Por: Dejusticia

Insistamos en la paz territorial

Por: Hobeth Martínez Carrillo*

Las recientes polémicas en torno al funcionamiento y regulación de la Jurisdicción Especial para la Paz han nublado lo que quizá sea uno de los puntos nodales del Acuerdo Final de Paz y que, en esencia, puede diferenciarle de otros acuerdos y procesos de justicia transicional en el mundo: la paz territorial. Poco se habla de esta, al tiempo que las políticas del actual gobierno hacen que peligre la paz en los territorios. Ante este panorama, urge no solo recordar la importancia de este enfoque, sino de priorizar su implementación en las regiones más golpeadas por la guerra.  

La paz territorial es la categoría a que acudió el comisionado de paz Sergio Jaramillo para aludir a la necesidad de cerrar las brechas socioeconómicas entre lo rural y lo urbano, superar las condiciones que sirvieron para la permanencia del conflicto armado y cimentar la institucionalidad estatal de la mano de la confianza de las comunidades locales. El tránsito a la paz solo sería posible con la transformación de las regiones más afectadas por el conflicto, y lo más importante no era que la guerrilla entregara las armas sino el proceso de transformación social que debería seguir al desarme. Este es, entonces, un planteamiento razonable y plenamente vigente.

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Quizá el elemento más determinante de la paz territorial sea el reconocimiento de la necesidad de movilizar las comunidades rurales para construir, a través de la planeación, una noción conjunta de desarrollo y levantar las bases de la institucionalidad estatal. Que esta participación es importante como ejercicio democrático, lo demuestra la respuesta masiva de las comunidades en las zonas PEDT: alrededor de 220.000 personas participaron para priorizar poco más de 900 inicativas en los Planes de Acción para la Transfomración Territorial (PATR)

Sin embargo, es incierto el rumbo que tendrán las iniciativas priorizadas por las comunidades, pues, en primer lugar, no es claro el presupuesto que se destina en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para su ejecución. Este documento no integra el plan de inversiones para la paz, en el cual tendrían que estar previstos los recursos para implementar los PATR. A pesar de que el Gobierno nacional insiste en que el PND dirige 37 billones de pesos para la ejecución de políticas de paz, no hay ninguna destinación específica para los PATR y, adicionalmente, parece que dichos recursos también se utilizarán en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), que responden a una política de seguridad y no necesariamente de paz.

Esta desfinanciación, no obstante, es mucho más grave: para el 2019, el Presupuesto General de la Nación y el PND asignaron 2.5 billones de pesos para las políticas relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, mucho menos que los 8.6 billones que el Plan Marco de Implementación preveía para el mismo año.

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En segundo lugar, a la falta de presupuesto se agrega la limitación de la participación de las comunidades a la hora de decidir el orden de ejecución de los proyectos e iniciativas de los PATR. Hasta donde se sabe, el Gobierno nacional empezó a ejecutar dichos proyectos después de evaluar la viabilidad jurídica y financiera y, entre otros, mediante el mecanismo de obras por impuestos, pero en ninguno de ellos los representantes comunitarios han participado directamente. Esta situación puede socavar el esfuerzo que implicó la planeación comunitaria en las zonas PDET, en que se vio una participación elevada y aceptable, en desmedro de la confianza y la credibilidad que hubieran podido tejerse entre la institucionalidad y las comunidades.

Finalmente, es en el enfoque hacia el conflicto y la violencia que persiste en algunas regiones donde el gobierno del presidente Iván Duque regresa a prácticas poco propicias para el florecimiento de la paz territorial. El nombramiento de Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, un negacionista del conflicto, la defensa del retorno a la erradicación forzada y a la aspersión de cultivos de uso ilícito con glifosato, la flexibilización de la regulación del porte y uso de armas de fuego por particulares y la insistencia en políticas como la de reestablecer una red de informantes, son todos elementos que sugieren un retorno del centralismo guerrerista que busca imponerse con mano dura en las regiones.

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Ante un panorama poco alentador, como este, no resta más que insistir en la idea básica, pero fundamental, de que la paz solo será posible desde y con los territorios o, lo que es lo mismo, construida colectiva y participativamente desde abajo. Para ello, es importante no defraudar los esfuerzos y esperanzas puestos por las miles de personas que participaron en los PDET, pero también abandonar la idea de que la mano dura y el uso de la fuerza son el camino que nos llevará a constituir un mejor orden democrático.

*Investigador de Dejusticia

 

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