El Ministerio del camuflaje

Noticias destacadas de Opinión

El nombramiento del nuevo ministro de defensa, Diego Molano, es acertado porque recayó en un civil, así se ha conservado desde 1991. Decenas de generales ocuparon ese ministerio desde 1811, periodo de conjunciones peligrosas de partidismo, deliberación, jerarquías, autoridad y mando. Los requisitos exigidos por la Constitución también se cumplieron, el artículo 207 dispone que para ser ministro se requiere las mismas calidades que para ser representante a la Cámara, esto es, ciudadano en ejercicio y tener más de veinticinco años de edad; el señor Molano cumple esos requisitos y posee trayectoria en la vida pública, siendo definitorio en su perfil que es “hijo de militar, nacido en el Hospital Militar, formado en el Colegio Militar Patria y quien toda su vida ha tenido una cercanía con las fuerzas” según lo exaltó el presidente Duque.

Con la designación del nuevo ministro, no se advierte la intención de mejorar ni acertar, tampoco de superar los errores de sus antecesores; por el contrario, se trata de mantener un statu quo donde se privilegia las relaciones de amistad y de subordinación partidista. El señor Molano guarda identidad con el actual gobierno, es contradictor del Acuerdo de Paz y de la JEP; ha proferido expresiones calumniosas como minga terrorista; ojalá no reviva su dislate del protestatódromo, ni utilice la mediación para distraer o dilatar, como ocurrió en el paro de noviembre de 2019, con acercamientos fallidos y sin resultados concretos; su calidad de ministro de defensa le exige sensatez y prudencia.

Al despacho del ministro, le corresponde, entre otras atribuciones, coordinar y orientar el desarrollo de la política para el mantenimiento del orden constitucional y la garantía de la convivencia democrática, la seguridad y tranquilidad pública; sin duda funciones delicadas y con repercusión en la salvaguarda de la vida, la integridad y las libertades de los ciudadanos; además le compete orientar, controlar y evaluar al sector defensa, ejerciendo sobre ellos el control de tutela. Por eso lo deseable es un funcionario con trayectoria y experiencia cualificada en estas materias, que pueda superar la grave crisis de inseguridad y matanzas que vive Colombia.

En los años 2019 y 2020 se ahondó el desprestigio y la falta de credibilidad de la Fuerza Pública, los frecuentes excesos y extralimitaciones especialmente en la protesta social, dieron como resultado la comisión de conductas delictivas y la vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos; hoy se sigue denunciando públicamente amenazas, hay temor y revictimización. Sin embargo, las investigaciones disciplinarias y penales contra policías por esos hechos avanzan a paso lento, denotando impunidad.

Desde el gobierno con actitudes desestimatorias y desafiantes, no se pide perdón a las víctimas, ni se acepta la responsabilidad, se elude las sentencias de los jueces de tutela, se trivializa la crítica de organizaciones u organismos nacionales e internacionales; pero se quiere mostrar que se actúa en defensa de la institucionalidad, de la preservación del orden y la seguridad. La estrategia parece estar señalada, negar lo evidente y asumir una malsana solidaridad de cuerpo, acusar a los denunciantes como violentos u opositores políticos; ciertamente este es el ministerio del camuflaje.

El nuevo ministro de defensa declaró que vienen operaciones militares y considera que todos los males del país tienen nombre propio, el narcotráfico. La reforma a la Policía, el desmonte del ESMAD, no está en discusión o por lo menos no lo mencionó. Por otro lado, en lo corrido de 2021 se han presentado numerosos asesinatos, las masacres y el desplazamiento forzado continúa, basta con mirar la tragedia de Tumaco y Buenaventura; enviar tropas sin una presencia integral del Estado, no mirar la problemática del país más allá del narcotráfico, es insistir en planes fracasados.

En Colombia se acostumbra enaltecer como demócratas y patriotas, sean civiles o militares, a quienes comulgan con el gobernante de turno; en 1985, funesto año de la toma y retoma del Palacio de Justicia, donde quedó claro el constreñimiento militar en el ejercicio y titularidad del poder político civil, se nombró como ministro de defensa al general Miguel Vega Uribe, conocido como de “mano dura”, el presidente Belisario Betancur lo presentó para ocupar el cargo como “ministro de paz”.

Comparte en redes: