Faltan pocos días para la Audiencia Pública de Reconocimiento de Responsabilidades por parte de los antiguos miembros del secretariado de las Farc, a quienes el 26 de enero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les imputó cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Tenían 30 días hábiles para hacerlo, pero el plazo fue prorrogado a 60, por solicitud de la defensa. Argumentaron tiempo insuficiente para asumir responsabilidad, no asumir responsabilidad o aportar elementos y observaciones al Auto.
Las arduas e intrincadas investigaciones de la JEP han empezado a arrojar resultados, por lo que merecen nuestro reconocimiento y apoyo. Además de la imputación de cargos a los ex miembros de las Farc, este comienzo de año, estuvo marcado por la revelación de las cifras reales de los falsos positivos, que hacienden a 6.402. La mayoría de estos cometidos entre 2002 y 2008, durante el Gobierno de Álvaro Uribe.
Cifras tan escalofriantes como las de los 21.396 secuestrados, la mayoría cometidos entre 1998 y 2002, durante el Gobierno de Andrés Pastrana. Así las cosas, los ex Presidentes, ex Altos Comisionados de Paz, ex Ministros de Defensa, Fiscales y Procuradores, que actuaron como representantes del Estado, en esos años, también deberían dar sus testimonios ante la JEP. Es necesario contrastar las diferentes versiones para esclarecer la verdad y garantizar la no repetición.
Sin pretender disminuir la culpa de los autores de estos execrables crímenes, hay que considerar la responsabilidad del Estado, por “incumplir el deber de protección y la posición de garante institucional, al comprobarse la omisión de las autoridades publicas de brindar protección, cuando esta había sido pedida o cuando la entidad estaba en capacidad de prevenir el riesgo y no lo hizo”, como lo reiteró el Consejo de Estado en su fallo del 9 de septiembre de 2020.
Por otra parte, los ex miembros de las Farc no tienen más alternativa que admitir su responsabilidad por los crímenes relacionados con los secuestros como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado. Si no lo hacen serán condenados a pagar hasta 20 años de cárcel. La práctica del secuestro, se consolidó en la VII y la VIII conferencias de las Farc, buscando el debilitamiento del Estado y de la “burguesía”, declarados “enemigos” por esta organización. Crímenes por los que ante las víctimas han asumido su responsabilidad y han pedido perdón. ¿Por qué ahora necesitan tiempo para afrontar las consecuencias ante la JEP?
No pueden alegar que actuaron en “defensa de los derechos campesinos” ni “de los sectores populares” porque fueron justamente esos los que resultaron más afectados con sus atentados. Los diputados del Valle del Cauca y muchos otros secuestrados, torturados y asesinados hacían parte de esos sectores populares. Ellos luchaban por el fortalecimiento de los principios democráticos, la igualdad y la justicia social, sin recurrir a las armas, manera como realmente se logra “transformar la sociedad”, objetivo que supuestamente buscaba las Farc.
Quienes ven en las armas y en la supresión del enemigo, una solución, actúan de manera similar, sin importar su ideología política. Así lo hizo Hitler, pretendiendo establecer un “Nuevo Orden” basado en la “hegemonía” absoluta de la Alemania Nazi. Tal fue su cobardía que prefirió suicidarse antes de asumir la responsabilidad, por los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos.
Señores ex miembros de las Farc, reconozcan su responsabilidad ante la JEP y asuman las consecuencias que esto implica. No existe el lenguaje pedagógico, que le exigen a la JEP, para describir las atrocidades que ustedes cometieron. Como tampoco justificación para la toma de las armas, seguir utilizando ese discurso, perpetua la confrontación armada, con la repetición de hechos de violencia, odio y venganza, en medio de lo que resulta difícil que el país progrese. Como firmantes del Acuerdo de Paz deberían dar ejemplo de arrepentimiento y compromiso con la verdad, por horrible que esta sea.