El bombardeo a menores y el Estado incuestionable

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Cada vez que militares y policías han atacado a niños, niñas y adolescentes en medio del conflicto, los gobiernos de turnos han salido a negar cualquier responsabilidad institucional señalando que la culpa siempre es exclusiva de las guerrillas o sus disidencias. Inclusive, han justificado las muertes de menores de edad con la idea de la derrota total del enemigo.

La semana pasada, luego de que el ministro de Defensa, Diego Molano, saliera en varios medios de comunicación a justificar el bombardeo en el que murieron menores de edad, un grupo de jóvenes periodistas que colaboran con el medio Rutas del Conflicto comenzó a buscar en una base de datos, construida en gran parte con información de la publicación Noche y Niebla del CINEP, antecedentes de bombardeos a escuelas o colegios por parte de la fuerza pública. Encontraron cinco y en ninguno de estos casos había información pública en la que desde el Estado se hiciera algún cuestionamiento sobre estos operativos.

Revisamos también, en otras bases de datos de Rutas del Conflicto, otras acciones policiales y militares en las que han muerto menores de edad, como la masacre de Pueblo Rico, ocurrida el 15 de agosto del año 2000, en la que miembros del Ejército mataron a seis niños que estaban en una caminata ecológica. En ese momento, los militares también se indignaron por las denuncias, insistieron en que fue una operación legal y dijeron que el ELN había usado a los niños como escudos en medio de un combate. Luego se comprobó que no había guerrilleros en el lugar.

Otro de estos hechos fue la muerte de 74 menores de edad (cifra determinada por la Comisión de la Verdad), a manos del Ejército en la llamada Operación Berlín, a mediados de noviembre de 2000. Las víctimas habían sido reclutados por las FARC en la zona de distensión de San Vicente del Caguán y enviados a una caminata de cerca de seis meses para reforzar los frentes del Catatumbo y del Magdalena Medio. Las denuncias sobre las muertes y las torturas a adolescentes que se entregaron, terminaron acalladas en medio del operativo que se mostró como una de las más ‘exitosas’ acciones militares contra la guerrilla de la época.

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Ha sido recurrente la lavada de manos del Estado, siempre señalando únicamente la responsabilidad de las guerrillas en estos operativos: “Fueron las disidencias quienes los reclutaron”, “si están en un campamento son blancos legítimos”.

Y lo volvieron a hacer. El ministro de Defensa, Diego Molano, y varios analistas políticos insistieron repetidamente en que la responsabilidad de las muertes de menores de edad en el bombardeo en el Guaviare, es exclusiva de las disidencias de las FARC. Como lo ha hecho desde hace mucho tiempo, el Estado sigue insistiendo en que no se puede cuestionar a la fuerza pública porque siempre actúa bajo la ley, pero evidentemente la realidad es otra.

La violencia contra niños, niñas y adolescentes ha sido permanente en la evolución del conflicto armado y ha sido ejercida por todos los actores armados, legales e ilegales. Y son crímenes que casi todos se han negado a aceptar. Apenas hace unos meses algunos jefes de la guerrilla de las FARC comenzaron a asumir tímidamente su clara responsabilidad en el reclutamiento de menores de edad, presionados por la indignación de la opinión pública.

Las víctimas del reclutamiento de la guerrilla y susceptibles a estos operativos militares son, en su mayoría, menores de edad de zonas rurales alejadas de los grandes centros urbanos, con una precaria presencia del Estado y altos niveles de pobreza. Según la base de datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, construida bajo la administración de Gonzálo Sánchez, entre los diez municipios con mayores víctimas de reclutamiento están San Vicente del Caguán en Caquetá, San José del Guaviare, Vistahermosa y La Uribe en el Meta, Tame en Arauca, Barbacoas en Nariño y Planadas en el sur del Tolima.

El Estado debe ser garante de los derechos de los menores de edad, ofrecer una educación pública de calidad y un entorno que les permita tener una opción de vida diferente a la que les ofrecen los grupos ilegales. También tiene la obligación de preservar la vida de los niños, niñas y adolescentes que terminan reclutados bajo cualquier circunstancia. Los tiempos han cambiado, y desde la sociedad civil cada vez haremos más resistencia a las acciones del Estado que justifican la derrota del enemigo a cualquier costo.

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