Por: Observatorio de Restitución y Regulación  de Derechos de Propiedad Agraria

En el Cauca la violencia política tiene enfoque territorial

Una de las apuestas de la implementación del Acuerdo de Paz consistía en la participación de las comunidades y el fortalecimiento de las instituciones locales para la atención efectiva de las necesidades en los territorios. Sin embargo, en la región del Alto Cauca, la implementación del punto 2 del Acuerdo sobre participación política ha tenido problemas, incluso, varias personas han sido asesinadas cuando se esperaba mayor inclusión y representación política de los pobladores de estos territorios. Particularmente, en los municipios de Suárez y Buenos Aires, en el norte del Cauca, esta violencia ha sido un continuo y la firma de este pacto no ha transformado las condiciones para que las causas políticas no sigan siendo silenciadas con las armas.

¿En qué sentido decimos que la implementación ha sido insuficiente? Por un lado, los asesinatos de los excombatientes de las Farc en el departamento del Cauca (uno de los más afectados). 37 ex combatientes han sido asesinados en el departamento del Cauca, al menos cuatro de ellos habitantes de este Espacio Territorial según un conteo preliminar del partido Farc. El más reciente de ellos sucedió en diciembre pasado, cuando asesinaron a Manuel Santos Yatacué Ramos, desmovilizado de las Farc y vinculado al ETCR Carlos Patiño. Por el otro, las autoridades locales de ambos municipios, que hasta 1989 fueron uno solo (alcaldes, ex alcaldes o candidatos y sus familias) han sido víctimas de la violencia antes y después de la firma del Acuerdo de Paz. En este caso queremos abordar el tema de la violencia política contra las autoridades locales de ambos municipios y para eso haremos un recuento de hechos que dan cuenta cómo esta ha sido un continuo en ambos municipios y

El pasado domingo, 26 de enero de 2020, el Consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca denunció en su cuenta de Twitter el atentado que sufrieron Oscar Eduin López, alcalde de Buenos Aires (Cauca) y el excandidato a la asamblea del mismo departamento y asesor político del alcalde, Pablo Peña1. En el municipio de Buenos Aires hace un año, el 22 de enero de 2018, asesinaron a Fares Carabalí, excandidato a la alcaldía de Buenos Aires (2012 - 2015), líder contra la minería ilegal (por el cual había recibido amenazas y había reclamado medidas de protección al gobierno2) y hermano del alcalde del mismo municipio Urderly Carabali Carbonero (2016-2019).

Pero, de los dos municipios, el más afectado ha sido Suárez. Recordemos que el pasado 2 de septiembre de 2019 Karina García, candidata liberal a la alcaldía de Suárez, fue asesinada junto a su madre y cuatro personas más. El 11 de octubre de 2015 asesinaron al ex alcalde de Suárez,

Benicio Flor Belalcazar (1998-2002). Tres días después de su asesinato fueron amenazados sus tres hijos y 4 meses después, el 28 de febrero de 2016, nuevamente fue amenazado unos de ellos, líder indígena del cabildo Cerro Tijeras. El 9 de septiembre del 2017 fue amenazado el exalcalde Rubén Devia (2012-2015) y el 9 de enero de 2012 sucedió lo mismo con tres concejales del municipio.

Cesar Lizardo Cerón es el representante legal del Consejo Comunitario Mesetas y ha aspirado a la alcaldía en dos ocasiones y el 16 de mayo del 2019 fue víctima de un atentado. El 10 de mayo de 2019 Jhon Jairo Osorio, exsecretario de hacienda municipal, también candidato a la alcaldía fue amenazado, y no es la primera vez, sucedió lo mismo cuando aspiraba a la alcaldía en el 2011. El 29 de octubre, casi dos meses después del asesinato de Karina García, el alcalde electo de Suárez, Ronal Villegas, denunció que recibió un panfleto firmado por la estructura Jaime Martínez, disidencia de las Farc, en el que lo declaraban objetivo militar.

Lo problemático es que estos asesinatos suceden en un contexto donde históricamente ha predominado la violencia política. En estos municipios hay disputas territoriales de vieja data, asociadas a la construcción de la represa La Salvajina en 1985; entre la minería tradicional/ancestral de las comunidades negras; los títulos mineros a grandes compañías extranjeras; y la ilegal de los grupos armados que no dan tregua y que afectan constantemente a las comunidades y autoridades locales/tradicionales de la región. Finalmente, es preciso señalar cómo las rutas del narcotráfico aprovechan la frontera entre el Valle y el Cauca con los grupos armados que las custodian y la lucha gubernamental en contra de este fenómeno que afecta a la región, en general, y a estos dos municipios en particular.

En ese sentido, esa paz que se acordó en el 2016 y que pretendía dar garantías de participación no está transformando las condiciones que originan y consolidan la violencia en la región. Los hechos que ocurren sistemáticamente en ambos municipios en contra de líderes políticos en diversos niveles dificultan la consecución de proyectos políticos a corto y mediano plazo y afectan directamente la participación ciudadana.

Sin garantías de participación en la política institucional no habrá paz, por eso es tan importante que se resuelvan las causas de esta violencia y no solamente sus efectos. Un primer paso para esto, es, entonces, el reconocimiento de las continuidades de la violencia política en Suárez y Buenos Aires. Segundo, el trabajo cercano con las autoridades locales que están pensando en nuevos horizontes políticos de cara a las promesas territoriales del Acuerdo Final pero también desde la perspectiva propia de las comunidades que hace años defienden sus espacios territoriales.

*Este artículo fue escrito por: María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota

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