Por: Observatorio de Restitución y Regulación  de Derechos de Propiedad Agraria

La amenaza del desarrollo en el norte del Cauca

Por María Camila Jiménez Nicholls y Luisa Fernanda Uribe Larrota*

Hace más de un mes, el 15 de julio de 2019, se cumplieron las 72 horas que decretaron las águilas negras para que los integrantes del Consejo Comunitario de La Toma en el municipio de Suárez, al norte del Cauca, abandonaran su territorio. En el mensaje de texto les ordenaban explícitamente que debían abandonar su territorio “por oponerse al desarrollo”. Pero ¿Cuál es ese desarrollo? y ¿Por qué es motivo de amenazas de muerte?

La región del Alto Cauca, que comprende 27 municipios: 21 en el Cauca y 6 en el Valle, es un territorio de grandes cordones empresariales. Por un lado, en la primera mitad del siglo XX, la instalación del ingenio Manuelita, la construcción del canal de Panamá y el ferrocarril del Pacífico fueron claves para impulsar la instalación de ingenios azucareros y un complejo industrial que se compone de un entramado de industrias de alimentos, dulces, papel, gaseosas, licores, servicios de transporte, salud, financieros y cientos de otros proveedores especializados asociados a la producción cañera.

Por otro lado, la minería a gran escala es una actividad que se ha venido desarrollando sobre todo después de la construcción de la represa La Salvajina. El otorgamiento de títulos mineros a particulares en municipios cercanos a la represa y las disputas por parte de actores armados para la consolidación de enclaves mineros ilegales fueron factores que  hicieron que los habitantes de varios municipios (Suárez, Buenos Aires) sufrieran por la falta de tierras para cultivar y vieran amenazados sus territorios. Según la Corporación Autónoma Regional del Cauca en el municipio de Suárez dos terceras partes del territorio están en trámite para explotación de oro. Además, las comunidades del Proceso de Comunidades Negras dijeron en el 2010 que ya se habían entregado más de 10 mil hectáreas de tierra a particulares o a multinacionales para la explotación de oro.

Paralelo a la expansión de estos conglomerados económicos, en el Alto Cauca también existen organizaciones de comunidades negras que por años llevan luchando por un proyecto de progreso y desarrollo propio en torno a tres grandes pilares: (i) gobierno, gobernanza y control social, (ii) fortalecimiento económico y (iii) etnoeducación. El primero consiste en promover el fortalecimiento de la gobernanza de los consejos comunitarios de negritudes, como autoridad étnica de los territorios ancestrales. El segundo, a la autonomía alimentaria, sistema de producción sostenibles y modelos económicos solidarios. Finalmente, la etnoeducación como formación política para el gobierno propio, cuidado y respeto de los derechos generacionales, fortalecimiento de la oralidad, construcción de la historia del pueblo negro del Norte del Cauca, replicar los saberes ancestrales, el palenquero como segunda lengua, la restitución de derechos colectivos y la reparación colectiva. Estos tres pilares se enmarcan en la Ley 70 de 1993 que le da vida a los Consejos Comunitarios en el país y responsabiliza al Estado de definir conjuntamente los lineamientos del desarrollo para territorios colectivos y Consejos Comunitarios.

Son estas mismas comunidades y sus respectivas visiones del territorio las que han sido victimizadas. Uno de los hechos más graves sucedió en la Semana Santa del 2001 cuando 400 paramilitares del bloque calima de las AUC asesinaron al menos a 30 personas y desplazaron a 4.000 campesinos de 17 veredas de la cuenca del río Naya. Según Francia Márquez, miembro del Consejo Comunitario de La Toma y ganadora del premio ambiental Goldman en 2017, “después de la masacre [del Naya] el gobierno entregó títulos de explotación minera sobre el territorio [de la Toma]”. De un día para otro su territorio ancestral fue titulado a compañías mineras.

Por ese motivo la comunidad emprendió una lucha legal en contra de dichas compañías y la Corte Constitucional falló a su favor. No obstante, desde 2014 entró nuevamente la minería a su territorio, razón por la cual un grupo de 80 mujeres caminaron desde el Norte del Cauca hasta Bogotá, para exigirle al gobierno que sacara a las 14 retroexcavadoras ilegales de su territorio. Desde entonces han recibido amenazas de muerte por parte de bandas criminales organizadas, pues estas comunidades “se oponen al desarrollo”. Francia Márquez le dijo a Mongabay Latam “no permitimos que entren multinacionales” y afirmó que les acusan de estancar “el progreso del departamento del Cauca”.

Los líderes que fueron amenazados el mes pasado pertenecen al Consejo Comunitario de La Toma, que queda cerca a La Salvajina. A esta amenaza se suma el atentado con una granada que sufrieron varios líderes de comunidades afrodescendientes, pertenecientes a la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), al Proceso de Comunidades Negras (PCN) y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), entre los que se encontraba Francia Márquez, en el municipio de Santander de Quilichao en mayo de este año.

Así, estas amenazas a líderes de comunidades negras se dan en un contexto de históricas luchas y movilizaciones por el reconocimiento étnico en medio del auge de diversas iniciativas empresariales. Además, su historia está conectada a procesos de reconfiguración de órdenes locales en medio del conflicto armado y al protagonismo de variadas violencias. Nos preguntamos, entonces ¿por qué esta visión del territorio constituye una oposición al desarrollo? ¿por qué la oposición directa de las comunidades negras a esas iniciativas económicas se traduce en amenazas constantes a sus vidas y a sus territorios? Resulta desconcertante ver que las amenazas de las águilas negras van en contra de un desarrollo desde las comunidades, que busca proteger el medio ambiente y el futuro cercano ¿el desarrollo a costa de qué o de quiénes?

Adenda: En las últimas semanas en el departamento del Cauca no solo han habido amenazas contra líderes y lideresas de comunidades negras, sino que los grupos indígenas de la región han sufrido una arremetida de violencia. De acuerdo con el defensor del pueblo del Cauca en el norte del departamento, al 9 de agosto, 58 líderes, lideresas y miembros de la Guardia Indígena habían recibido panfletos amenazantes. En junio asesinaron a Enrique Güejia y Gersain Yatacué en Toribio y José Eduardo Tumbo en el municipio de Caloto y en el mismo lugar, hace unos días, la Guardia Indígena sufrió un atentado donde murieron dos personas y resultaron heridas otras cinco. Por último, han denunciado 36 homicidios de personas que pertenecían a la comunidad Nasa.

*Investigadoras Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria

 

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