Por: ACNUR

El derecho a la tierra: una solución duradera para comunidades desplazadas

Por Harold Juajibioy. 

El despojo y el desarraigo de las comunidades campesinas e indígenas violentan su derecho al territorio. El despojo de sus tierras conlleva al deterioro de su historia, identidad, el sentido de lo colectivo, las necesidades fundamentales, los derechos, las capacidades y experiencias de la gente en sus espacios vitales. Indígenas y campesinos que no puedan volver a sus sitios de residencia son víctimas expuestas a continuos y escalonados desplazamientos, de un lugar a otro, sin posibilidad de reparación real.

Para la Agencia de Las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) el acceso al territorio es la condición fundamental para consolidar soluciones duraderas con la población desplazada, pues su restablecimiento y garantía legal facilita la protección, la atención, la permanencia y dignificación de la vida de las personas que debieron huir.  El territorio se convierte en la posibilidad real de las personas de retomar sus vidas, reconstruir los lazos sociales que tenían y exigir y ejercer los demás derechos, como el acceso a vías, servicios públicos, e ingresos.

“Para los Yanacona, la adjudicación de un predio por parte de la Alcaldía de Mocoa ha posibilitado volver a retomar nuestros usos y costumbres, la identidad, la autodeterminación y la soberanía alimentaria para seguir perviviendo como pueblo. Está adjudicación (refiriéndose al predio adjudicado), hoy nos permite seguir luchando por la ampliación y constitución del resguardo y con ello una real autonomía territorial”, afirma Lucy Anacona, Gobernadora Indígena del Pueblo Yanacona Yachay Wasi en reflexión a su proceso de acceso a la tierra y retoma de procesos de exigencias territoriales.

La oficina de ACNUR en Putumayo ha impulsado procesos de legalización, titulación de predios urbanos y constitución de resguardos desde la acción conjunta entre comunidades, entidades territoriales e instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) con el fin de promover modelos alternativos de acceso a la tierra para población desplazada.

En el municipio de Mocoa se ha hecho entrega formal, por parte de la Alcaldía Municipal con el apoyo del ACNUR y la Corporación Opción Legal, de 214 títulos de propiedad a las familias de Nueva Esperanza, y un predio colectivo a Comunidad Indígena Yanacona Yachay Wasi con el fin de avanzar en la constitución del resguardo. Por igual camino avanzan las comunidades de 15 de Mayo y Porvenir para llegar a ser propietarios de sus tierras ocupadas informalmente.

Resultados similares se han consolidado en otros municipios. En Villagarzón, la comunidad Awá Mayasquer, desplazada del resguardo Tortugaña Telembi en Nariño obtuvo un territorio y se constituyó en resguardo gracias a la intervención de la Agencia Nacional de Tierras, ANT. En Puerto Asís, el barrio Londres, que acogió población desplazada de la misma zona rural del municipio, Puerto Leguizamo, Orito y Valle del Guamuez, fue incorporado en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, y en Puerto Guzmán fue posible la formalización del barrio Jairo de Jesús Casanova a través de una resolución de legalización, lo que benefició a cerca de 547 personas integradas en 219 familias.

Para Luis Henrique Casanova, líder del barrio Jairo de Jesús Casanova, el proceso implicó un esfuerzo mancomunado. “Fortalecer la organización comunitaria, trabajar junto con la institucionalidad en el plan de reubicación que define el derecho a la legalización, y a partir de ahí, en la formación continua a la comunidad en temas técnicos, jurídicos, y de riegos ambientales avanzar en la ruta urbanística para definir alcance de la legalización. En el proceso la comunidad comprendió que había zonas que debían ser de uso exclusivo para espacios públicos y para la protección ambiental, e incluso zonas que no se debían ocupar”, afirma Luis.

En los distintos procesos más de 760 familias (40 indígenas), con un aproximado de 3.040 personas han sido beneficiarias directas de distintas modalidades de acceso al territorio: legalización, adjudicación de títulos de propiedad, entrega de propiedad colectiva y constitución de resguardos.

Si bien han sido muchos los avances y las transformaciones en la vida de miles de personas desplazadas, es prioritario que 169 comunidades en Putumayo, de las cuales 22 son indígenas, logren en un futuro el acceso a estos procesos de soluciones duraderas. Por eso es fundamental que el tema de seguridad jurídica a la tierra y al territorio siga siendo parte de la agenda de las instituciones públicas.

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