El aborto forzado como crimen de guerra

“Las mujeres y niñas que en su mayoría fueron y siguen siendo víctimas de violencia de género en las filas de los grupos armados son indígenas y afrodescendientes. Colombia tiene una deuda histórica con esas comunidades, y sobre todo con sus mujeres y niñas”.

Existe la posibilidad que Salvatore Mancuso no regrese a Colombia y quizás sus víctimas jamás conozcan la verdad. Entre esas víctimas están las mujeres y niñas que les fueron violentados sus derechos sexuales y reproductivos en las filas de los grupos paramilitares. Estas violaciones usualmente son invisibilizadas por la justicia y por la opinión pública, poco se habla de la violación, esterilización forzada, aborto forzado, prostitución forzada y esclavitud sexual como crímenes de guerra. El cuerpo de las mujeres ha sido controlado, maltratado y abusado por todos los grupos armados estatales y no estatales. El cuerpo de las mujeres ha sido utilizado como trofeo de guerra.

El aborto forzado en la fila de los grupos armados ha sido y continúa siendo una de las manifestaciones más evidentes de la violencia machista. El año pasado Women’s Link Worldwide entregó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) un escalofriante reporte donde se evidencia el uso sistemático y generalizado del aborto forzado en las filas de la extinta guerrilla de las FARC. Se calcula que se realizaban 1.000 abortos forzados cada año.

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Los comandantes guerrilleros obligaban a estas mujeres a usar anticoncepción (no era el caso para los hombres como se evidencia en muchos testimonios), y en el evento de quedar embarazadas eran obligadas a abortar en procedimientos que además ponían en riesgo su salud física y emocional, y en muchas ocasiones su vida. Según este mismo informe la impunidad en casos de violencia sexual en las filas de esta guerrilla asciende al 98 por ciento.

En mayo de este año fue capturado y condenado a 40 años de prisión alias “El Enfermero” quien era contratado por diferentes actores ilegales para realizar estos abortos. Entre los grupos que contrataron al “El Enfermero” entre 1997 y el 2004 figuran además el ELN y el ERG.

La evidencia muestra que el aborto forzado era o es política dentro de los grupos armados. Es decir, estos no son casos aislados producidos por individuos, al contrario, el control sobre el cuerpo de las mujeres y su reproducción es estructural y parte del ADN del modus operandi de estos actores. Es por ello, que tanto el Secretariado de las Farc, como jefes paramilitares como Salvatore Mancuso deben responder frente a la justicia por estos crímenes de guerra cometidos contra mujeres y niñas, y urge reparación para sus víctimas.

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Asimismo, las mujeres y niñas que en su mayoría fueron y siguen siendo víctimas de violencia de género en las filas de los grupos armados son indígenas y afrodescendientes. Colombia tiene una deuda histórica con esas comunidades, y sobre todo con sus mujeres y niñas.

Cuando uno analiza de cerca el fenómeno, estas mujeres son obligadas a planificar y a abortar porque las actividades de cuidado y maternidad no son compatibles con los intereses patriarcales de estas organizaciones de contar con la mayor cantidad de miembros para el combate y para hacer la guerra. El aborto debe ser una decisión libre y autónoma de cada mujer, y para aquellas que así lo decidan, deben contar con condiciones dignas y salubres donde realizar el procedimiento. Así como lo debe ser la maternidad, una maternidad deseada y jamás impuesta