“Ahora sí quieren cadena perpetua”, sentenció Salud Hernández y yo no puedo dejar de sentir pena por esta sociedad que cree que la criminalidad se combate a punta de venganza.
El desear o no esta medida, ni le quita ni le pone a lo que verdaderamente es: una distracción. Quieren sacar pecho los politiqueros de turno, con las supuestas bondades de la cadena perpetua mientras evitan, con todas sus fuerzas, hacer lo que deberían hacer: PREVENIR.
Una vez sea promulgado el Acto Legislativo que la crea, con toda certeza, recibirá decenas de demandas que llevarán a que la Corte Constitucional declare que una modificación de la Constitución de esta naturaleza sustituye a la misma, cosa que no le está permitida al Congreso, solo al Pueblo, por medio de una Asamblea Constituyente, pero en esta columna asumiré el hipotético e improbable escenario en que la cadena perpetua sea una realidad.
Voy a dar un poco de contexto al lector. Una condena de naturaleza penal tiene tres objetivos: ser un castigo para el que rompe las normas de la sociedad; ser una segunda oportunidad para el delincuente, pues la idea es que se “resocialice”, es decir, que vuelva a la sociedad como una persona nueva, esta vez respetuosa del marco jurídico, y no vuelva a cometer delitos; finalmente, debe ser un elemento de disuasión, o sea, que las personas al ver que tal conducta tiene un castigo, eviten incurrir en ella, porque qué pereza terminar preso, ¿no? Pues no, mis amores.
El caso de la niña violada por un grupo de soldados armados en Risaralda ha servido para recrudecer este discurso simplista y anodino de que solamente con la cadena perpetua podemos combatir este flagelo. El presidente Iván Duque dijo en los medios de comunicación que si era necesario “estrenar” la pena con los soldados así se haría, pero no se dan cuenta de que con sus palabras nos están diciendo que todo este carnaval de populismo punitivo ya falló: no previno absolutamente nada.
Desde el año pasado era bien conocida la intención del Gobierno de promover la cadena perpetua. Acaparó varias veces la agenda de los medios de comunicación y, por consiguiente, de la sociedad. En redes sociales el debate era álgido, con argumentos tanto a favor como en contra. También es de conocimiento público que por el Congreso pasa cualquier cosa, sea o no sea constitucional, sea o no sea ético, sea o no sea beneficioso para la sociedad, pues los congresistas suelen ser veletas que se mueven hacia donde sople el viento que les mantenga su curul.
La cereza en el pastel fue el anuncio con bombos y platillos de que la cadena perpetua ya era una realidad, tras su aprobación en el Congreso, convirtiéndose en el mayor éxito político en materia de justicia de este Gobierno que ya va a cumplir 48 meses de andar y desandar a sus anchas. A todas luces, patético triunfo.
Así las cosas, contadas personas en Colombia podrían decir con sinceridad que no tenían ni idea de que a las violaciones y homicidios de niños, niñas y adolescentes les iban a meter semejante barbaridad de pena. Mucho menos si son funcionarios públicos, como los soldados que violaron o sus comandantes que no ejercieron su función de vigilancia y control de las tropas.
Aun así, pocos días después de la celebración vino la violación grupal y la pregunta lógica que deberíamos hacernos es: ¿para qué sirve este Archivaldo jurídico? A los soldados poco les importó la aprobación de la cadena perpetua, pues igual lo hicieron. Lo más doloroso es que a la niña violada toda esta parafernalia no la protegió, porque igual vivió lo que no le correspondía vivir y sufrió la vulneración de todo el Estado, desde el ejército que la atacó hasta el Congreso y el Gobierno que siguen pintando pajaritos en el aire en vez de materializar, con medidas serias y responsables, ese discurso que les ha proporcionado tantos votos: con los niños y niñas no te metas.