El ingreso universal maximiza sus resultados si se aborda con enfoque de género

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Hoy este programa no puede denominarse ingreso básico mínimo, pues las transferencias actuales solo alcanzan el 18% del salario mínimo mensual. Tampoco es claro en su implementación el enfoque de género.

La crisis del COVID-19 ha abierto nuevamente las conversaciones alrededor del ingreso básico universal. Existen cientos de definiciones y matices sobre lo que significa una estrategia de ingreso básico. Generalizando, se puede decir que son transferencias de dinero no condicionadas –esto último es muy importante—hechas por parte del Estado hacia los ciudadanos. Uno de los matices, precisamente, tiene que ver con la audiencia de este tipo de programas, el ingreso universal supone transferencias a todos los habitantes de un país, independientemente de su situación socioeconómica, con el objetivo de fortalecer la clase media. Por el contrario, el ingreso mínimo universal se refiere a realizar transferencia a aquellas personas que se encuentran bajo el umbral de pobreza para que logren superarlo.

Varios experimentos se han venido realizando en el mundo para recolectar mayor evidencia sobre los beneficios y desafíos de este tipo de programas, que suponen un total cambio de paradigma en la aproximación de la política social. Kenia, Irán, Canadá, Brasil, Finlandia, Alemania, Holanda, Namibia, India, China y Estados Unidos son los países donde se ha experimentado con las transferencias no condicionadas, con muy buenos resultados en casi todos los casos.

Los programas de ingreso básico están relacionados positivamente con mayores tasas de fertilidad, mayor confianza en las instituciones, mayor asistencia escolar, reducción del crimen y mayores niveles de salud y felicidad. Adicionalmente, se ha comprobado que no desincentivan la participación en el mercado laboral.

A propósito, España aprobó hace un par de semanas el ingreso mínimo universal para atender a los más vulnerables durante la crisis del coronavirus. La estrategia tiene el ambicioso objetivo de alcanzar 2,3 millones de españoles con transferencias que oscilan entre los 500 y 1,000 euros mensuales.

La enorme posibilidad que hoy brinda esta crisis de poder escalar y masificar este tipo de programas es una oportunidad inmensa para las mujeres, y se hace necesario abordar esta transformación de la política social con enfoque de género. Cientos de programas de transferencias en el mundo han demostrado efectos positivos en el empoderamiento económico de las mujeres, especialmente en la ruralidad.

Además, es imperante que los programas de ingreso universal contemplen seriamente la posibilidad de realizar las transferencias directamente a las mujeres en aquellos hogares donde habiten en pareja. Diferentes investigaciones señalan que las mujeres invierten más en las necesidades del hogar y en la educación de los hijos e hijas, y esto tiene importantes implicaciones no solo a nivel del hogar, sino en el desarrollo comunitario.

Adicionalmente, el ingreso básico abordado desde una perspectiva de género puede ser la tan anhelada oportunidad de pagar a las mujeres por el trabajo reproductivo y del hogar que mantiene al sistema capitalista en pie.

Otro de los beneficios que esta política puede traer a las mujeres es poder acceder a mejores trabajos, pues no se verán obligadas a permanecer en empleos precarios y tendrán mayor capacidad de negociación. No hay que olvidar que son las mujeres las que mayoritariamente se encuentran en trabajos mal pagos e inseguros. En muchos de los casos estos programas, además, incentivan la participación de las mujeres en el mercado laboral.

Finalmente, es también clara la relación que existe entre el empoderamiento económico y la violencia de género, por lo que el ingreso básico –con perspectiva de género-- podría disminuir la violencia en el hogar y el abuso en el lugar de trabajo.

En Colombia, Ingreso Solidario –programa de transferencias no condicionadas para atender a los más vulnerables durante la crisis del COVID-19—ha articulado el ecosistema financiero y construido las herramientas técnicas que pueden apalancar una verdadera política social de ingreso universal. Hoy este programa no puede denominarse ingreso básico mínimo, pues las transferencias actuales solo alcanzan el 18% del salario mínimo mensual. Tampoco es claro en su implementación el enfoque de género.

Esperemos que muy pronto estemos frente a un programa ambicioso de ingreso básico universal abordado desde ojos feministas para maximizar su potencial.

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