El Cauca: entre guerra y paz

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Este 20 de abril los enemigos de la paz asesinaron a Sandra Liliana Peña, autoridad tradicional del resguardo La Laguna, del pueblo nasa, en el municipio de Caldono (Cauca). Este es solo el más reciente de una serie de hechos que han sembrado el terror entre los pobladores de los territorios rurales del Cauca. En lo que va corrido del año, según Indepaz, también se han presentado nueve masacres en el departamento, en las que han perdido la vida 18 personas, y se han perpetrado innumerables asesinatos selectivos e indiscriminados. Los centros urbanos, por su parte, no han escapado a la lógica de las nuevas irradiaciones de la vieja guerra de siempre. Un atentado con carrobomba el 27 de marzo pasado, en pleno centro del municipio de Corinto, mostró el rostro del terror y evidenció la escalada de la nueva guerra irregular, que desconoce cualquier principio del Derecho Internacional Humanitario.

De sur a norte y de oriente a occidente, el Cauca es un espacio de devastación. Desde la firma del Acuerdo de Paz, al menos 30 de los 43 municipios del Cauca han sido afectados por hechos de guerra. El incumplimiento sostenido de los acuerdos de paz durante el Gobierno Duque ha incrementado las acciones de guerra en muchas regiones. Las acciones de los armados han golpeado los territorios de Caldono, el corregimiento de Pescador, Mondomo, Corinto, Toribío, Argelia, el corregimiento de El Plateado, Santa Rosa, San Sebastián, Buenos Aires, y Suárez, por nombrar solo algunos lugares.

Recientemente, se conocieron acciones violentas en Argelia y El Plateado, donde la guerra reclamó 14 vidas. Esta es una región donde la violencia ha estado presente desde tiempo atrás, ligada a los procesos de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. En particular, por ser una ruta para la exportación de la droga a otros mercados. La salida al mar es una joya de la corona que todos quieren controlar. El incumplimiento de los acuerdos de paz referido al punto de sustitución de cultivos es cobrado con sangre por la guerra. La ausencia de oportunidades en la región genera una dependencia de los cultivos ilícitos.

La población civil huyendo cae en las trampas y artefactos de la guerra que han sido sembrados sobre el territorio, afectando a los civiles sobre su cuerpo por el impacto de las minas cuando se desplazan, incluso para proteger su vida por los combates. Según el CICR entre 2017 y 2019 aumentó en 526% el número de víctimas por estos hechos.

Una multiplicidad de actores se disputan el territorio y su control en el Cauca, como Eln, los Gaitanistas, las disidencias “Carlos Patiño” y “Jaime Martínez”, y los grupos armados ligados a carteles. Así lo señaló desde hace casi un año la Defensoría del Pueblo, en un mapa de actores armados que entregó al Ministerio del Interior, y que incluyó un análisis sobre el departamento del Cauca, donde aparecen nuevos tipos de alianzas criminales. Qué se ha hecho para trabajar en la implementación de los acuerdos para impedir este rearme?

La Vía Panamericana se ha convertido en una frontera invisible de los campos de guerra, que divide de forma imaginaria los territorios en disputa, entre el oriente y occidente al Norte y al Sur del Cauca. En todo el departamento, la devastación absurda de la guerra cubre las esperanzas de su población respecto a la paz.

Durante los últimos años, las nuevas variantes de las transnacionalización del narcotráfico en el departamento han sumado elementos que enturbian aún más el panorama. Los nuevos actores de la guerra, verdaderas burocracias armadas, han hecho que se produzcan alianzas antes impensables, entre neoparamilitarismos (las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Agc), transnacionales del narcotráfico (los Comandos Frontera y los llamados Cartel Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Los Mexicanos) y miembros de las filas de la antigua guerrilla de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz, y otras guerrillas como el ELN que han tenido presencia en la región.

En esta guerra de todos contra todos, se libra una lucha a muerte por controlar el territorio y la vida de las personas, y el narcotráfico aparece como una economía con prácticas capitalistas y neoliberales a gran escala, que devora todo lo que alcanza. Según el Observatorio de Drogas, entre 2012 y 2019 se pasó de 4.327 a 17.355 hectáreas cultivadas con coca, en un territorio de 239 mil hectáreas, lo que representa el 5,9% del territorio del departamento. Es un hecho que la lucha contra el narcotráfico no ha tenido los impactos esperados, y la fumigación no será la salida.

El fin último de todas estas alianzas es controlar el territorio a punta de violencia y dominar el negocio del narcotráfico acudiendo a estrategias neoliberales como el monopolio del poder violento, y los oligopolios frente al mercado narco.

Tampoco la militarización es la salida a esta situación . En la actualidad el pie de fuerza del Ejército es de unos 10 mil miembros. Desde el segundo semestre de 2020, los pájaros de la guerra han irrumpido en la cotidianidad de la vida en la capital del departamento, con un creciente despliegue de helicópteros bélicos. Algo que no se veía desde hace dos décadas. Todo esto no evidencia más que el escalamiento de la guerra en el Cauca.

