Por: Observatorio de Restitución y Regulación  de Derechos de Propiedad Agraria

El Gobierno es el que debe enderezar el camino de la política de sustitución

En días recientes, este diario publicó una entrevista con el actual director del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) y antiguo funcionario del INCODER, Hernando Londoño. En sus declaraciones, Londoño hace varias afirmaciones que, además de irresponsables por estigmatizar a los líderes y usuarios de la política de sustitución, no se ajustan a la evidencia que hemos recolectado en el marco de un proyecto global de investigación sobre economías ilícitas que le hace seguimiento al PNIS.

Del conjunto de aseveraciones sin sustento que hace el funcionario, dos resultan especialmente preocupantes porque demuestran el desconocimiento que Londoño tiene de la política que está encargado de dirigir y el menosprecio hacia los campesinos cocaleros que confiaron en las promesas del Estado.

La primera falacia de Londoño es negar el asesinato de líderes de sustitución. Como lo muestran los conteos del Observatorio y ha sido documentado por varias organizaciones -entre ellas COCCAM e Indepaz- desde 2016 han sido asesinados más de 50 líderes del PNIS, dependiendo del criterio que se use.  Esta situación llevó a que la ONU se pronunciara a inicios de año sobre los graves riesgos de estos y otros dirigentes campesinos.

Más grave aún resulta la “solución” que ofrece Londoño a los representantes de los cultivadores de coca que consiste en que “traten de evitar volverse más visibles y de generar más compromisos entre las comunidades y el Estado” porque tiene “personal en todos los territorios a los cuales puede acudir cualquier campesino”.  Su postura denota una desconexión absoluta con el programa de sustitución que direcciona. Primero, pasa por el alto el hecho de que el PNIS es una política participativa que contempla en su diseño distintos espacios de participación a nivel veredal, municipal y departamental por parte de los líderes rurales (ver Decreto 896 de 2017).

Segundo, no es cierto que el PNIS tenga personal suficiente en todos los municipios en que opera. Para hacerse una idea, a corte del año pasado el programa contaba con cinco funcionarios para atender a 19.902 inscritos en todo Putumayo y dos para hacerse cargo de 16.568 inscritos en Tumaco, Nariño. Además, el PNIS ni siquiera tiene oficinas permanentes para la atención de los usuarios, sino que suele funcionar desde cafeterías o salones comunales.

En vez de decir a los líderes que se han ‘echado al hombro’ la política de sustitución que no sean “tan visibles”, el funcionario debería pensar en dotar al programa con la capacidad requerida para operar en los territorios y poner en marcha las medidas de protección y seguridad especiales para estos liderazgos contempladas en el Punto 4 del Acuerdo de Paz.

La segunda mentira de Londoño es decir que los usuarios del PNIS no le cumplieron al gobierno. Tanto las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) que le hace seguimiento a la sustitución, como la información recolectada por nuestro equipo de investigación en una encuesta realizada a inscritos al PNIS muestran lo contrario. Los datos indican que la abrumadora mayoría de cultivadores arrancaron sus matas de coca y quedaron a la espera de que el gobierno cumpliera con su parte, esto es, asistencia económica y proyectos productivos para hacer un tránsito hacia una economía lícita. Por eso, las afirmaciones del director de sustitución contradicen la evidencia y se empeñan en desprestigiar a un sector de la población que está lejos de ser tratado por el estado como ciudadanos colombianos con derechos.

Lo mínimo que se espera del director del PNIS es que conozca la política de sustitución que está a su cargo y que no menosprecie a la población que debe atender. Los liderazgos sociales son por naturaleza visibles y las acciones encaminadas a lograr lo contrario (quitarles visibilidad) contribuyen al estigma y a la exposición negativa de los líderes de sustitución a la vida pública. La obligación del Estado debe ser precisamente la contraria: crear las condiciones para el ejercicio de liderazgo, es decir, garantizar el “derecho a defender derechos”. El Gobierno Nacional es el que debe enderezar el camino en esta materia.

902322

2020-01-30T19:19:18-05:00

column

2020-01-30T19:22:36-05:00

nherrera_250619

colombia2020

El Gobierno es el que debe enderezar el camino de la política de sustitución

78

4542

4620

 

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de %2

Peligro: el contagio del miedo y el caos social

Para el coronavirus: ¿dictadura o democracia?

“Influencers”: los profesores

Los cambios drásticos que vendrán