Desaparezcan el Esmad

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¿Se debe desmantelar el ESMAD? Para responder esta pregunta, en primer lugar, haré referencia a algunos cuestionamientos de líderes de opinión y contenido de la web que sostienen que “el ESMAD es un cuerpo paramilitar “”el ESMAD es un grupo de opresión oligarca”; “el ESMAD tiene como política la persecución de los sectores que promueven luchas sociales”; “el ESMAD es una rueda suelta que no responde a ninguna autoridad política”; “el ESMAD es un grupo de ´Águilas Negras´ que reprime los derechos humanos sin amonestación”; “el ESMAD es aporofóbico”; “el ESMAD otorga premios por atacar a los manifestantes”; “el ESMAD tiene una doctrina para dejar a la gente ciega y lisiada”.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) opera bajo el Articulo 218 de la Constitución como una especialidad de la Policía Nacional, es decir, bajo la armadura negra hay uniformados convencionales plenamente identificados (no es un grupo clandestino paralelo o anónimo) que han cursado una especialidad de entre seis meses y un año con énfasis en control de masas y derechos humanos.

A pesar de lo que se cree, el ESMAD no es un fenómeno endémico o único de Colombia, tampoco es una herramienta creada por la “oligarquía nacional para reprimir al pueblo”, sino que su existencia es más bien ordinaria o tradicional, toda vez que, existen en la mayoría de los países del hemisferio occidental.

Pese a que algunos sectores políticos promueven la idea que este cuerpo fue creado para reprimir a la(s) oposición(es), o para cercenar la protesta social, lo que indica la resolución 03002 del 26 de junio de 2017 es que el Esmad está para: “(…) requerir preventivamente a los ciudadanos y promover el cumplimiento de los deberes sociales, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un rango de fuerza proporcional, diferenciado y razonable en el acompañamiento de manifestaciones y disturbios, con el fin de garantizar o restablecer las condiciones de convivencia y seguridad”. Por lo cual, el ESMAD no persigue marchas por causa de su condición política o ideológica, entre otras, porque su jefe y principal respondiente a nivel local, es el poder político (alcaldes) quienes determinan, avalan y dirigen la acción de la Policía en su jurisdicción y esto no admite un precondicionamiento político/ideológico. Hoy el escuadrón opera en ciudades donde hay líderes de una u otra tendencia partidista.

Pese a las especulaciones, no existe una tabla, resolución o directiva que establezca un cuadro de bonificaciones o prebendas al policía que más gases lance o más personas ataque; por el contrario, la acción de una escuadra tiene roles diferenciados y preestablecidos (contener, usar las granadas aturdidoras, accionar los gases, grabar los procedimientos, operar el megáfono, entre otras) lo que hace que la acción, aunque parezca aleatoria o anárquica, en realidad atienda a un principio y una lógica táctica.

Así entonces, una vez enunciado que el Esmad no actúa bajo una preconcepción política, económica o ideológica; que no es una rueda suelta frente al poder político y que sus miembros son funcionarios públicos plenamente identificados que no actúan bajo prebendas o resultados operativos ¿por qué existen tantos reclamos de quienes reivindican el derecho a la protesta social?

Ciertamente, hay que señalar es que esto es un proceso humano, en el cual aunque exista seguimiento y control de parte del poder político y las organizaciones de derechos humanos, cuando una protesta se desborda y empieza el ajetreo, por muy prosaico que recite el manual de control de disturbios, la subjetividad y la condición de humanidad puede llevar a que se den excesos o errores, y aunque se den en buena fe o sin pretensiones inoficiosas, al ir en contra de la norma, son susceptibles de ser indagados y sancionados por las autoridades. Por ello casos como el Dylan Cruz y Nicolás Neira, son objeto de investigación e inclusive, de condena, de tipo administrativo y penal, por su contrariedad con el ordenamiento jurídico.

Pese a ello, el problema de fondo está, no solo en la forma como se contiene la protesta, sino en la forma como se ejerce la protesta. Es decir, se ha acumulado una malsana doctrina por la cual se privilegia la violencia y la acción desmedida como garantía de “ser escuchado” o de “ser contundente”, donde un pequeño grupo de marchantes cree que puede trasgredir la propiedad privada amparado en el derecho a protestar y por esa misma razón, para destruir, insultar o acabar con lo que se antoje. Es ahí donde radica el problema, ya que no se puede actuar y contrarrestar la violencia o las injusticias sociales con mayor violencia, porque se estaría naturalizando su uso como un medio lícito para promover cambios estructurales. Si algo nos enseñó la guerra es que la violencia nunca soluciona nada.

Un buen ejemplo sobre la necesidad de estos grupos, por imperfectos que parezcan, está en que desde su creación el país no ha vuelto a presenciar catástrofes de manifestantes muertos a manos de las autoridades, como el fatídico asesinato de 11 estudiantes el 8 y 9 de junio de 1954, entre otras, porque el ESMAD actúa con armas que, en principio, no son letales.

Ahora bien, si acabamos con el ESMAD, ¿qué pasará el día en que se dé una asonada, o se requiera ocupar un fortín delincuencial (Bronx), o se dé una horda destructiva? Quizá resulte un prodigioso asesor que solicite la intervención militar, lo cual sería fatídico si se tiene en cuenta que los militares tienen un entrenamiento para combate de conflictos convencionales y uso de fuerza letal.

Conclusión: debe haber más pedagogía social, histórica y en derechos humanos tanto para quien protesta como para quien lo regula.

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