El derecho a la conectividad: una garantía para otros Derechos Fundamentales

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Por: Foro Nacional por Colombia*

La crisis sanitaria aún sigue vigente y poniendo en evidencia problemáticas que requieren atención urgente. Una de ellas es el derecho que todos debemos tener frente al acceso a internet. La conectividad dejó de ser un privilegio para imponerse como un bien público determinante para la garantía de una vida digna, pues a través de esta podemos trabajar, aprender, participar y expresarnos.

Las cifras de acceso y condiciones de conectividad en el país son preocupantes. De acuerdo con el Índice de Calidad de Vida Digital 2020, una investigación realizada en 85 países por la empresa internacional de seguridad digital Surfshark, Colombia se ubica en el puesto 83, superado únicamente por Honduras y Nigeria.

Asimismo, las estadísticas nacionales producidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), revelan que 23.8 millones de habitantes no cuentan con conectividad, siendo las poblaciones que habitan en la zona rural y los estratos 1 y 2 las que tienen un menor acceso. Por su parte, el DANE en su último informe sobre TIC, muestra que, en 12 de los 32 departamentos del país, solo el 30% o menos de los hogares cuentan con acceso a internet fijo o móvil. Sufren esta situación en mayor medida los departamentos de Bolívar, Guajira, Córdoba, Cauca, Chocó, Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada.

Este problema mundial generó que el sistema de Naciones Unidas reconociera, en el año 2011, el acceso a internet como un derecho humano. El argumento central señala que es un “instrumento indispensable para ejercer diversos derechos humanos, luchar contra la desigualdad y acelerar el desarrollo y el progreso humano”. A renglón seguido, exhorta a los Estados miembros a diseñar políticas eficaces que garanticen su acceso universal.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también insta a los Estados a garantizar la conectividad y el acceso universal, equitativo, asequible y de calidad adecuada a la infraestructura de internet y a los servicios de las TIC, cumpliendo con los principios orientadores de acceso, pluralismo y no discriminación.

Impulsado por este contexto, hoy día cursan dos proyectos de ley en el Congreso de la República que buscan otorgar un mínimo vital de acceso y uso de internet para los estratos 1, 2 y 3, y llegar a zonas carentes de este servicio debido a la baja rentabilidad que aducen las empresas prestadoras; como también declararlo un servicio público esencial para que se garantice su acceso a través de “tarifas accesibles y competitivas”, de acuerdo con el representante a la Cámara, Rodrigo Rojas, ponente de uno de ellos. No obstante, ambos proyectos evidencian la continuidad de ver la conectividad como un servicio y no como un derecho que requiere ser garantizado con los estándares internacionales de universalidad e igualdad.

En ese sentido, el acceso a la conectividad resulta ser un derecho fundamental por conexidad, como los ha conceptuado la Corte Constitucional, estos son “aquellos que, no siendo denominados como tales en el texto constitucional, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos.”

Por ello, resulta necesario que el Estado invierta en el diseño de políticas públicas y en su desarrollo, con el fin de garantizar infraestructura para la conectividad en zonas que no son económicamente rentables para las empresas privadas. Igualmente, es recomendable robustecer la estrategia Vive Digital (Puntos, Kioscos, etc.) de MinTic, involucrando la participación de la ciudadanía. La experiencia y la capacidad organizativa de las comunidades, han demostrado que son capaces de contribuir al desarrollo, por ejemplo, en infraestructura vial y agua potable, en zonas donde el Estado no ha sido capaz.

En definitiva, el derecho a la conectividad en Colombia es una necesidad inmediata, no solo por los retos que ha impuesto la pandemia por el COVID-19, sino por ser un derecho que, el Estado como garante, debe asegurar su acceso universal, despliegue y modernización de los mecanismos receptores para contribuir a cerrar las brechas y generar la inclusión de un alto porcentaje de colombianos rezagados del goce efectivo de sus derechos fundamentales; especialmente para las cientos de niños, niñas y jóvenes que han tenido que ver truncados sus procesos de educación y que perdieron el año, por falta de este recurso.

Valdría la pena preguntarnos hoy: ¿Cómo está el Estado trabajando para que la conectividad en 2021 sea un derecho garantizado y por ende la educación, bajo esta nueva normalidad?

*Foro Nacional por Colombia es un Organismo Civil no Gubernamental sin ánimo de lucro, creado en 1982, cuyos objetivos son contribuir al fortalecimiento de la democracia en Colombia. Desarrolla actividades de investigación, intervención social, divulgación y deliberación pública, asesoría e incidencia en campos como el fortalecimiento de organizaciones, redes y movimientos sociales, la participación ciudadana y política, la descentralización y la gestión pública, los derechos humanos, el conflicto, la paz y las relaciones de género en la perspectiva de una democracia incluyente y efectiva. Foro es una entidad descentralizada con sede en Bogotá y con tres capítulos regionales en Bogotá (Foro Región Central), Barranquilla (Foro Costa Atlántica) y Cali (Foro Suroccidente).

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