Por: Laura Baron-Mendoza

Desvanecido derecho a elegir y ser elegido

La violencia durante los periodos electorales no son una sorpresa en Colombia, basta con referirnos a los opacos años 80 y 90 con asesinatos de candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, quien se había configurado como la ventana para el cambio. Por el contrario, sorpresa fue, y ¡qué grata fue!, aquellas elecciones del 27 de mayo de 2018 en donde contemplábamos a antiguos líderes de la disuelta organización FARC-EP votando por primera vez e invitando a la participación política de toda la ciudadanía. Vale decir que la imagen de Rodrigo Londoño Echeverri votando, que circuló por todas las redes, representó un fenomenal paso en el bulevar hacia la transformación política colombiana.

Con todo, el actual periodo electoral, que inició en octubre del año pasado, se adelanta en un contexto de indudable y ascendente inseguridad. Pasamos de tener las elecciones presidenciales “más pacíficas de la historia”, célebres por el aumento impensado de la participación electoral en algunos de los territorios que, por décadas, omitieron hacerlo debido a la presión de actores armados.

Siete asesinatos en los últimos dos meses, atentados y amenazas revelan la acentuación de la violencia electoral y la latente alarma de su recrudecimiento en las semanas venideras. Ahora bien, esta violencia ha demostrado que no tiene una preferencia política; candidatos del partido liberal como Karina García, así como del Centro Democrático, partico de la U y FARC, han sido víctimas de esta ola.

El comunicado del pasado 10 de septiembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no solo advierte sobre la gravedad del asunto, sino que insta al Estado colombiano a cumplir con sus obligaciones mediante la adopción de medidas que garanticen el derecho a la vida, a la integridad personal y la seguridad de aquellas personas candidatas. Entre esas obligaciones, el Estado debe investigar diligentemente cada hecho. Ahora bien, este comunicado nos apura a recordar que detrás de una potencial investigación de caso, persiste el deber de indagar sobre aquellos factores detonantes que admiten el continuum de la obscura violencia, siendo esta la base para tomar acciones, a nivel individual y colectivo, que facultan su transformación. 

En consecuencia, tampoco es sorprendente decir, como bien lo afirmaban en Arauca en el marco del evento de la Comisión de la Verdad en días reciente, que varios de estos factores detonantes se cristalizan en la estigmatización, la ausencia del Estado, el enfrentamiento de distintos modelos económicos, así como la multiplicidad de actores armados.

Sumado a lo anterior, no podría estar más de acuerdo con el periodista Hassan Nasar al aseverar que uno de los factores claves es la insuperable polarización que nos caracteriza y que tiende a incrementar en el momento de toma de decisiones de representación política. En consecuencia, la violencia política vive de las divisiones. Por lo mismo, los espectadores estaríamos nutriendo dicha violencia a partir de las reacciones emocionales ante las noticias falsas que adoptamos como verdad.

Con todo, no cabe duda de que este tipo de violencia es un medio para consolidar control territorial y alcanzar aspiraciones sean las que sean. Ejemplo de esto fue el fenómeno de la para-política, a partir del cual la agrupación paramilitar financió, apoyó y controló las elecciones populares, a principios de siglo, a nivel municipal, regional y nacional, con el fin de expandir su proyecto y consolidar su plan para “refundar la patria”. Dicha estrategia, consagrada en pactos delictuosos como el de Santa Fé de Ralito, Pivijay, Chivolo entre otros, incluyó el ejercicio de la violencia física y moral sobre la población civil como instrumento para reprimir la opción de elegir la alternativa política de su preferencia.

Con la actual reconfiguración de los actores armados, pareciere que la violencia electoral responde, si bien no a refundar una patria, sí a la usual intención de marcar territorio. Hace unos años me era imposible pensar en calificar el conflicto en Colombia como una Nueva Guerra en los términos de Mary Kaldor, en donde el propósito económico y el enriquecimiento personal llevan la bandera. Sin embargo, hoy, esta parece ser la tonalidad que adopta nuestro contexto. Así las cosas, los actores armados estarían amenazando y atentando contra quienes ejercen su derecho a ser elegidos al encarnar un manifiesto obstáculo para el ejercicio de su control sobre el territorio y lo que este implica: rutas para comercio de bienes y servicios ilegales.

Todo esto compele a preguntarnos si el derecho a elegir y a ser elegido no es más que unas gotas adicionales de tinta cuidadosamente puestas en el artículo 40 de la constitución política de Colombia (gotas que parecen desvanecerse con cada nuevo episodio de violencia) o si podemos adoptar medidas que lo vuelvan real y palpable.

Si algo es cierto es que no existe un sector de la población que cuente con una virtud tal para considerarse superior a otro. El colgar etiquetas es, irrefutablemente, un arma en la lucha de poder que genera un imaginario de inferioridad, que debilita y desarma a quien se ataca. Ninguna persona es superior a otra, luego, tampoco lo es un partido político sobre otro. El día que este postulado pueda ser aprehendido, uno de los factores detonantes de violencia sería superado.

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