acceso a luz natural; acceso a sanitarios, duchas limpias y con suficiente privacidad; así como alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes. Con todo, la realidad del sistema carcelario colombiano que ha sido atravesada por la corrupción y el hacinamiento - visibilizada desde la Sentencia T- 388 de 2013 de la Corte Constitucional – provoca el percibir estas medidas mínimas como una fantasía.

Uno de los derechos en discusión es el derecho a la salud. Acorde al derecho internacional de los derechos humanos, tratándose de personas privadas de la libertad, el Estado debe proteger y promover su salud tanto física como mental según el mismo estándar disponible para otros ciudadanos (Reglas Nelson Mandela). Ahora bien, esta garantía, en medio de una pandemia, suscita diversos desafíos que parten de la dificultad de acatar medidas básicas de protección emitidas por la Organización Mundial de la Salud: distanciamiento y lavarse las manos con frecuencia.

Si bien se han tomado varias medidas para el distanciamiento, como la restricción de visitas, estas pueden implicar consecuencias no deseadas provocadas por la ansiedad e incertidumbre de quienes resultan afectados y que, puede traducirse (se tradujo) en motines y violencia. Esta medida, aunque legítima para evitar brotes de COVID-19 en las instalaciones, debe tener como base ciertos principios y estándares mínimos. Dicho esto, cualquier limitación de contacto con el mundo exterior, por ejemplo, debe ser proporcional a su objetivo de prevenir/responder a un potencial brote.

Las medidas de autocuidado invaden las redes sociales advirtiendo su trascendencia, todo debido a que el contacto humano es esencial para el bienestar mental. En estos casos una vigilancia digital, que es la que les ha dado la delantera a los países asiáticos en la contención de la epidemia, y la existencia de trackers es una opción para que el Sistema Penitenciaria no colapse. Por lo mismo, es hora de apelar a la creatividad y poner la tecnología al servicio de los derechos humanos. No hay que ir tan lejos: Llamadas, video llamadas … una pantalla es la que se atraviesa entre nosotros fungiendo como único medio de contacto... ¿Por qué no para quienes están recluidos? Repetiré la conocida decimonónica frase de Rafael Núñez que, aunque considerada ominosa en su contexto, hoy es cierta: ¡Regeneración o catástrofe!

Sumado a lo anterior, estos centros de reclusión se caracterizan por un bajo nivel de higiene en donde el acceso al agua puede ser limitado en virtud de diversas razones, entre ellas, la falta de infraestructura y hacinamiento. De manera paralela, artículos como jabón, desinfectante de manos no son tampoco proporcionados e, incluso, muchas veces prohibidos. Así, no es un secreto decir que dichas restricciones a las visitas tienen una grave implicación, siendo el desabastecimiento de artículos sanitarios, alimentos e, incluso, medicamentos. Son las familias quienes muchas veces suplen la obligación del Estado en la provisión de estos bienes y que, en este momento, más que nunca, requieren ser garantizados.

Si este mínimo no se cumple en condiciones ordinarias, la extraordinariedad impuesta por el COVID-19 conlleva a un aumento de la vulnerabilidad de esta población y, por consiguiente, de los esfuerzos que deben ser puestos en marcha por parte del Estado en beneficio de 123.434 personas que permanecen recluidas en Colombia, bajo un hacinamiento mayor al 50%, y con quienes se tiene una relación especial de sujeción.

Por lo anterior, sin entrar a debatir si los motines de la noche del 21 de marzo, que dejaron muertes y heridos, fueron una protesta relacionada por el coronavirus o un intento de fuga masivo que logró evitarse, lo cierto es la ostensible prisa de tomar medidas en favor de la dignidad humana de quienes permanecen recluidos. Algunas de ellas que, con o sin pandemia, deben existir, pero que, en virtud de esta, se evidencian infaliblemente, convirtiendo el COVID-19 en un posible aliado. 

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