Por: Columnista invitado

El Plan Nacional de Desarrollo presiona un paro nacional agrario

Por Andrés Gil*.

El gobierno Duque, en contravía de la oportundiad histórica que el Acuerdo de Paz ofreció de incorporar a las comunidades agrarias a la dinámica económica, política y cultural del país y cerrar de paso, la brecha urbano rural que afecta a toda la sociedad colombiana, escogió el camino de la polarización y la marginalización de la Colombia rural.

Un repaso al Plan Nacional de Desarrollo Pacto por la Equidad, que para promover la equidad no tiene más recursos que el título, demuestra que se desfinanció la entrega de tierras a campesinos, la salud y la educación rural, la electrificación y demás infraestructura indispensable para mejorar nuestra capacidad productiva; que los PDET, como instrumentos de planeación participativa que nos dieron la esperanza de inversiones para los territorios rurales más afectados por la guerra, fueron desfigurados para convertidos en el reencauche de las zonas de consolidación de la seguridad democrática.

Para la muestra un botón, como es clásico, este Gobierno pretende jugarle conejo a las comunidades agrarias, por ejemplo dejando sin ruta de financiamiento clara los diez billones acordados con el movimiento indígena. La reacción no se hizo esperar: se reactivó la  minga en el suroccidente colombiano, ya no solo indígena sino con campesinos, a quienes también sucesivos gobiernos les han incumplido acuerdos sobre adjudicación de tierras, inversiones rurales y zonas de reserva campesina. Solo en esta región, según el senador indígena Feliciano Valencia, desde los 90 ya van más de 1.200 acuerdos incumplidos.

No conforme con mantener la política de incumplimiento, se reedita la ya conocida fórmula para responder a la movilización social: generar una matriz de opinión estigmatizante, vinculándola con grupos al margen de la ley y poniendo al Esmad a moler a palo y gas a los manifestantes rurales. El origen de esta política, no son las comunidades protestando en la vía, es la ausencia de respuestas y  rutas de solución a los ya reconocidos problemas del campo y especialmente de indígenas y campesinos.

El ambiente generado por la negociación de La Habana y el Paro Agrario de 2013 evidenció la centralidad del problema agrario como causa de la guerra, habilitó espacios de diálogo entre gobierno y las comunidades agrarias que fueron vitales para discutir y concretar fórmulas concertadas de solución a nuestras demandas. Aunque estos espacios no estuvieron excentos de burocratismo, falta de voluntad política e incumplimientos, representan una experiencia y un acumulado que de ser habilitados, reemplazarían a las carreteras como escenario de diálogo y acuerdo. 

En contra de esa evidencia el gobierno Duque asfixiando el diálogo, se ha ocupado de desconocer y desmontar estos espacios. Mantiene en el limbo el diálogo con la Cumbre Agraria; inhabilito la mesa nacional de diálogo entre campesinos y Parques Nacionales;  desconoce el espacio de diálogo y concertación del Programa Nacional de Sustición creado por el Acuerdo; anuló el componente participativo de los PDET en su fase de implementación, y desmanteló el grupo de zonas de reserva campesina en la Agencia Nacional de Tierras congelándo el diálogo que buscaba dar cumplimiento a los compromisos con estos territorios campesinos.

Es incoherente entonces que el Gobierno se sorprenda por las protestas en la carretera, cuando mantiene cerradas las vías para el diálogo. 

Con su miope actitud, Duque esta alimentando las condiciones para la reedición de una escalada de movilizaciones agrarias regionales, sectoriales y nacional. Ya se ven venir: a la Minga del suroccidente le sobrevino el anuncio de movilizaciones en el Huila. Más de mil campesinos están ya concentrados en Córdoba protestando por el incumplimiento de los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Ellos hacen parte de las más de noventa mil familias distribuidas en nueve departamentos, que vienen cumpliento con la sustitución y que se alistan para sumarse a esta protesta por la misma razón. La erradicación forzada sin duda ya esta gestando nuevas movilizaciones, hay alertas en el sur de Bolívar, el Catatumbo, en Antioquia y Putumayo. Así mismo los desalojos y judicializaciones contra campesinos habitantes de parques naturales; el sistemático asesinato de líderes sociales y la vía libre para el fraking y la gran minería.

A Duque le juega una mala pasada el anclaje con la extrema derecha latifundista. Inició su gobierno con anuncios de reconciliación para el país, pero adentrándose en los desarrollos políticos y legislativos le cierra la puerta a la reconciliación y la construcción de paz.

Señor presidente, desde la Colombia profunda, la campesina, la que sufrió 52 años de guerra, la que se esperanzó con el Acuerdo de Paz y que teme el retorno del terror, nos atrevemos a decirle: no cometa el error de forzar un nuevo paro nacional agrario.

*Presidente de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc.

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