Desplazamiento forzado y discursos guerreristas

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La crisis humanitaria derivada del conflicto armado no internacional y otras formas de violencia se perpetuaron en Colombia; este año, se recrudeció el hostigamiento a la población civil y se revivieron las cruentas prácticas de los atentados terroristas, minas antipersonal y bombardeos; produciendo efectos perniciosos como el desplazamiento forzado. Se presenta una escalofriante situación de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, que se repite al igual que los discursos guerreristas cargados de promesas incumplidas, aumentando el número de victimas y revictimizando.

Cauca es un departamento donde el conflicto armado ha perdurado; en Caloto, el 26 de marzo, un carro bomba dejó cuarenta y tres personas lesionadas y se calcula que más de ocho mil personas están en riego, según lo informó El Espectador ; en Argelia, tras enfrentamientos entre guerrillas, más de dos mil personas se vieron obligadas a salir de su territorio. En Calamar Guaviare, el 2 de marzo, la fuerza pública realizó un bombardeo en el que murieron varias personas entre ellas menores de edad. En la zona de frontera de Colombia y Venezuela y en la zona alta de la subregión del Catatumbo, revelado por la Fundación Paz y Reconciliación, las incursiones armadas, los homicidios selectivos, los desplazamientos colectivos, son permanentes; Norte de Santander es un departamento que vive bajo el fuego. En el departamento de Chocó, la huida de los pobladores es constante como consecuencia de las hostilidades armadas, la situación se encuentra agravada por el confinamiento de comunidades indígenas ante el temor de las minas antipersonal; la violencia y la degradación identifica a esta entidad territorial. En el Municipio del Charco Nariño, durante el mes de marzo, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, produjo el desplazamiento de aproximadamente cuatro mil personas; los pobladores claman porque lo acontecido en 2007 no vuelva a ocurrir. En aquel entonces, la fuerza pública adelantó combates contra las Farc, bajo el supuesto de recobrar el control territorial y atacar el narcotráfico, lo que generó el desplazamiento de más de veintiún mil personas.

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La grave problemática ha sido abordada por la Corte Constitucional. Por ejemplo, en la sentencia T-025 de 2004, se declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado; en el auto 073 de 2014, la Corporación declaro que los derechos fundamentales individuales y colectivos de las personas y comunidades afrodescendientes ubicadas en los municipios de la región pacífica del departamento de Nariño, víctimas de desplazamiento forzado, confinamiento y resistencia, continuaban siendo masiva y sistemáticamente desconocidos; y advirtió sobre el riesgo agravado frente a nuevos desplazamientos.

Entonces, si estos crímenes son denunciados constantemente por los pobladores y autoridades locales; hay alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; providencias de la Corte Constitucional y de otros jueces; algunos departamentos y municipios están militarizados ¿Por qué se producen estos hechos? ¿Qué está fallado? La respuesta a las anteriores preguntas seguramente amerita estudios e indagaciones profundas, ante múltiples factores en juego; pero para los ciudadanos hay una realidad, todo va de mal en peor. La fuerza pública está en varios de esos territorios, al parecer no actúa o lo hace sin efectividad, en forma tardía o selectivamente. Es claro que la política de seguridad del Gobierno Duque fracasó, que la decisión de dejar de lado el Acuerdo de Paz, de no llegar con inversión social a los territorios que estaban ocupados por las Farc, fue equivocada. Cuando se presenta el desplazamiento forzado, las masacres o los atentados; se envía la tropa, el presidente acude al lugar, pronuncia un discurso guerrerista acompañado de anuncios y promesas, más el respectivo consejo de seguridad ¿Cuántas veces ha ocurrido esto? Muchas veces, ¿Cuál ha sido el resultado? Los hechos lo dicen todo.

En esta situación de indefensión y terror, los ciudadanos podemos aportar; debemos pasar de la solidaridad de palabra a una solidaridad real con acciones humanitarias; no debe cesar la denuncia, la protesta social, el control judicial y político e insistir en la educación para la democracia; desde luego que hay otras acciones y compromisos ciudadanos a mediano y largo plazo, como la participación política electoral decorosa y el liderazgo social.

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