Por: José Obdulio Espejo Muñoz

Doble moral en la burocracia de la paz

Tristeza, desesperanza, desasosiego, incredulidad, impotencia, frustración. Podría enumerar otros tantos sustantivos que definen las sensaciones que me produce la doble moral que estilan en su proceder la inmensa mayoría de plataformas y organizaciones de derechos humanos en Colombia, muchas veces con la anuencia y el aplauso silencioso de instituciones del Estado, incluidos algunos componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Lo paradójico es que estas organizaciones tienen mandatos claros relacionados con la protección de los derechos de las víctimas que en su conjunto dejó y deja nuestro conflicto armado. Hablan públicamente de reconciliación, pluralismo, respeto por la diferencia y coexistencia con las ideas del otro, mas su actuar está matizado por la exclusión, la discriminación y los estereotipos. El catálogo de derechos que pregonan no aplica para la contraparte y la anulación de la idea contraria es su pan de cada día.

Estas ONG apoyaron el proceso de paz con las Farc y el SÍ, justificando su postura en la imperiosa necesidad de construir un país pluralista donde todos los colombianos tuviéramos cabida, teniendo como eje central a las víctimas. Lo que nunca nos dijeron es que en ese país no entrábamos todos y que no todas las víctimas merecían su atención y esfuerzos.

Eso sí, arropan sus causas con el dolor, las necesidades y la sed de justicia integral de la totalidad de víctimas de este conflicto fratricida, lo que les permite acceder a la millonaria danza de euros y dólares que literalmente llueven de Europa y el norte de América, fruto de donaciones de ciudadanos de buena fe y libre pensadores de los países del llamado primer mundo.

Alzan sus voces de protesta y al unísono cuando alguien que no comulga con su línea ideológica es postulado o nombrado para ocupar un cargo en la burocracia de la paz. Es el caso del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, y el frustrado nombramiento de dos candidatos a suceder Gonzalo Sánchez: Mario Fernando Pacheco y Vicente Torrijos −el primero vetado por su forma de pensar y el segundo supuestamente boicoteado por sus pergaminos−. También se opusieron sin éxito a la nominación del historiador Darío Acevedo, cuyo nombramiento oficializó el pasado martes el presidente Iván Duque, tras asegurar que es una ficha del uribismo.

Claro está, ninguna de las sesenta organizaciones que firmaron estas cartas de rechazo se han pronunciado por la designación de María Tila Uribe en la Unidad de Víctimas. Conocida con el remoquete de 'tía Lila', ella militó en el ELN en la década del setenta y su nombre fue relacionado con el asesinato del general Rincón Quiñónez. Otro exmilitante eleno ingresó no hace mucho en el ministerio del Posconflicto: el médico ocañero Alonso Ojeda. Aquí tampoco hubo indignación ni veto. Ambos fueron beneficiarios de la ley de amnistía de Belisario Betancur en 1982.

Jamás diría que hay que excluir de la sociedad a las personas que en el pasado se alzaron en armas contra el Estado. Hay casos exitosos de exguerrilleros que han ocupado cargos públicos en el ejecutivo y el legislativo. Pero fuentes que consulté aseguran que 'tía Lila' y Ojeda continúan llevando en su corazón el ideario eleno. Sí, el mismo que en los últimos días nos heredó el atentado terrorista en la General Santander, un par de secuestros, el asesinato selectivo de policías y algunas voladuras al sistema de oleoductos que acrecientan su prontuario ecocida.

Volviendo a la burocracia de la paz, al parecer, los episodios de exclusión que se dan en la memoria histórica se estarían repitiendo en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, CEV. Hay tres casos puntuales donde se me aseguró que las personas no habrían pasado filtros o habrían sido retirados dada su inclinación ideológica.

El primero nombre es sonado: Jean Carlo Mejía Azuero. Una fuente de la Comisión me dijo que hubo una fuerte oposición a su ingreso en este fortín de la izquierda. La cercanía de este asesor y consultor en derecho internacional, DD. HH. y DIH con el sector Defensa habría sido la causa de su veto.

El segundo caso corresponde al del coronel retirado Carlos Arturo Velásquez. Él fue contratado en la Comisión para ser una especie de enlace con la Fuerza Pública. Quince días después de su vinculación envío un chat a través de la red social WhatsApp −yo fui uno de los destinatarios− en el que se colocaba a disposición e invitaba a los militares activos y retirados a compartir su verdad en el seno del organismo, argumentando que esta era una gran oportunidad para construir una verdad equilibrada de la guerra. Otra fuente de la Comisión me aseguró que el chat le llegó mes y medio después al padre Francisco De Roux, precipitando la salida de este oficial.

El tercer caso es el del joven abogado Emerson Rojas. Él fue presentado por el comisionado Carlos Guillermo Ospina Galvis −el único militar retirado escogido como comisionado− para que apoyará el trabajo relacionado con las víctimas provenientes de la Fuerza Pública. Todo parece indicar que el activismo de este abogado y su familia, en especial de Esperanza Rojas, su madre, cabeza visible de Acomides −una ONG que reivindica los derechos de militares y policías víctimas de desaparición forzada−, sería la causa de su cese de actividades en la Comisión.

Quise conocer la posición oficial de la CEV, para lo cual me reuní por espacio de media hora con el padre De Roux, presidente de este organismo. Sobre el caso de Mejía Azuero señaló que efectivamente su nombre fue propuesto por el comisionado Ospina para el cargo de coordinador de terreno de la Comisión en la subregión de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. "Jean Carlo es una persona de nuestro aprecio; un académico, un intelectual, un estudioso con posiciones críticas, pero muy respetables; examinamos su postulación y concluimos que su perfil superaba el cargo", dijo. "La Comisión está abierta a considerar su candidatura (la de Mejía Azuero) en el campo de la investigación; así quedó consignado en actas", agregó.

En relación con los casos del abogado Rojas y del coronel Velásquez, De Roux precisó que su salida obedeció a la "culminación de sus contratos" (029-2018, entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado, y O45-2028, del 8 de octubre al 31 de diciembre de 2018, en forma respectiva). De hecho, puso a mi disposición los contratos y un documento en el que Velásquez les presentó un proyecto que, con los buenos oficios de la Comisión, "tendría el apoyo de la embajada de Noruega".

"Escuchar, comprender y reconocer" son los tres pilares que el presidente de la Comisión fijó para cumplir el mandato del organismo que tiene la responsabilidad mayúscula de escribir la verdad del conflicto armado en Colombia. Una tarea bien difícil, sobre todo si se dejan en anaqueles y se prescinde de la verdad que pueden aportar otros sectores de esta sociedad pluriétnica y pluricultural.

Quienes servimos en las Fuerzas Militares y trabajamos con honor y principios y valores, esperamos que esa verdad que relate la CEV y la memoria que se construya desde el CNMH, contengan una narrativa equilibrada. Esto sólo será posible si nuestra voz también es escuchada en estos escenarios. Quiero seguir caminando por la calle con la frente en alto y que, en un futuro, mis pequeños hijos, ya en edad adulta, digan con orgullo que su padre fue un honesto oficial del Ejército y un patriota.

 

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