Dosis mínima de gobierno, dosis máxima de miedo

Enfrentamos un nuevo movimiento de miedocracia frente al consumo de psicoactivos, cimentado en las ideas de inseguridad y la política de legalidad de Duque/Uribe. Los argumentos del decreto que criminalizó la dosis mínima fueron entre otros: el crecimiento del consumo en sectores de la población en especial de la niñez y los jóvenes en época escolar; el creciente hábito de consumo en espacios públicos y la supuesta permisividad del Gobierno anterior.

Bajo el mismo hilo conductor, el Centro Democrático y la derecha en general exacerban el miedo en la argumentación y percepción. El mensaje está focalizado a padres y madres. Los hijos son presentados vulnerables y desprovistos de cualquier tipo de acompañamiento o política pública para enfrentar el consumo. Este debería ser un punto de inflexión. Sí el sistema educativo no tiene los requerimientos necesarios para mitigar, abordar y tramitar el problema, debe ser el Estado el responsable en primer plano. Pero la imagen que se resalta es la reciente noción de micro-tráfico que es difusa, no devela responsables, tampoco estructuras y la relación económica de donde va a parar la ganancia es tanjencial. El zoom se reduce a que los y las estudiantes son vulnerables y potenciales víctimas en los miedos de los padres y madres que se traduce en un deseo de mayor protección a la infancia y corrección para la juventud.

Es un mensaje que cala profundamente en amplios sectores. Por ejemplo, el daño a la niñez es para toda la sociedad el acto más repudiable y condenable. Pero el uso sobre esa aceptación es manejado con cinismo. “Hay que proteger a los niños”, es la primaria reacción y con ella se busca que medidas drásticas como el aumento de penas se materialice, pueda que esas penas no solucionen el problema pero sí transforman la noción de Estado y justicia. 

Con la juventud se recrea la percepción de que tienen en frente la puerta de la conducta desviada y para traspasarla los psicoactivos son la llave. Está demostrado que no es lineal consumo recreativo y delito, pero esa percepción aceptada se usa para imponer otras políticas. De nuevo se ocultan relaciones sociales, no se habla por ejemplo del primer empleo, de educación técnica o profesional, de recreación y ocio, todo es velado por el miedo y un deber ser en la conducta. Así, La “protección” de la infancia y la  “corrección” de lo juvenil son dos caras de la misma moneda.

Donde más se manifiesta la percepción de inseguridad es en el espacio público, las calles, los parques, los lugares de encuentro -además son sitios donde se cuida a la niñez y donde más socializan los jóvenes-  Aunque exista evidencia tangible de delitos, la percepción construida de inseguridad es la más efectiva para establecer matrices de temor. Sobre ella cabalga la defensa de la propiedad, la aceptada autodefensa que se torna en linchamiento y de paso la idea de limpieza social.

En la inoperancia del estado, la relación entre delito y justicia se desequilibra, la percepción de inseguridad nos hace vulnerables, vivimos el riesgo del delito como un cuerpo con el espacio público, nos vuelve reactivos, nos orienta hacia la preservación, nos lleva a creer que estamos resguardados en lo privado o nos reduce lo socialmente compartido a exigir de mayor presencia de autoridad. Pero ante todo nos potencia la búsqueda de castigo y cuando ello pasa es venganza-dominación lo que opera, no justicia.

La miedocracia establece políticas y pautas normativas desatando y acrecentando los temores compartidos. Esto permite al gobierno ocultar las relaciones de poder y por tanto la configuración y responsabilidad del Estado. Les permite entre otras que gobernantes investigados evadan la justicia.

Donde el miedo ve autoridad se distensiona, pero esa distención no soluciona el problema, al contrario podría empeorarlo. Más celadores no generan más confianza entre vecinos y si dota de más armas a civiles; más policías no controlan la economía ilegal (para la muestra Tumaco y Medellín) pero sí acrecienta las ganancias del narcotráfico. De fondo, lo que permite este manejo es que un problema público se vuelva privado: “fume pero hágalo en su casa”.  Mientras tanto, el manejo del espacio público es cedido al control y al castigo en detrimento de las libertades ciudadanas, basta decir que un problema social difícilmente se resolverá tras las puertas de cada casa.

Cuando una sociedad acepta que la solución a sus problemas son los batallones, la cárcel y los cementerios ha triunfado el uso del miedo sobre la construcción de confianza. Una sociedad basada en los temores está condenada al fracaso y a la doble moral. La autoridad se hará lucro y la ciudadanía perderá poder. Gobernar con dosis mínimas de política pública y dosis máximas de miedo es el camino expedito al totalitarismo. 

Ahora bien, la base de lo compartido de una sociedad se llama Constitución y es la que nos permite defender que vivimos una democracia. Por lo tanto, debemos protegerla.