Por: Columnista invitado

Entre el negacionismo y el revisionismo del pasado violento

Por  Alejandro Castillejo Cuéllar.

El meollo de una transición política, como se le llama a esta ficción de transformaciones que nunca parecen cumplirse a fondo, es la producción de una línea imaginaria (pero literal) entre el pasado que queda “atrás”, un presente ambivalente (“liminal”, llamarían los antropólogos), y una “promesa” de futuro encarnado en las metáforas de lo “nuevo”, extendidas en un tiempo casi indefinido: “todos por una nueva nación.”

Esa línea es literal en la medida en que se encarna en instituciones concretas: grupos de memoria histórica, centros de memoria, leyes de memoria o impunidad, comisiones de verdad y reparación, circulación de testimonios, emblematización de eventos y hasta los mecanismos de justicia transicional que se encargan del balance de responsabilidades: en su arquitectura conceptual (que constituye una memoria estatalizada, con la que guardamos una relación muy ambivalente pero necesaria) siempre hay una teoría social del daño, una concepción del tiempo y una causalidad histórica. La Jurisdicción Especial de Paz, por ejemplo, es tanto sobre “la justicia” como sobre “el pasado”. Parece que en una “transición”, en esencia, todo gira en torno al reconocimiento “del pasado como pasado”.  Y por supuesto, hay cosas que quedan atrás, pero otras quedan en la incertidumbre, a la intemperie de la política.

Para evitar suspicacias pseudo-ideológicas, y evitarme acusaciones inútiles, puedo decir que esto lo he conversado a fondo (como pocos en Colombia, al margen del circuito de consultores y expertos institucionalizados) con todos los involucrados en los acuerdos de La Habana-Cartagena-Teatro-Colón (y Congreso-de-la-República, porque ya en este punto esta institución se ha convertido en agente negacionista).

Salimos de un proceso como el de Justicia y Paz, que en esencia ha sido revisionista, no obstante los millones de terabytes de datos: de un plumazo que hacía eco a la política decretó, en un contexto histórico concreto, la inexistencia del conflicto armado (aunque en las “audiencias de imputación” o “versiones libres” lo mencionaran todo el tiempo) y osificó (para beneficios de algunos) esa peculiar categoría de “grupo armado organizado al margen de la ley,” término que penetró nuestro imaginario nacional como una posesión fantasmagórica. Hasta los universitarios hablan el mantra de las GAOML irreflexivamente como principio explicativo de la violencia en Colombia. Produjo una aterradora conexión entre “ilegalidad” y “responsabilidad”, negando y simplificando los tiempos de la guerra y las muchas zonas grises que la constituyen desde sus orígenes.

Justicia y Paz se dedicó entonces a realizar una autopsia de la violencia paramilitar, en sus aspectos más siniestros, pero se encargó (con ayuda de los “versionados”) de meter debajo del tapete conceptual y político, las responsabilidades de Estado y sobre todo de los “terceros”, o lo que en Sudáfrica llamaban “los beneficiarios”. La violencia se situó sobre ellos (las llamadas autodefensas), ya sumisos y dolidos con los poderes que los instauraron y sobre los que guardan en silencio literalmente sepulcral. Las Farc no entraron en esa autopsia, salvo en casos individuales. El proceso de negociación no había cristalizado aún.

Sin embargo, con la Ley de Víctimas (que permitió la trasmutación de la memoria estatalizada) y con el Acuerdo mismo (que le da origen a la actual Comisión de la Verdad), la idea de “conflicto armado” tomó nueva relevancia. En algún punto en el tiempo, hubo una yuxtaposición de dos concepciones distintas del relato histórico nacional. Pareciera que lleváramos más de una década hablando de memoria, casi ad infinitum, pero el relato histórico general sigue siendo evasivo. Y es sobre esta incertidumbre que la política y la institucionalidad de la memoria operan actualmente, produciendo un campo de tensiones complejo.  

Lo que se ha hecho evidente en el actual gobierno es algo inquietante: está en juego la redefinición misma del pasado y los términos de referencia para denotarlo, recreando una narrativa de la historia no como complemento de lo que existe (aunque haya polémicas) sino como suplantación, como puro dispositivo del poder. Como en Justicia y Paz, en el proceso con las Farc pareciera que el interés del nuevo gobierno fuera la simplificación de la responsabilidad (¡por sesenta años de confrontación!) en un solo “actor armado” a través de una autopsia teledirigida. El sistema inmunológico de la institucionalidad en acción. Debajo del tapete (del entretejido legal de mutaciones al acuerdo disfrazadas de procedimiento) hay una serie de intereses específicos. Ejemplos: los llamados debates sobre el acceso de la CEV a los archivos de las Fuerzas Militares, la pretensión de una sala especial de juzgamiento de la Fuerzas Militares, todas las exenciones de participación de terceros o ciertos agentes estatales ante el Sistema Integral, y la polémica sobre postulados a la dirección del Centro Nacional de la Memoria.

Aquí no se trata de defender lo indefendible: Farc tendrá que ponerle la cara a la historia. Pero en esta guerra de décadas las responsabilidades son múltiples y situadas históricamente. Igual, ni la “revolución” ni la defensa de la “institucionalidad” son justificación para el horror. Y es obvio: el futuro político de muchos y su presencia o rol en el relato histórico está de por medio. Nadie quiere aparecer en los libros de colegio como secuestrador o desaparecedor. En esta colisión de visiones, corremos el riesgo de que nuestra mediocre paz (la única que tenemos) este a la altura de nuestra mediocre guerra, con las muchas y muy diversas víctimas en medio.   

*@AleCastillejoC

858769

2018-11-13T17:00:10-05:00

column

2019-05-16T02:25:51-05:00

nherrera_250619

colombia2020

Entre el negacionismo y el revisionismo del pasado violento

60

6104

6164

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de Columnista invitado

El espectro es de todos