Esta diversidad de acciones de guerra en todo el departamento muestra la complejidad del panorama de una paz hecha a medias, y de un gobierno que no ha hecho esfuerzos por tratar de mantener una política para la construcción de una paz coherente con los acuerdos de paz suscritos con las FARC-EP. En particular, el punto sobre sustitución de cultivos. Por el contrario, el gobierno le está echando más leña al fuego al proponer la aspersión con glifosato.

A pesar de este panorama apocalíptico, desde los territorios se le sigue apostando a la paz. En el Cauca, los movimientos indígenas, campesinos y de negritudes han forjado una larga experiencia en la construcción de paz, la pervivencia de sus procesos y la resistencia no violenta. Pero ellos no pueden seguir avanzando aisladamente. La voluntad de paz del gobierno debe traducirse en acciones políticas. Se requiere, como indicó la Comisión de la Verdad en un comunicado, que se den acciones de Estado para “agenciar diálogos y acciones humanitarias para salvaguardar la vida de los líderes” y acompañamientos más coherentes de todo el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que hagan posible persistir en la construcción de paz y volver a insistir en la importancia de llegar a acuerdos mínimos donde el respeto de la vida sea un compromiso ético.

Aún así, las organizaciones sociales y la sociedad civil hacen esfuerzos por resistir y vencer la guerra. Así surgió la apuesta de la “Caravana por la vida” realizada en noviembre de 2020, que permitió visibilizar las realidades que enfrentan las comunidades de Argelia y El Plateado en el Cauca. Pero también es muestra de estos esfuerzos el “Pacto Caucano por la vida y la paz”, el cual requiere ser apoyado y fomentado.

El “Pacto Caucano por la vida y la paz” puede ser un instrumento ruta para las acciones humanitarias. Es también una apuesta por el futuro, para mantener los compromisos derivados de los acuerdos de paz de 2017, que en noviembre próximo van a cumplir cinco años de haber sido firmados. Lo que se quiere es construir un desarrollo ecológico para la vida, y con respeto por el territorio.

Por otro lado, el pasado 20 de marzo se concretó un acto de reconocimiento voluntario de responsabilidades a nivel territorial en Caldono, Cauca, adelantado ante la Comisión de Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, denominado “Reconocimiento por la vida: Caldono cuenta la verdad”. En ese escenario se encontraron víctimas y actores armados. Aquellos que lideraban frentes de guerra de las Farc en tiempos anteriores reconocieron el sinsentido de la guerra y de las prácticas de reclutamiento ilícito, que acabaron sueños y destruyeron vidas al conminar a los jóvenes a unirse a una situación que no conduce sino al fracaso de la vida.

Para todos los asistentes, el reconocimiento de más de 244 tomas y hostigamientos a la población mostró verdaderamente la realidad descabellada de la guerra en Caldono. La cifra puede contarse como ocho meses seguidos en los que, día a día, una población fuera atacada. ¿Qué quedaría en pie después de esto? Uno de los ex comandantes de la guerrilla sólo atinó a decir “todo lo que se ha dicho es verdad” e indicó que no “alcanza[ron] a medir [su] acción”.

Ahora, quienes fueron señores de la guerra reconocen que las mismas comunidades han prestado su territorio para el proceso de desmovilización y que ellos tienen el deber de aportar a la reconstrucción de los tejidos sociales, porque, como indicó una de las participantes, en el pasado “[les] obligaron a vivir bajo el silencio de fusil”. La sociedad civil exigió de parte de los ex combatientes el reconocimiento de las afectaciones causadas a los niños, las niñas y los adolescentes que fueron engañados para volverse objetos de guerra. Una indígena, madre de un joven desaparecido, indicó a su vez que su “hijo era sagrado” y reclamó que le informaran dónde estaban él y otras 20 víctimas. Las nuevas generaciones tienen derecho a saber qué pasó y porqué les pasó esto, en una perspectiva de poder vislumbrar el futuro.

Debemos insistir como sociedad en que la paz se imponga sobre la guerra, y reclamar al gobierno nacional y a las instituciones que no conciban los territorios como fronteras lejanas, sino que se reconozcan los procesos que allí se adelantan. Debemos buscar que se fortalezcan planes y políticas sin corrupción y se apueste por el desarrollo con una visión real sobre lo local, un desarrollo que incluya las perspectivas ecológicas sobre la vida desde las experiencias indígenas, campesinas, afrodescendientes. Porque las generaciones futuras merecen vivir en paz. Como dicen varios artistas caucanos del suroccidente, junto a Cesar López: “La guerra no sana heridas, la guerra nunca se gana, la guerra se lleva vidas, cantamos por un mañana”.

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