Por: Columnista invitado

¡Exigimos educación en Derechos Humanos para el gobierno!

Por Nicole Huiza* y Sebastián Solís**.

En dos meses de paro estudiantil recorrimos calles y carreteras. Gritamos y cantamos. Nos conocimos, vimos nuestros errores y aprendimos. Dimos a conocer nuestros problemas y descubrimos otros que han surgido en el camino. Pero hay uno que tiene especial relevancia y creemos necesario añadirlo a nuestras peticiones: educación en derechos humanos para el Gobierno.

Haciendo un paneo de la opinión pública, notamos un panorama de gran confusión y creemos que el Gobierno no ha podido librarse de esta nube caótica. La jerarquía de los derechos parece perder sentido. Específicamente, vemos problemas con la comprensión del derecho a la protesta social, lo que genera múltiples atropellos por parte de la fuerza pública. Y lo entendemos, pues las contradicciones se encuentran en las mismas normativas que pretenden guiar la reglamentación y el manejo de las manifestaciones. Éstas se amparan en los derechos a libertad de expresión, a la reunión y a la asociación para la movilización, consagrados en nuestra Constitución y ratificados en distintos tratados internacionales, y son reconocidos como principios fundantes de la sociedad democrática. A través de ellos se han obtenido otros derechos que nos encaminan hacia una sociedad cada vez más justa y que han permitido controlar a las instituciones para que cumplan sus funciones a cabalidad.

Sin embargo, leyes como la “Ley de Seguridad Ciudadana”, de 2011, limitan el ejercicio del derecho a la manifestación, tipificando como delitos la obstrucción de vías públicas y la perturbación de los servicios de transporte. Si bien con esto se busca proteger el orden, no puede anteponerse a la exigencia popular por el respeto de otros derechos fundamentales. Una manifestación, por definición, es una acción colectiva no convencional, disruptiva e incómoda y como tal, debemos verla como un ejercicio concreto de democracia, no como un asunto de delincuencia.

Las autoridades -tal vez víctimas de tanta confusión- se han mostrado contrarias a las manifestaciones, han rechazado los recorridos propuestos, han amenazado con castigos a quienes afecten la movilidad y hasta han señalado la supuesta infiltración de grupos armados ilegales. Su prioridad es el orden público. Pero parece que el Gobierno de tanto pensar en clave de consignas breves, olvidó la definición amplia de orden. Éste está estrechamente relacionado con garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades constitucionales.

Si nos quedamos con la visión estrecha de orden, estaría bien si los estudiantes dejan las aulas, siempre y cuando no anden de vagos por las calles; si los campesinos se quedan sin tierras, mientras no se atrevan a montar tugurios en ningún lado; si mueren los niños de hambre, entretanto no estorben en los pasillos de las clínicas. Pero no, un orden injusto no es orden sino barbarie.

A lo largo de la historia hemos visto que el movimiento estudiantil ha recibido más barbarie que respuestas. Desde Gonzalo Bravo -asesinado en 1929 por la guardia presidencial-, pasando por los estudiantes asesinados durante la dictadura de Rojas Pinilla, hasta llegar a Johnny Silva y Nicolás Neira, asesinados por el ESMAD en el 2005, se nota una tendencia de las autoridades a reprimir violentamente al estudiantado, viéndolo más como un obstáculo para la “estabilidad” que como una potencia creadora de la sociedad.

Llevamos más de 50 años con peticiones muy similares y la respuesta estatal no parece cambiar. De acuerdo con el informe de la Red Distrital Universitaria de DDHH, se ha visto un ascenso en el uso excesivo de la fuerza, se violan los protocolos de acción de la fuerza pública y se realizan seguimientos y amenazas a estudiantes. En la última jornada de movilizaciones, Esteban Mosquera perdió su ojo por un disparo de un agente del ESMAD que apuntó a su cabeza, la cual es una práctica ampliamente denunciada y potencialmente letal.

¿Y el presidente qué hizo? Se reunió por primera vez con los estudiantes y solo para firmar. Aunque parece un dirigente poco dispuesto al diálogo, realmente estaba ocupado atendiendo personajes de la vida pública con mayor importancia para el país que la educación, como Maluma. Tampoco se puede tener todo lo que se quiere. Por eso somos pacientes y seguimos haciendo bulla.

Pero ser el foco de atención tiene sus desventajas. Muchos medios de comunicación, confundidos entre los valores del periodismo y los del mercado, prefirieron dar un enfoque que les diera rating y vendieron una narrativa de caos alrededor de las marchas. Gastaron sus energías discutiendo sobre la manera “correcta” de protestar y olvidaron la cuestión de fondo: que la educación está agonizando. Se despacharon contra los “vándalos” y defendieron a la Policía aun cuando dejaron inconsciente a una estudiante.

El ESMAD debe actuar ante un riesgo inminente para el orden público. Pero su accionar siempre debe ser proporcionado y racional. De acuerdo con la resolución 1190 de 2018 del Ministerio del Interior, “cuando un disturbio se presente (…), la intervención policial estará dirigida a controlar los comportamientos realizados por las personas violentas que participan en el disturbio, para garantizar a los demás participantes el ejercicio de la protesta pacífica”. Sin embargo, numerosos videos muestran cómo los agentes atacan la manifestación sin motivo, disparando balas de pintura y goma, y deteniendo personas, incluso sin diferenciar entre transeúntes y manifestantes.

Si el mismo Estado -responsable de protegernos- desconoce nuestros derechos y descuida sus responsabilidades, nos violenta cuando protestamos para exigir su respeto ¿quién podría defendernos? Seguro que no será el Chapulín. Nos toca a nosotros mismos. En este punto el Comité Permanente por la Defensa de los DDHH plantea -sin intención de hacer apología a la violencia- “que ella es una opción legítima cuando se está frente a Estados que violan de forma sistemática los derechos humanos”.

La discusión no es sencilla. Hay que ponderar derechos, analizar contextos, actores y ver la realidad en su complejidad. Pero el enfoque del Gobierno parte de lógicas reduccionistas que solo han generado confrontaciones cada vez más violentas. ¿Será esta la vía adecuada? No hay necesidad de respuestas obvias. Pero sí reiteramos que es menester que se imparta así sea un curso on-line sobre protección de derechos humanos al Gobierno, no vaya a ser que se rajen en esta materia y de paso sigan rajándole las cabezas a nuestras compañeras y compañeros.

*Estudiante de Sociología y Ciencia Política U. Javeriana.

**Investigador de Temblores Ong estudiante de Psicología y Comunicación Social U. Javeriana.

 

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