Discursos de odio

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La violación de una niña de 13 años de la etnia emberá chamí en Risaralda, episodio en el que se vieron involucrados siete soldados de un batallón del Ejército Nacional, desató una campaña de odio contra el conjunto de la institución, especialmente, a través de las redes sociales.

Este hecho −repudiable desde donde se le mire− sucedió sólo una semana después de que seis uniformados perdieran la vida y ocho más resultaran heridos de gravedad en una acción de facto atribuida a las disidencias de las Farc en el sector de Puerto Lozada, entre Caquetá y Meta, pero donde no hubo respuesta similar de la sociedad indignada.

Tampoco pude atestiguar manifestaciones de ira y enojo en redes sociales en el caso de una menor indígena de 16 años que fue incorporada a la fuerza en las filas del ELN en Murindó, Antioquia, que perdió sus brazos y uno de sus ojos cuando sus reclutadores la obligaron a sembrar minas antipersonales.

Este otro episodio de violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes de Colombia −ocurrido el pasado 23 de mayo− se conoció gracias a las denuncias del Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, precisamente un día después de la masacre de los soldados en Puerto Lozada.

¿Por qué unos delitos causan reacciones virales de desaprobación y otros no? ¿La vida de seis soldados vale menos que la integridad y la honra de esta adolescente indígena? ¿Por qué su violación sí merece una campaña demandando justicia y no sucede igual con la menor indígena mutilada en Antioquia?

¿Cómo explicar esta doble moral de los colombianos? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? En esta dicotomía de principios y valores, ¿qué responsabilidad puede ser atribuible a las entidades responsables de la implementación del Acuerdo Final? ¿Podría afirmarse que en Colombia se dan los discursos de odio?

Sí es la respuesta a este último interrogante. Es una conducta contraria a derecho que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero que merecería su estudio en el Congreso. Los legisladores de países como Estados Unidos y Sudáfrica definen el discurso de odio como el conjunto de palabras o expresiones premeditadas que difunden ideas de superioridad e inferioridad de casta o que intentan justificar la violencia, el odio o la discriminación contra personas, comunidades o grupos de personas basada en las características que les identifican (verbo y gracia, como los soldados y policías colombianos), así como la incitación a todo lo anterior.

Todo discurso de odio tiene promotores. En Colombia, personas que continuamente hablan de paz y reconciliación, pero que sólo respiran rencor y persiguen a quienes no piensan igual que ellos. Individuos que se caracterizan por exigir respeto y dignidad, pero que sólo dejan salir ponzoña de su boca. Adalides de la libertad de expresión, pero que abusan de este derecho constitucional para acallar la voz de quien no comulga con sus ideas.

Petro, Cepeda, Córdoba, Robledo y Mendoza, son apellidos que están detrás de los discursos de odio en contra de los uniformados colombianos. Todos ellos se amparan en el artículo 20 de la Constitución y lo utilizan cual patente de corso para salirse con las suyas. De la cuenta de Twitter del senador Iván Cepeda, por ejemplo, salió la siguiente perla: "Pasan los días y los militares violadores siguen hospedados en guarnición militar". Los mensajes de rechazo a este trino no se hicieron esperar, al punto que el autor tuvo que bloquear centenares de ellos con la herramienta que provee esta red social a sus usuarios.

De este universo de mensajes quisiera detenerme en uno que salió de una de las instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, Sivjrnr. En un comunicado publicado en el sitio web de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV, se lee: “La (Comisión) rechaza con dolor e indignación la violación de la niña embera katio por ocho “machos” del Ejército en un acto brutal que ataca la dignidad de la niña, la mujer y del pueblo embera. Este acto levanta interrogantes sobre la moral en el Ejército...”

Quisiera creer que Francisco De Roux jamás autorizaría la publicación de un comunicado con tan alto contenido sexista, que, además, estigmatiza a toda una institución y generaliza comportamientos individuales como propios del colectivo. El uso del vocablo "machos" tiene implícita la intención de ofender, busca generar odio y denota sesgo ideológico. De ser así, ¿qué podríamos esperar los colombianos de quien debe ser arquetipo de imparcialidad en la confección de la verdad del conflicto cuando no oculta su sesgo e identidad ideológica?

La serie web ‘Matarife’, de Daniel Mendoza, y el documental online ‘Operación Jaque: una jugada no tan maestra’, de Gonzalo Guillen, son otra forma de promover el discurso de odio contra los integrantes de la Fuerza Pública. Empleando vocablos como “al parecer”, “hubieran”, “habrían” y “podrían”, ambos periodistas dan rienda suelta a sus caricaturescas teorías conspirativas y de paso pisotean la honra de todo aquello que huela a uniforme.

Escucho hablar sobre las bodegas uribistas y sus recurrentes ataques contra los sectores opositores en Colombia, pero nada sobre cómo se articulan y viralizan mensajes online que pregonan el odio a soldados y policías. De este maremágnum de piezas gráficas recuerdo una bastante elaborada, en la que una docena de manos tocan el cuerpo de una niña tendida en el piso; el fondo y las figuras de la composición recrean los pixeles y los tonos verdes del uniforme camuflado del Ejército.

Es claro que mensajes como estos −a los que se suma el trino canalla del expresidente Ernesto Samper− explicarían el porqué de los recientes ataques aleves y con la intención de lesionar gravemente e incluso matar a los uniformados en el marco de legítimas protestas sociales de campesinos, indígenas, estudiantes y ciudadanos inconformes. Es simple: tarde que temprano los discursos de odio hacen que sus seguidores cometan crímenes de odio como en Ruanda.

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