El 7 de agosto se cumplieron dos años desde que asumió las riendas de Colombia el presidente Iván Duque Márquez. Desde su campaña y desde el Centro Democrático se escuchaban malos vientos de que apenas llegaran al poder lo primero que harían era hacer trizas la paz, discurso que a medida que se fue acercando la elección se fue suavizando un poco y al final terminó diciendo que respetaría los acuerdos pactados y que le haría algunas reformas, pero respetando lo esencial. Dos años después nos damos cuenta de que cumplió la promesa de campaña y sobre todo le está cumpliendo a un sector radical y que la mayoría hacen parte del partido de gobierno.
El primer zarpazo a los acuerdos de paz negociados en La Habana fueron las seis objeciones a la Justicia Especial para la Paz, una batalla que perdió en el legislativo después de un largo tiempo, pero aún hoy Duque, con el mayor cinismo del mundo, le pide mayor resultado a la JEP, sabiendo que él mismo fue quien atrasó su funcionamiento. Y como todo gobierno autoritario también empezó a acabar con el espíritu del Acuerdo de Paz: la participación de las comunidades, las organizaciones y los firmantes de la paz.
Voy a citar algunos escenarios que dejaron de funcionar desde que llego Duque a la presidencia: la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la implementación (Csivi) no funciona como debería ser; las instancias creadas para la implementación del Programa Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), como la Junta de Direccionamiento Estratégico, el Consejo Permanente de Dirección, Consejo Asesor Territorial (CAT) y Comisión Municipal de Planeación Participativa (CMPP) todas convertidas en espacios de rendición de cuentas y no como lo establecen los decretos firmados para los mismos. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fueron construidos con la participación comunitaria, solo fueron eso: participación hasta la etapa de formulación del famoso Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), pero en adelante es nula la participación. Al día de hoy las comunidades siguen a la espera de que lo que se dijo en las pre asambleas comunitarias llegue a transformar en realidad el territorio.
Sobre la situación de derechos humanos ni se diga. El gobierno Duque en vez de echar a andar lo establecido en el Acuerdo de Paz para la protección de las comunidades, como son el decreto 660 sobre el programa integral de seguridad para las comunidades y el decreto 154 por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que habla del desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, optó por inventarse otras figuras hechas desde el escritorio que muy poco por no decir nada han servido en los territorios, como el famoso Plan de Acción Oportuna (PAO) y ahora las zonas estratégicas de intervención integral (ZEII) o Zonas Futuro.
Pero lo cierto es que de la implementación de los acuerdos hay muy poco, los recursos de los países garantes sí se los siguen gastando, hasta para posesionar la imagen del presidente. La voluntad política cada día es menor y las comunidades y organizaciones pierden la esperanza en consolidar una paz con justicia social donde se implemente el texto de la reforma rural integral (RRI) y todo lo acordado en La Habana. Por esta y muchas razones más decimos que Duque enterró la paloma de la paz.
*Vocero de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba y responsable de Marcha Patriótica en Córdoba.