Por: José Obdulio Espejo Muñoz

¿Justicia ciega?

Quisiera saber en qué país viven los magistrados de las altas cortes colombianas. Sus desafortunadas sentencias, especialmente en materia penal, distan de la realidad que afecta al ciudadano de a pie en su cotidianidad. Por cuenta de sus sentencias y otros factores, los criminales nos tienen acorralados a los colombianos y maniatadas a las instituciones responsables de perseguirlos. Más  tarda un policía o soldado en capturar a un delincuente que la Justicia en dejarlo libre bajo el argumento de que dicho individuo no constituye per se un peligro para la sociedad.

Inexplicable en un país donde la reincidencia criminal es un problema de talla mayor. Los delincuentes conocen al dedillo los atajos e intríngulis jurídicos, así como las vulnerabilidades del sistema, y sacan provecho de esto con la anuencia de los honorables magistrados. Con razón se dice en el argot popular que nuestros juristas formulan leyes para  Dinamarca y no para Cundinamarca.

No soy abogado, por lo que jamás comprenderé el razonamiento que llevó a la Corte Constitucional a tumbar una norma del Código de Procedimiento Penal según la cual una persona capturada o acusada de un delito más de una vez, en un lapso de tres años, podía ser considerada, por esa sola razón, como un peligro para la sociedad y ser privada de la libertad.

La Corte argumentó que la medida violaba la presunción de inocencia de la persona que es capturada por segunda, tercera o cuarta vez y su derecho a ser juzgada por el acto que se le imputa. Muchos sectores aplaudieron la decisión, en el entendido de que esta medida apelaba al populismo punitivo y era arbitraria y equivocada a la hora de combatir la reincidencia criminal. Yo, por el contrario, me guardo los aplausos. A mi juicio, es una patente de corso que favorece a la delincuencia.

Sería bueno preguntarse qué opinan las víctimas de cosquilleo, hurto, atraco, paseo millonario o fleteo en Bogotá y en las grandes ciudades del país, por citar algunas conductas delictivas donde reina la reincidencia. ¿Qué dirían al respecto los familiares de los ciudadanos asesinados o heridos de gravedad  por robarle un teléfono celular o una bicicleta?

Absurdo este razonamiento de la Corte a la luz del sentido común. Empero, no es de extrañar este tipo de sentencias a las que nos están acostumbrado los togados. Todos recordarán una decisión similar relacionada con el Código de Policía y la contravención en la que incurrían los ciudadanos al consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en la vía pública y en parques.

Se trata de los artículos 33 y 140 del Código. Según la Corte Constitucional, esas normas violaban el libre desarrollo a la personalidad de manera desproporcionada. El alto tribunal desconoció de plano la tasa de homicidios y de lesiones personales que −en Bogotá, Barranquilla, Cali o Medellín− arrojan anualmente las riñas y otras conductas que afectan la convivencia pacífica de los ciudadanos y la incidencia directa del alcohol y las drogas en estos episodios.

Creo ciegamente en la vigencia del imperio de la ley. Pero también creo en la necesidad de leyes que protejan a los ciudadanos que las acatan y respetan sin reparos. No es posible que se privilegien los derechos de los delincuentes sobre los derechos de los criminales de profesión. Ya suficiente con habernos tragado los sapos de la JEP y el juzgamiento de los cabecillas de las Farc.

De seguro seguiremos recibiendo más sorpresas por cuenta de los togados. Qué más podríamos esperar los ciudadanos comunes y corrientes de una elite encerrada en las burbujas de sus despachos y que jamás se ha untado de pueblo. Al fin y al cabo, ellos y sus familias tienen una calidad de vida muy por encima del promedio, que les asegura un aura protectora en relación con la criminalidad.

Mientras los ciudadanos nos batimos día a día con bandidos y malandrines de todas las tallas y pelambres, ellos gozan de la seguridad y el confort en sus condominios en Chía y La Calera o sus pent-house en Rosales o Santa Bárbara y se movilizan en carros blindados y con escoltas. Claro está, privilegios obtenidos gracias a los impuestos que  pagamos nosotros los contribuyentes, incluidos sus millonarios salarios y pensiones.

¿Será que la venda que tapa los ojos de la dama de la justicia fue una premonición inspirada en Colombia? Júzguenlo ustedes.

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